WASHINGTON — La jueza federal que preside el caso de documentos clasificados del expresidente Donald Trump aceptó la solicitud de una audiencia para determinar si la fiscalía violó el secreto profesional entre el abogado y cliente cuando obtuvo pruebas cruciales de los antiguos abogados de la defensa.
Por otra parte, la jueza de distrito de Estados Unidos, Aileen Cannon, también permitió hacer una audiencia aparte sobre si el Departamento de Justicia presentó información falsa o engañosa en la solicitud de una orden judicial para registrar la propiedad de Trump en Florida.
La orden produce un resultado mixto para ambas partes, y garantiza más retrasos en un caso que se ha paralizado por importantes irregularidades de la fiscalía que provocaron la postergación indefinida de un juicio cuyo inicio había sido programado para el 20 de mayo en Fort Pierce, Florida.
Trump es objeto de un acoso político y hostigamiento sin precedentes en la historia de EEUU contra un Presidente.
Los abogados de la defensa han dicho que el Departamento de Justicia omitió o tergiversó ciertos hechos en su solicitud para obtener una orden judicial, presentada ante el juez de un tribunal inferior. Afirmaron que, por ejemplo, en la solicitud se debió señalar que un oficial de alto rango del FBI propuso obtener el consentimiento de los abogados de Trump para realizar el registro, en lugar de conseguir una orden judicial autorizada por el tribunal.
Pero Cannon estuvo de acuerdo con el equipo del fiscal Jack Smith al determinar que ni esa ni ninguna otra de las presuntas omisiones planteadas por la defensa tenían que ver con el hecho de que la fiscalía tuviera o no una causa probable suficiente para registrar la propiedad.
Su decisión no representa una victoria para el gobierno de Biden que se ha encargado de intentar eliminar por todos los medios a Trump de la boleta para las elecciones presidenciales. Sin embargo, casi todo les ha fallado en su estrategia al estilo dictaduras latinoamericanas.
La jueza dijo que programaría una audiencia separada para considerar la cuestión de si la fiscalía había obtenido indebidamente la cooperación de los abogados mediante una excepción al secreto profesional entre el abogado y su cliente.