Un juez peruano denegó este lunes el reingreso en prisión de la candidata presidencial Keiko Fujimori mientras dure el proceso en su contra por varios delitos de presunta corrupción como lo solicitaba la Fiscalía, si bien determinó que seguirá en libertad, le impuso severas restricciones que le impedirán reunirse con sus más estrechos colaboradores.
El juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado, declaró infundado el pedido de la Fiscalía pese a señalar que Keiko Fujimori incumplió las normas de conducta que le fueron impuestas cuando fue puesta en libertad en abril de 2020.
Sin embargo, el juez indicó que no aceptaba el pedido para que regresara a prisión, pues no se había hecho oficial ningún «apercibimiento» judicial sobre este tema a la candidata presidencial, tal y como exige la norma.
Medidas restrictivas
En ese sentido, Zúñiga decretó también que Fujimori deberá seguir «un cumplimiento estricto de todas las medidas restrictivas» que se le dictaron cuando salió de prisión y advirtió severamente que «de no hacerlo se dictará nuevamente prisión preventiva en su contra».
El magistrado también subrayó que, pese a lo dicho por la abogada defensora de Fujimori, Giuliana Loza, las prohibiciones incluyen ponerse en contacto con cualquier testigo vinculado a los casos por los que es investigada, entre los que se encuentran Miguel Torres y Lourdes Flores.
Torres y Flores figuran entre los más estrechos colaboradores de la candidata en su pugna por la anulación de más de 200.000 votos emitidos en las elecciones presidenciales del pasado 6 de junio.
Fujimori, que perdió la votación ante Pedro Castillo por algo más de 40000 votos, denunció la existencia de «fraude en mesa» y de «irregularidades generalizadas» por parte de su rival.
Torres y Flores han sido piezas claves en su campaña para buscar que la opinión pública y el Jurado Nacional Electoral (JNE) asuman las tesis de este «fraude».
Una victoria en las elecciones evitaría el juicio
En marzo pasado, tras más de cuatro años de pesquisas, la Fiscalía peruana pidió la apertura de un juicio oral y una pena de 30 años y 10 meses de prisión contra la líder de Fuerza Popular por los presuntos delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Por este caso, Fujimori ya ingresó en prisión preventiva por más de un año (octubre 2018-noviembre 2019), logró salir pocos meses tras una apelación y luego volvió a la cárcel por otros cinco meses en 2020.
En abril de 2020 Keiko Fujimori consiguió la libertad bajo medidas judiciales restrictivas por el riesgo de contraer COVID-19 que implicaba su estancia en prisión.
Sólo una victoria en las elecciones presidenciales del 6 de junio evitaría que Fujimori vaya a juicio por esos delitos.
Aún las autoridades electorales peruanas deben revisar los pedidos de nulidad impulsados por Fujimori para que puedan declarar un ganador.
Fuente: PanamPost