El mismo Día de la Independencia de Estados Unidos, 4 de julio, muy oportunamente, un juez federal de Luisiana emitió una orden judicial preliminar que prohíbe a las agencias y a los funcionarios de la Administración Biden ponerse en contacto con las empresas de tecnología sobre asuntos relacionados con la supresión del discurso protegido.
La decisión no solo venía, como el Séptimo de Caballería, en auxilio de una libertad de expresión cada vez más acosada en Estados Unidos y el mundo entero, sino a atacar exactamente una actividad que pusieron de manifiesto las Twitter Files, por la que los poderes públicos y las agencias de inteligencia «pedían» a las redes sociales que eliminasen mensajes sobre determinados temas en determinada dirección. Una operación de censura de libro.
Y, ahora, expresamente ilegal, si prospera la sentencia. El juez de distrito Terry A. Doughty emitió la orden judicial como respuesta a una demanda iniciada por los fiscales generales republicanos de Louisiana y Missouri y que impide que múltiples agencias federales y altos funcionarios administrativos de Biden «insten, alienten, presionen o induzcan» a las empresas de redes sociales a eliminar, eliminar o suprimir «contenido que contenga libertad de expresión protegida publicado en plataformas de redes sociales».
Pero, naturalmente, la Administración Biden no va a renunciar a esa bicoca y a tener controlado el discurso público cuando las presidenciales están, como quien dice, a la vuelta de la esquina, y ha apelado este fallo judicial tan a contrapelo de la tendencia liberticida actual. El pasado miércoles, los abogados de la Administración de Biden presentaron su apelación en un tribunal federal.
La medida cautelar significa un triunfo para los fiscales generales del estado, que alegan que la Administración Biden ha dado luz verde a una verdadera «gran iniciativa de censura federal» que presiona los gigantes tecnológicos para excluir perspectivas y oradores políticamente indeseables. Los conservadores que argumentan que el Gobierno está reprimiendo su discurso también lo consideran una victoria. Los fiscales generales afirman que tales acciones constituyen «las infracciones más flagrantes de la Primera Enmienda en la historia de los Estados Unidos».