Una combinación de cárcel, exilio y ataques ha sido la estrategia represiva del régimen de Daniel Ortega en contra de la Iglesia católica desde el estallido social de 2018, con la que persigue afectar los liderazgos en los templos al expulsar y obligar al exilio a más de un centenar de clérigos, apagar la voz de la Iglesia, controlar los posibles cambios que se avecinan, principalmente en el arzobispado de Managua, y tener bajo sumisión al sacerdocio.
Ortega y su esposa, la designada vicepresidenta Rosario Murillo, buscan ahogar la voz de la Iglesia, mantienen una cruzada contra obispos y sacerdotes a quienes tilda de “golpistas”. Quieren controlar los sermones en las congregaciones, convertir los púlpitos en sitios de propaganda y de culto a la personalidad de los cabecillas de la dictadura.
Los últimos 19 sacerdotes que Ortega mantenía en la cárcel, entre ellos los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora, fueron excarcelados y desterrados a Roma el pasado 14 de enero tras una negociación directa entre la Santa Sede y el régimen, de cuyos acuerdos nada se conoce. Seis días más tarde, otros tres párrocos fueron expulsados de Nicaragua.
Jaime Ampié Toledo, expreso político del régimen sandinista, practicante y estudioso del catolicismo, sostiene que Daniel Ortega quiere controlar a la Iglesia y seguir el ejemplo de China, país que logró acuerdos con el Vaticano que le ha permitido al Partido Comunista chino participar en el nombramiento de obispos. A su juicio, es el mismo plan que persigue el dictador sandinista para nombrar sacerdotes afines a su régimen.
Ortega ha aumentado la represión contra la Iglesia católica en momentos que se avecinan cambios y ha expulsado a sacerdotes comprometidos con los lineamientos cristianos, que defienden a los desprotegidos y son críticos de las violaciones de los derechos humanos cometidas por el sandinismo.
El arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes cumplirá 75 años el próximo 7 de marzo y presentará su renuncia al Papa Francisco conforme a lo establecido en el Derecho Canónico. En 2022, el arzobispo al cumplir sus 73 años confirmó al diario La Prensa que presentaría la renuncia cuando cumpla los 75, ese acontecimiento se cumplirá en un par de semanas.
«El Canon 401 del Código de Derecho Canónico de 1983 establece que todos los obispos deben presentar su renuncia al papa a la edad de 75 años. El Papa puede aceptar la renuncia en ese momento o pedirles que permanezcan hasta que se elija un sucesor», sostiene Ampié.
Y agregó que «el cardenal Brenes va a tener que presentar una terna ya sean obispos o sacerdotes».
A lo anterior se suma que tres diócesis permanecen sin obispos: Estelí, Matagalpa y Suina. Los prelados de las dos últimas, monseñor Rolando Álvarez y monseñor Isidoro Mora, fueron encarcelados y posteriormente desterrados. El obispo de la diócesis de Estelí se jubiló y la Santa Sede nombró a monseñor Álvarez, administrador apostólico de ese obispado.
Ampié asegura que los obispos de Matagalpa y de Suina se van a mantener como titulares de esas diócesis, aunque estén desterrados. «Ellos no han transgredido la ley canónica, no han cometido ninguna falta que amerite que el Papa los cambie. En las diócesis y en las parroquias, los sacerdotes están obligados por la liturgia a que en cada una de las plegarias eucarísticas se menciona a cada uno de sus obispos, espero que no vayan a omitir esa parte de la liturgia porque es integral».
Pero el obispo Mora fue encarcelado sólo por llamar a los feligreses a orar por monseñor Álvarez, quien permanecía tras las rejas. El régimen vigila las homilías.
Nuevos nombramientos en puertas
«Creo que a mediados de año o finales van a nombrar un obispo en Estelí, las otras diócesis se van a mantener con sus obispos, aunque estén desterrados, y en el caso de Managua con la renuncia del cardenal, el Papa tiene tres opciones: nombrar un nuevo arzobispo, mantener al cardenal Brenes en el puesto, o mover a un obispo que está en una de las diócesis, aunque esa sede quedaría vacante y el Papa tendría que nombrar a un nuevo prelado en ese obispado», acotó.
Ante este escenario y las múltiples vacantes en distintas parroquias tras la expulsión de sacerdotes, el dictador sandinista estaría buscando cómo «influenciar» para nombrar clérigos «afines».
La cifra de sacerdotes desterrados y obligados al exilio supera los 100, la mayoría son nicaragüenses. A esa cifra se suma la expulsión de 70 religiosas de distintas denominaciones a quienes la dictadura les ordenó abandonar el país.
«Creo que el sandinismo desde la década de los 80, durante su primer régimen ha intentado destruir a la Iglesia en su esencia y hacer de ella un satélite como lo ha hecho con los partidos políticos, pero con la iglesia no lo ha logrado».
Ampié Toledo se refiere a la persecución sufrida por la Iglesia desde la primera dictadura sandinista 1979-1990. En 1986 el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y obispo de la diócesis de Chontales, monseñor Pablo Antonio Vega, fue detenido por el régimen y llevado con los ojos vendados en helicóptero a la frontera con Honduras donde fue abandonado en medio de las montañas que eran escenario de guerra entre la «Contra» —campesinos alzados en armas contra la dictadura— y el ejército sandinista.
Previo al secuestro, el obispo Vega había denunciado en Washington los asesinatos contra varios laicos y otros crímenes cometidos por el régimen de Ortega en esa época. Por esa causa los sandinistas acusaron al prelado de «apoyar» abiertamente a los insurgentes de la «Contra» y lo desterraron del país, pese a ser nicaragüense.
Más críticas a la Iglesia
La Iglesia católica en Nicaragua sigue viviendo momentos muy difíciles a manos del régimen sandinista. Ahora las críticas también provienen de sectores de izquierda vinculados al sandinismo disidente de Ortega y de medios de comunicación que persiguen que los clérigos, específicamente el cardenal Brenes, arzobispo de Managua, le plante cara al dictador pese a la arremetida que enfrentan los católicos desde 2018 con ataques armados de paramilitares a templos, encarcelamiento de clérigos, destierro, prohibición de misas y procesiones, atentados y amenazas.
El dictador sandinista ha ido escalando la persecución contra los sacerdotes. No solo los ha descalificado llamándoles «hijos del demonio» o «mafia organizada», sino que sus agresiones han pasado de las palabras a las acciones criminales.
Las fuerzas represivas de Ortega dispararon contra la parroquia Divina Misericordia en julio de 2018, donde un grupo de estudiantes se había refugiado huyendo de los grupos paramilitares, dejando como saldo un estudiante muerto. Quemaron la Capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua. Una simpatizante del régimen lanzó ácido en el rostro al sacerdote Mario Guevara.
La tensión también ha estado marcada por la prohibición de procesiones católicas y el cierre de la misión diplomática en el Vaticano. Pero los feligreses no se han detenido en participar en los actos religiosos, las iglesias permanecen llenas en cada homilía.
Pese a la arremetida del régimen contra la Iglesia, Ampié afirma que es difícil que Ortega logre controlar «a una institución que para los católicos cristianos es divina, aunque logre captar a uno que otro sacerdote u obispo, eso no significa que controla a la Iglesia como tal, porque la iglesia somos todos los bautizados». La persecución contra los católicos expone los nuevos desafíos que debe enfrentar la Iglesia.