La dictadura venezolana comenzó a escribir un nuevo capítulo de represión dirigido ahora a las organizaciones no gubernamentales. Luego de una votación en la Asamblea Nacional chavista se aprobó este martes en primera discusión una iniciativa legislativa para la regularización, fiscalización y revisión del financiamiento de las ONG. Con este nuevo paso se comprueba una vez más que el país está lejos de recuperar su democracia. Por el contrario, cada vez muestra más similitudes con otras dictaduras de la región como la cubana y la nicaragüense.
Diosdado Cabello, número dos del chavismo, fue quien presentó la propuesta. Su argumento es que las ONG en Venezuela son «financiadas» para desestabilizar al régimen, con Estados Unidos como fuente de esos recursos. La excusa es la misma que usó el dictador Daniel Ortega para anular más de 900 organizaciones desde 2018 hasta julio de 2022, según el conteo publicado por La Prensa de Nicaragua.
Junto a estos grupos independientes, el aliado centroamericano de Nicolás Maduro ha ordenado cerrar universidades y la Academia Nicaragüense de la Lengua y hasta ha atacado y enviado a la cárcel a obispos por delitos de “conspiración” y “propagación de noticias falsas”. Pero la verdadera intención es silenciar a grupos independientes, voces disidentes, la prensa libre y acabar con la educación que no depende del adoctrinamiento del Estado.
Según las cuentas de Cabello, encontraron 62 organizaciones «que operan con fines absolutamente políticos en nuestro país y que reciben financiamiento de organismos de otras naciones». Las llamó «apéndices» de Washington «para garantizarle al imperialismo su presencia en el mundo entero».
Copia del castrismo y el sandinismo
Aunque el proyecto de ley de 17 artículos y dos disposiciones transitorias solo está aprobado en primera discusión, también es cierto que no hubo objeciones en el resto de la bancada chavista, por ende se espera que sea sancionado definitivamente sin percances por ser mayoría en un hemiciclo casi totalmente oficialista. Las medidas incluyen multas de hasta 12000 dólares para aquellas agrupaciones que no se registren en el organismo de control próximo a crearse.
En tanto, las declaraciones del dirigente chavista están calcadas al carbón del sandinismo y del castrismo. De hecho, Filiberto Rodríguez, diputado a favor de Ortega y apodado como «el verdugo de las ONGs», dijo en mayo pasado que más de 200 organizaciones —ilegales en ese momento— utilizaron recursos de las donaciones que recibían para «intentar derrocar» a Daniel Ortega durante las protestas que estallaron en abril de 2018.
Si se habla de Cuba, bajo el régimen castrista las organizaciones están desterradas porque se les niega el estatus legal. Ni siquiera aquellas de carácter internacional dedicadas a los derechos humanos tienen permitido acceder a las cárceles para constatar el estado de presos políticos. Desde el exterior, varias de ellas denuncias los cortes de internet cuando hay protestas y demás abusos contra la población. Pero dentro de la isla no tienen espacio. Hace pocos días Human Rights Watch publicó un informe al respecto.
Ahora Nicolás Maduro, frente a un gobierno estadounidense flexible en manos de Joe Biden, menos sanciones internacionales y una oposición quebrada, aprovecha para aumentar la represión en Venezuela controlando a las ONG.
«Avanza la criminalización»
Irónicamente, la propuesta chavista recibió el apoyo del diputado «opositor» José Brito, quien aseguró tener «una lista mucho más amplia» que la de Cabello, pero para matizar su discurso dijo que salvaron su opinión «hasta que se haga un ciclo de consultas» discutiendo cada artículo.
Quien sí tiene una opinión firme es el padre Luis Ugalde, exrector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). «Cuando hay dictaduras, como en Cuba, pues las ONG existen muy poquito en tanto el Estado les da permiso», dijo a los medios. «Son modelos de Estado en el cual se busca que toda la población dependa del grupo que está en el poder», añadió. El padre está en lo cierto.
Reacciones de organizaciones como Control Ciudadano, Acceso a la Justicia o Provea ya avizoran lo que sigue para Venezuela: el «avance de la criminalización» eliminando «el mayor número de ONGs en Venezuela».