La sala de instrucción de la Corte Suprema de Colombia ha decidido enviar a la Fiscalía General el proceso por manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), como pedía la defensa del político desde que renunció hace dos semanas a su escaño en el Senado. El exmandatario, mentor del presidente Iván Duque y líder indiscutible del Centro Democrático, el partido de Gobierno, se encuentra bajo detención domiciliaria por el caso.
“Por tratarse de una investigación sin relación con su cargo de congresista, sobre conductas como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal, la Corte Suprema de Justicia dejará a disposición del fiscal general de la Nación al detenido exsenador Álvaro Uribe Vélez”, informó oficialmente el alto tribunal este martes en un comunicado. “A partir de hoy se da inicio al procedimiento de entrega del expediente”, concluye la comunicación. La decisión fue unánime, y se tomó la víspera, en una agitada jornada en la que trascendió que el fiscal, Francisco Barbosa, se reunió con magistrados de la Corte.
Uribe tiene un extenso historial de enfrentamientos con los altos tribunales, que se remontan a sus dos periodos en la Casa de Nariño. La renuncia a su puesto como senador, el pasado 18 de agosto, desató un intenso debate tanto jurídico como político, con distintas interpretaciones, acerca de la competencia de la Corte Suprema, que es la encargada de juzgar a los congresistas. El expresidente alega que el tribunal le ha violado las garantías procesales, mientras sus detractores denuncian las maniobras dilatorias de sus abogados defensores.
El senador Iván Cepeda, considerado como víctima en el complejo proceso por manipulación de testigos en el que está acusado Uribe, había defendido que la Corte debería mantener su competencia, pues el expresidente, en su condición de senador, utilizó a miembros de su unidad de trabajo legislativo para contactar a paramilitares presos en las cárceles del país con el propósito de convencerlos de que declararan en su contra. En su momento, el propio Uribe, cuando renunció por primera vez al Senado aunque después se retractó, sostuvo que “la acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte”.
Sin embargo, la Procuraduría había emitido la semana pasado un concepto en el que señalaba que el caso debe ir a la Fiscalía, como alegaba la defensa. “Le pedimos a la sala de instrucción que enviara el expediente del expresidente Uribe a la Fiscalía por razones absolutamente jurídicas. Por la solidez que dan varios fallos de la propia Corte Suprema que explican con muchísima claridad que cuando un senador pierde su fuero, simplemente ese proceso tiene que ir a la Fiscalía salvo que se pruebe una relación funcional con los delitos”, explicó a EL PAÍS el procurador Fernando Carrillo.
El proceso contra el expresidente pasa ahora a la Fiscalía, encabezada por Francisco Barbosa, un íntimo amigo del presidente Duque desde que estudiaban juntos en la universidad. El ente investigador será el encargado de definir si finalmente acusa ante un juez a Uribe, que se encuentra desde el 12 de agosto bajo la figura de casa por cárcel en su finca El Uberrimo, en el norte del país, y de momento seguirá en detención domiciliaria.
El propio Duque se ha entregado a la defensa de la “honorabilidad” del exmandatario y ha sostenido que debería ser juzgado en libertad, en reiterados pronunciamientos que diversos sectores han interpretado como un irrespeto a la separación de poderes. Tan pronto comenzó a conocerse el sentido de la decisión de la sala de instrucción, el senador Cepeda anunció que, si bien acata esa determinación, se propone recusar al fiscal Barbosa para que se aparte de las investigaciones debido a la falta de garantías de imparcialidad.
Uribe enfrenta más de una decena de investigaciones en la justicia colombiana. El de manipulación de testigos, que es el proceso que más ha avanzado, se remonta a 2012, cuando el expresidente presentó una denuncia ante la Corte Suprema contra Cepeda, congresista del opositor Polo Democrático, acusándolo de organizar un complot en su contra con falsos testigos en cárceles colombianas para vincularlo a grupos paramilitares. El caso tuvo un brusco giro en 2018, cuando el alto tribunal absolvió a Cepeda y pidió investigar a Uribe bajo la sospecha de que fueron él y sus abogados los que manipularon testigos para que se retractaran y acusaran a Cepeda. En la denuncia original, un exparamilitar señala que en una antigua propiedad de la familia Uribe se creó un grupo de autodefensas.
Sospechas de Estados Unidos
En medio de la tormenta judicial, se conoció también que un funcionario de alto nivel del Departamento de Defensa de Estados Unidos tenía la firme sospecha de que Uribe, cuando era presidente de Colombia, tenía un historial de tratos con paramilitares, según un informe desclasificado que ha publicado este lunes la agencia The Associated Press. Más concretamente, con las desmontadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
“Casi con toda seguridad, Uribe tuvo tratos con los paramilitares (AUC) cuando era gobernador de Antioquia”, escribió en un despacho confidencial de 2004 Peter Rodman, que se desempeñaba como alto responsable del Pentágono, a Donald Rumsfeld, secretario de Defensa durante la administración de George W. Bush (2001-2009). “Va con el cargo”, sostenía en los mensajes.
Los documentos no incluyen ninguna descripción específica de interacciones directas entre el expresidente y los paramilitares, y hay poco que demuestre si Estados Unidos intentó determinar si esa relación existió realmente y a qué niveles, señala AP. Las AUC fueron declaradas por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera en 2001.