Edgard Simón Rodríguez,
Previo a referirnos a la necesidad y conveniencia de las sanciones impuestas por los Estados Unidos al Régimen de Nicolás Maduro en el marco de la lucha por la libertad del pueblo venezolano, es oportuno recordar, de forma general, las causas de la grave crisis económica y estructural que padece Venezuela.
Las causas de esta grave crisis que ha llevado al pueblo venezolano a sufrir inenarrables penurias y vejámenes bajo lo que se puede definir como un genocidio continuado, llevando a 7 millones de connacionales a salir huyendo del país (proceso que aún sigue en marcha), se pueden agrupar principalmente en cuatro factores: (i) las erradas políticas económicas y monetarias implementadas por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, bajo la asesoría de los Castro, con premeditación para llevar a Venezuela a la destrucción y seguir «los pobres siendo pobres», (ii) la destrucción sistemática del aparato productivo del país y del sector empresarial a todos los niveles, a través de confiscaciones, expropiaciones y controles de cambio y de precios.
(iii) el desmantelamiento del Estado de Derecho y desmoronamiento de la Seguridad Jurídica, y (iv) la corrupción que vino a ser desgraciadamente un elemento distintivo en el funcionamiento de la sociedad.
En relación al primer factor: las erradas políticas económicas y monetarias, basta mencionar en primer lugar el Control de Cambio que instauró el Teniente Coronel Hugo Chávez en Venezuela desde el año 2003, con la creación del sistema de administración de divisas CADIVI, que por muchos años generó un mercado paralelo del dólar, donde se hizo de muy difícil acceso la adquisición de dólares por parte del sector productivo nacional, lo que llevó por lógica de ley de oferta y demanda en los mercados de divisas, a devaluar moneda nacional y a sobreevaluar sobremanera el dólar. Efecto nefasto en un país prácticamente monoproductor y monoexportador del oro negro, que prácticamente importaba todos los bienes para el consumo interno.
CAVIDI, al facilitar el acceso a un dólar regulado o dólar oficial, mucho más barato que el llamado dólar negro o paralelo, impulsó a las mafias empresariales ligadas al Régimen a especular y a crear incluso compañías de maletín, para solicitar dólares en esa institución de administración de divisas, sin en realidad llevar a cabo las importaciones que declaraban fraudulentamente y así vender esos dólares en el mercado negro, ganando inmensas cantidades de dinero, o simplemente dejando en cuentas bancarias en el extranjero esos dólares adquiridos. Lo que se tradujo paradójicamente en fuga de capitales. Fuga de capitales, vale acotar, que se produjo sobretodo por causa del dinero robado de las arcas públicas. Cientos de miles de millones de dólares fueron a parar a paraísos fiscales y cuentas de testaferros del Régimen en el extranjero, Suiza, Andorra, Rusia, etc (basta citar el caso del tuerto Andrade o de Alex Saab, preso actualmente en una cárcel americana). A su vez se fueron reduciendo las Reservas Internacionales en el BCV, mientras que se inyectaba dinero inorgánico a la economía.
Todo esto devino en una devaluación abismal del bolívar, que llevó al Régimen a tener que quitarle ceros al signo monetario nacional, a través de varias Reconversiones Monetarias, y, en consecuencia, se produjo una hiperinflación sin precedentes en el continente, que llegó a ser para febrero de 2019 de 2.295.981% interanual, y que llevó a morir de hambre a muchos niños, adultos y ancianos venezolanos. Hiperinflación que lamentablemente aún sigue marcando sus efectos a pesar de la reciente dolarización informal e irregular de la economía, producto del lavado de capitales del narcotráfico en manos del Cartel de los Soles.
Como si esto fuera poco, Hugo Chávez, al estilo de la Cuba de Fidel Castro, llevó a cabo miles de expropiaciones de empresas de todo tipo en todo el territorio nacional, violando garantías y derechos constitucionales, sin un mínimo respeto al Debido Proceso e incluso sin justa indemnización. Vimos por ejemplo, cómo expropió fincas productivas, que una vez ya en manos de la administración pública nacional, se fueron a quiebra por improductivas.
Ni siquiera las empresas estatales se salvaron. Destruyeron las empresas básicas de Guayana y la industria petrolera, que en su momento llegó a producir tres millones de barriles diarios, cuando en la actualidad PDVSA ya no llega a producir ni un millón de barriles diarios. Se hizo cotidiano en el país con más riquezas naturales de toda América, el deterioro en los servicios públicos, escaseando la luz eléctrica (Cuando con CVG EDELCA llegamos a surtir de electricidad incluso a Brasil y Colombia), el gas, el agua, y hasta el internet brillan por su ausencia en un país que asemeja una región en guerra. Esta ruda realidad afectó incluso la educación a todos los niveles, siendo muestra de ello el triste abandono y deterioro de las Universidades Nacionales, tanto en infraestructura como en calidad de educación.
Es así, que en el año 2015 empezó la escasez de productos y alimentos en los supermercados, y de insumos y medicinas en farmacias y hasta hospitales, donde se han registrado miles de muertes por falta de insumos básicos y hasta de agua o luz eléctrica. Empezó el fenómeno de las largas colas para poder adquirir lo más elemental de la subsistencia diaria, producto también de los controles asfixiantes a la actividad empresarial, como por ejemplo las políticas de Controles de Precios, que llevaron a la quiebra a comerciantes, y a grandes, medianos y pequeños empresarios, pues se les exigía vender a pérdida.
Al desaparecer la división de los Poderes Públicos, en especial al convertirse el Poder Judicial en un despacho de abogados personal de los tiranos Chávez y Maduro, a disposición de sus intereses personales y partidistas, se generó un Riesgo País enorme como consecuencia de la inseguridad jurídica, pues desmantelaron el Estado de Derecho, huyendo en consecuencia y progresivamente, la inversión extranjera.
Fueron las sanciones impuestas por los Estados Unidos a distintos funcionarios de Maduro, las que más bien pusieron algo de freno al sufrimiento del pueblo venezolano, víctima de este Régimen Comunista, pues han ayudado de cerrar el financiamiento del Régimen a las actividades criminales que organizan para seguir saqueando al país y también para oprimir al pueblo, Régimen que por cierto es aliado de un actual enemigo de los Estados Unidos como lo es la Rusia de Putin, y de regímenes totalitarios como el Iraní, el de Cuba, Nicaragua y China, y aliado también de los Carteles de la Droga de Colombia, Bolivia y México, y de grupos terroristas como el Hezbollá, el ELN y las FARC, que inundan de droga a los Estados Unidos como política de guerra y conspiran contra la estabilidad democrática de esta nación. Alianza criminal internacional que representa un riesgo de Seguridad Nacional para los Estados Unidos sin duda alguna.
Las sanciones impuestas por los Estados Unidos, iniciadas bajo la administración Obama y continuadas luego por las administraciones Trump y Biden, en ningún momento han significado la generación de daño alguno al pueblo de Venezuela, toda vez que han sido sanciones con efectos directos al Régimen y a sus funcionarios violadores de Derechos Humanos, quedando exentas de sanciones el comercio de alimentos, las medicinas y los productos de primera necesidad. Muestra de lo expuesto, es que los bodegones, cuyos dueños son por lo general Altos Funcionarios del Régimen, están repletos de este tipo de productos traídos de los propios Estados Unidos.
Por otra parte, la OFAC expidió licencias generales y sus “Lineamientos Relacionados a la Provisión de Ayuda y Apoyo Humanitario al Pueblo de Venezuela”, para prevenir que las Ordenes Ejecutivas tengan consecuencias no deseadas para la población venezolana. Estas regulaciones de la OFAC autorizan a las personas de Estados Unidos a proporcionar ayuda humanitaria a los venezolanos, incluyendo transacciones a través del sistema financiero para actividades relacionadas con alimentos, materias primas agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos, remesas, etc. En consecuencia, las sanciones no son un bloqueo.
Más bien, podemos afirmar junto algunos destacados activistas venezolanos, entre ellos mi amiga la Dra. Adriana Vigilanza, que las sanciones han beneficiado al venezolano de a pie, al coaccionar de alguna forma a los funcionarios corruptos del Régimen de Maduro, a invertir parte del dinero robado dentro de la propia economía nacional, por miedo a ver sus capitales congelados en sus cuentas bancarias del extranjero.
Esto nos hace inferir, que aquéllos que se dedican a hacer lobby en busca del levantamiento de estas sanciones, buscan más bien proteger los intereses económicos de estos criminales y no los intereses de los venezolanos.
Vale indicar, asimismo, que en Venezuela no hay manera de llevar a cabo actualmente una encuesta seria sobre la opinión pública, que arroje con exactitud científica el consentimiento de la población sobre la ayuda política en la lucha por la liberación de Venezuela que representan las sanciones al Régimen genocida de Maduro, ya que las encuestadoras por lo común o están sesgadas a favor del Régimen, o se autocensuran.
Lo que sí está comprobado y registrado, es el rechazo absoluto que tiene este Régimen que ha torturado, asesinado y perseguido a tantos venezolanos. Un rechazo que supera el 92% de la población total del país, que está hambrienta no sólo de alimentos y medicinas, sino también de Dignidad y Libertad.
Muchos de aquéllos que cabildean a favor del levantamiento de las sanciones, son también agentes políticos que profesan el diálogo entre la oposición y el Régimen como una especie de varita mágica que solucionará los problemas de un país que está bajo una tiranía que “llegó para quedarse” tal como Maduro o Cabello han afirmado públicamente en diversas ocasiones, cuando sabemos que durante 23 años en Venezuela se han entablado diálogos y negociaciones infructuosas con el Régimen, verbigracia, en República Dominicana, Noruega, Barbados, México y hasta en la propia capital del país, Caracas.
En efecto, estos diálogos han sido utilizados por el Régimen Criminal de Maduro como una táctica dilatoria para agotar a la oposición política y al pueblo venezolano, en espera de reconfigurar el tablero político a su favor y oxigenarse en el Poder. Y es que no se puede negociar con quien está solicitado por el Sistema de Justicia americano por narcoterrorismo, y cuya cabeza tiene precio. Cada vez que la oposición se ha prestado a negociar, ha sido tomado por el Régimen como signo de debilidad y han arremetido con más fuerza y crueldad contra los políticos y el pueblo, en persecución y torturas.
Y es que nada se lograría con el Régimen en el marco de unas negociaciones en materia electoral, cuando durante todos estos años las elecciones llevadas a cabo en Venezuela han sido fraudulentas y sin las más mínimas garantías de transparencia, tal como ha sido denunciado por observadores electorales y señalado por la comunidad internacional, entre otros por el Parlamento Europeo, la OEA, la ONU, distintas ONGs de Derechos Humanos, y el propio Gobierno de Estados Unidos, junto a otros gobiernos democráticos del mundo.
Hasta que no haya un CNE independiente (que por cierto en Venezuela es uno de los cinco Poderes Públicos según la Constitución de 1999), con Rectores que no estén designados a dedo por el Régimen, hasta que no se realice un saneamiento del Registro Nacional Electoral y se garantice el voto de los 7 millones de venezolanos de la diáspora, y hasta que no se implemente un sistema manual del sufragio, tal como lo ordenó la jurisprudencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo en el exilio, no habrán elecciones libres y limpias en Venezuela. Se votará, pero no se elegirá a nadie. La decisión, estará previamente tomada ya por Maduro y sus secuaces.
El pueblo de Venezuela no quiere someterse a otra burla electoral más, Venezuela exige Libertad y verdadera Democracia.
De todo lo expuesto en las presentes reflexiones, se deduce que la crisis económica venezolana es A Priori de las sanciones. Y en el supuesto en que estas sanciones fueran levantadas, la crisis sería también, muy lamentablemente A Posteriori, mientras siga en el poder el Narcorégimen.
Cesará la crisis en Venezuela cuando volvamos a la Democracia y allí sí podremos afirmar que Venezuela se ha arreglado.
Los venezolanos exigimos el mantenimiento de las sanciones como medida de presión política al Régimen para lograr una verdadera negociación de la salida de los usurpadores y como protección a los bienes de la Nación, propiedad del pueblo venezolano.
Viva Venezuela Libre!
FE Y LUCHA
Edgard Simón Rodríguez.