Brasil no puede ser percibido y entendido como una democracia occidental normal a los ojos de los observadores internacionales. El distinguido periodista J. R. Guzzo explica en su texto Os devotos da ditadura: «La dictadura judicial impuesta en Brasil por el STF en general, y por el ministro Alexandre de Moraes en particular, es el mayor escándalo jamás registrado en la historia política del país». Él muestra claramente lo que ha estado sucediendo en la nación sudamericana.
Sin embargo, la situación del Brasil de hoy es digna del realismo fantástico latinoamericano y de las distopías más insanas. El absurdo se está consolidando como normalidad y nuestros ojos y corazones están perdiendo la capacidad de percibir tanta locura. Para entender esto, es necesario recordar las acciones autoritarias que ha estado tomando el poder judicial desde que Jair Bolsonaro asumió el cargo en 2019.
El poder judicial, que debería ser un poder comedido, reactivo y equilibrado, comenzó a actuar de forma cada vez más abusiva, directa, politizada y dictatorial desde el inicio del Gobierno de Jair Bolsonaro y se ha ido consolidando como una instancia que somete a otros; esto fue especialmente claro durante la pandemia.
El origen de la «juristocracia»
La tragedia comenzó con Os inqueritos do fim do mundo que están perfectamente descritas en el libro compilado por la fiscal Claudia Piovezan. Este libro revela, a través de juristas de alta calificación, el estado de excepción que hay en Brasil. El sistema jurídico brasileño a través de los juristócratas (magistrados con poderes casi divinos) instalan indagaciones judiciales para perseguir periodistas, políticos, activistas y otras personas de la derecha política a través de procedimientos en que ellos se tornan jueces, fiscales, jefes de policía y víctimas al mismo tiempo.
El Fiscal Público, Marcelo Rocha Monteiro explica, por ejemplo, que la indagatoria 4.781 es una «extraña colección de ilegalidades: una investigación iniciada no por la policía ni por el Ministerio Público (Fiscalía), sino por el Poder Judicial, que viola el sistema acusatorio».
El fiscal Cleber Tavares Neto explica que esta indagatoria 4.781 es un proceso «líquido y orwelliano». Orwelliano porque da la sensación de que todos estamos siendo observados por el Gran Hermano Supremo y líquida porque «nadie sabe cómo se ejercerá».
«Elegido un blanco por un ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), comunica al presidente de la investigación y puede tomar cualquier medida que le parezca legal», dice Tavares Neto, quien también afirma: «Antes nos preocupaba el activismo judicial exacerbado, que incluso creaba delitos sin ley ya creada. Ahora tenemos un proceso que puede condenar sin delito, sin acusación y sin defensa».
Todos contra Bolsonaro
¿Para qué se hicieron todos estos actos monstruosos? Para combatir las llamadas «redes de propagación de noticias falsas» que consisten básicamente en perseguir, censurar, arrestar a cualquier activista, periodista o político más cercano a la derecha o al presidente Jair Bolsonaro.
Estas aberraciones jurídicas que comenzaron con estos hallanamientos ilegales al inicio del gobierno de Bolsonaro no hicieron más que expandirse en decisiones cada vez más absurdas del Poder Judicial; que, de manera inédita en los últimos años, siempre daba 48 horas para que el presidente respondiera o actuara como el Poder Judicial consideró oportuno.
Cuando el exjuez Sergio Moro dejó el Ministerio de Justicia, el magistrado Alexandre de Moraes ordenó que el presidente Bolsonaro no pudiera nombrar a Alexandre Ramagem como director general de la Policía Federal; a pesar de que esa decisión era competencia exclusiva del presidente.
Todo lo que se hizo contra Bolsonaro y contra la derecha siempre fue justificado por el autodenominado «consorcio de Medios» que representa el establishment izquierdista de la prensa brasileña y que se regocijaba con cualquier acción contra el presidente y sus aliados, olvidándose de la Constitución y los estándares mínimos de democracia.
En el año 2021 y en pleno proceso electoral, el activismo judicial y el autoritarismo del TSE y el STF se fue alineando cada vez más con el Partido de los Trabajadores (PT), y todo se agudizó progresivamente:
Basta recordar la salida del entonces ministro del TSE, Roberto Barroso, quien acudió activamente al Congreso en 2021, impidiendo que las urnas fueran más seguras y auditables (mediante papel impreso concomitante con un método electrónico) y manteniendo el actual modelo electrónico de tecnología obsoleta.
Luego lo ocurrido con Edson Fachin (ministro del TSE en el primer semestre de 2022), que liberó de prisión a Lula da Silva y además nunca fue designado como juez parcial para conducir el Tribunal Superior Electoral.
Finalmente, al llegar al magistrado Alexandre de Moraes, quien es enemigo acérrimo de Jair Bolsonaro, tomó posesión del Tribunal Electoral como si no tuviera ningún impedimento de parcialidad para hacerlo.
Condicionamiento a las elecciones
Y en este año 2022, en particular el activismo del Tribunal Superior Electoral (TSE), fue casi unánimemente favorable al PT. El TSE tomó medidas excepcionales como: castigar a los pequeños comercios que daban 22% de descuento (número del partido de Bolsonaro en las elecciones); impidió que los periodistas llamaran a Lula da Silva «ladrón y exconvicto» (con multas muy caras); eliminó innumerables páginas de Instagram de la derecha política; periódicos censurados como Jovem Pan, Brasil Sem Medo, revista Oeste, Terça Livre, Gazeta do Povo y Brasil Paralelo.
Con respecto a Brasil Paralelo, el TSE incluso censuró un documental que aún no se había estrenado y que hablaría sobre el apuñalamiento de Bolsonaro. Toda esta acción dictatorial fue en nombre de la «democracia» y la «lucha contra las fake news«. Dijeron que esta excepción sólo duraría hasta las elecciones.
Pero ahora, incluso después de los comicios, se han suspendido las páginas de redes sociales de varios políticos, comediantes y periodistas de derecha. El Senador Eduardo Girão hizo una actualización de los censurados en Brasil e incluyó a: Allan dos Santos; Luciano Hang (uno de los 10 empresarios más ricos de Brasil); el diputado Daniel Silveira; Pastor Valadão; los Diputados Nikolas Ferreira (el diputado más votado de Brasil); Canal Hipócritas (un canal de YouTube de humor); la congresista Carla Zambelli; el congresista Gustavo Gayer; el cantante Latino; el cantante Zeze di Camargo; el economista Marcos Cintra; el Teniente Mayor Vitor Hugo y el Diputado Coronel Tadeu.
La gran mayoría de estas personas fueron censuradas por cuestionar el proceso electoral en Brasil. Es decir, el TSE y el STF entienden como «antidemocrático» tener dudas sobre la fiablidad del proceso electoral y quien lo cuestiona es tratado como un delincuente. El propio magistrado del TSE y «emperador» de Brasil, Alexandre de Moraes, dijo claramente: «Quienes criminalmente no estén aceptando el resultado de las elecciones, quienes criminalmente estén practicando actos antidemocráticos, serán tratados como criminales».
Por lo tanto, el concepto de «democracia» defendido por los más altos tribunales de Brasil debe ser similar a las «democracias» soviéticas de Europa del Este. Y quienquiera que esta gente todopoderosa considere «antidemocrático» puede tener sus cuentas de redes sociales suspendidas; o recibir una visita de la Policía Federal; que se viole su teléfono y secreto bancario; y recibir multas astronómicas por «socavar la democracia»; o ir a la cárcel sin un mínimo de proceso legal.
Este es el estado de las cosas en Brasil. Una estructura de poder judicial altamente partidista, que actúa de manera dictatorial y con poderes que recuerdan a la justicia soviética.