Este jueves Santa Cruz ha asumido el décimo tercer día de paro cívico en exigencia de la realización del censo de población y vivienda en 2023, y que los resultados del mismo sean entregados de manera oportuna para que, entre otros aspectos, se realice una reasignación urgente de recursos en tiempos de crisis económicas y para que sirva como elemento para la convocatoria a elecciones generales de 2025.
Esta iniciativa de protesta masiva ha alcanzado niveles cada vez más difíciles de tolerar tanto en duración como en intensidad debido a la confrontación que han iniciado el régimen de Arce, miembros del Movimiento al Socialismo (MAS) y movimientos afines contra ciudadanos cruceños.
Sin embargo, aparentemente se podría ver el inicio del fin del conflicto ante la convocatoria de una mesa técnica por parte del gabinete de Arce a representantes de todas las gobernaciones, alcaldías y universidades públicas del país en la que estarían presentes, por primera vez, representantes de organismos internacionales, aunque autoridades y líderes cívicos cruceños no habrían sido invitados “porque el diálogo tiene que ser sin condicionamientos”, según Sergio Cusicanqui, ministro de Desarrollo a cargo del censo.
En el entretanto hay elementos importantes que no se puede dejar pasar de vista debido a que permiten identificar las principales características del conflicto, así como el rol que juegan algunos de sus principales protagonistas.
El rol de Morales y los conflictos internos del MAS
Morales y Arce mantienen distancia por conflictos en la pugna del poder, y en la medida que la figura de Arce Catacora se vea hoy más debilitada que nunca desde que asumió el máximo cargo del país, el jefe cocalero puede aprovechar para presentarse como la única alternativa no sólo como líder indiscutible del partido, sino además del país, aunque las probabilidades reales de que alcance su objetivo sean mínimas.
En este sentido el rol de Morales en el conflicto específico del censo ha sido irrelevante, aunque ha tratado de mostrarse en determinados momentos como conciliador, llamando al Gobierno de Arce a dedicar “esfuerzos y voluntad política” para resolver el conflicto en Santa Cruz, aunque los legisladores que siguen su línea se encargan de recordar permanentemente que existen divisiones en el MAS.
Leonardo Loza, senador cocalero, aseguró en días pasados que “el que está generando división y confrontación al interior del Movimiento al Socialismo, definitivamente, es el compañero David Choquehuanca. Para mí está absolutamente claro, el que está a la cabeza de los renovadores y habla siempre, subliminalmente, de atacar a Evo Morales, es él”.
Morales, Arce, Choquehuanca (que guarda distancia y silencio sospechoso) y el MAS tienen sus propios problemas, y probablemente el desenlace del conflicto por el censo será el que ayude a terminar de definir cuál de estos actores será el que mayor poder pueda acumular.
No hay atisbos de institucionalidad
Contrariamente a lo que sucede en todo país que se digne de contar con una institucionalidad democrática sólida de larga tradición que garantice cierta estabilidad, y lejos de que actúa en función de advertir o detener los enfrentamientos, en Bolivia la policía ha estado actuando como escolta de los personajes afines al MAS y el régimen de Arce, que llegan del interior del país generando violencia en localidades como La Guardia contra quienes defienden el objetivo del censo para 2023.
Igualmente, la Fiscalía ya tendría que haber actuado de oficio ante casos que constituyen crímenes de lesa humanidad, como la toma de empresas privadas, el corte de la dotación de gas industrial, el bloqueo de vertederos sanitarios, amenazas de cercos a la ciudad “hasta generar hambruna”, impedimento del paso de ambulancias en emergencia, amenazas de muerte a líderes cívicos y autoridades departamentales y, de manera más reciente, gremiales que amenazan con iniciar una guerra civil, infame estribillo que se recuerda de la población de El Alto ante la caída de Morales en 2019, pero ni siquiera se ha escuchado pronunciamiento alguno de Juan Lanchipa, Fiscal General de Bolivia, desde el inicio del conflicto.
La oposición, débil como desde un principio
Carlos Mesa, líder de la bancada con mayor representación presumiblemente de oposición en el Legislativo, se limita a escribir en sus redes sociales pidiendo a Arce que detenga el conflicto, y ofrece un número reducido de entrevistas en distintos medios de comunicación. Sin embargo, resulta difícil no recordar la actitud de Mesa durante el gobierno de la expresidente Jeanine Áñez respecto del manejo de la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19, y llama la atención que no se dirija a Arce con la misma vehemencia e intensidad que se observaba en los videos que editaba desde el jardín de su casa contra la exmandataria y su gobierno.
Igualmente, aunque con honrosas excepciones de legisladores que están presentes de manera activa en distintos puntos de bloqueo de calles y avenidas de la ciudad cruceña y realizando denuncias formales concretas por serios delitos de personajes afines al oficialismo por terrorismo de Estado, unos pocos legisladores de la Asamblea Legislativa apenas se pronuncian esporádicamente para decir lo que todo el mundo ya sabe, y otros menos han advertido con ingresar en huelga de hambre si es que este viernes el régimen de Arce anuncia que el censo se realizará en 2024 y no en 2023, aunque no para tratar de evitar que lo haga.
El papel conciliador de la Iglesia
A pesar de haber sido descalificada como intermediario válido por Álvaro Ruiz, viceministro de Autonomías, luego de afirmar que no se trata de un interlocutor válido “porque no tiene experiencia en censos”, la Iglesia Católica no ha agotado sus llamados al régimen de Arce por detener la violencia y entablar un diálogo sin condiciones.
La Iglesia católica se pronunció en una convocatoria de la prensa alertando que la escalada de violencia va en aumento, por ello pide a las autoridades buscar soluciones para restaurar la paz en el país.
En esta conferencia de prensa, monseñor Giovani Arana, secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, sostuvo: «Vivimos en un Estado de derecho, por lo tanto, es obligación del Gobierno precautelar los derechos humanos de todos los ciudadanos bolivianos, y también solucionar los problemas sociales, respetando la dignidad de cada boliviano».
El impacto del conflicto por el censo sobre la economía
Así como lo ha advertido la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) por medio de un comunicado de este miércoles, la escasez de alimentos ha empezado a notarse en todo el país debido al cerco que el masismo realiza contra Santa Cruz frente al paro cívico.
De la misma manera, la CAO ha asegurado que “se pone en riesgo la seguridad alimentaria del país, presente y futura, y de ninguna manera es responsabilidad de los productores, que en todo momento buscan el abastecimiento oportuno para toda la población nacional”.
Además, y como es natural, las consecuencias pueden observarse en el incremento de los precios de productos como la carne de res, pollo, huevo, granos, leche, verduras, hortalizas, etc.