Los problemas judiciales de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, se complican. Este lunes ingresó en una prisión de La Paz después de que una juez decretase el domingo cuatro meses de prisión preventiva contra ella y dos de sus ministros, el de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán. Los tres están acusados de delitos de “terrorismo, conspiración y sedición” por los sucesos que llevaron a la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019.
La policía boliviana montó un operativo para trasladar a la exjefa de Estado interina, que fue detenida en la madrugada del sábado, desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) hasta el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en el sur de la ciudad.
Un grupo de personas esperaba a Áñez en las puertas del centro penitenciario para demostrarle su apoyo gritando la frase “nadie se cansa, nadie se rinde”, un estribillo característico de las movilizaciones ciudadanas en 2019 que denunciaban irregularidades en los comicios generales de ese año. La tensión era palpable en la capital boliviana y otras ciudades como Sucre y Santa Cruz, donde la policía desplegó un fuerte dispositivo de seguridad en previsión de posibles manifestaciones, mientras crecían los rumores sobre nuevas detenciones de miembros del Gobierno interino.
Áñez estará aislada durante 15 días para respetar el protocolo sanitario por la pandemia y luego se le adjudicará un lugar entre las 200 reclusas que pueblan el centro penitenciario “sin privilegios”, como dijo el director general de Régimen Penitenciario en Bolivia, Juan Carlos Limpias. Por su parte, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán ingresaron en el penal de San Pedro, también en La Paz, y en el mismo régimen. Los tres están acusados de “terrorismo, conspiración y sedición” por los sucesos que condujeron a la salida anticipada de Evo Morales del poder a finales de 2019
La audiencia contra los tres funcionarios comenzó el domingo y se prolongó de manera virtual durante nueve horas. Según ha explicado el ministro de Justicia, Iván Lima, Áñez fue incluida en el proceso como senadora y no como presidenta, por lo que no ha tenido un juicio especial y está en una cárcel común.
Además, Lima presentó a la Fiscalía cuatro cargos adicionales por delitos que Áñez habría cometido como gobernante. Se refieren a su gestión de la pandemia y a algunos actos económicos de su Gabinete. Estas acusaciones contra la expresidenta deben llegar al Parlamento boliviano, aunque el Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Luis Arce no cuenta con los dos tercios de votos necesarios para convertirlas en lo que se conoce como “juicio de responsabilidades”.
Entre estas demandas no figura ninguna sobre la responsabilidad de la exmandataria en la represión de las protestas contra su Gobierno, en noviembre de 2019, que causó más de 30 muertos y cientos de heridos. El presidente Arce hizo de la sanción de “las masacres de Sacaba y Senkata” uno de sus principales reclamos electorales.
Muchos analistas creen que Áñez y sus colaboradores pueden enfrentarse a tres frentes judiciales: el proceso en el que ahora mismo están incluidos, enfocado en los días inmediatamente anteriores y posteriores a la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019; un juicio por la actuación de los militares en las primeras semanas de su Gobierno, y las acusaciones sobre la gestión de Áñez ante el Parlamento.