El país uruguayo afrontará jornadas clave para su futuro, en el congreso se definirá si la Ley de Urgente Consideración (LUC), que incluye más de 501 artículos, una gran reforma estatal y un endurecimiento del código penal, será aprobada
El presidente uruguayo, Lacalle Pou, definitivamente va en contra de lo que el statu quo sudamericano jamás querrá tocar: tamaño del Estado y endurecimiento del código penal. Para lograr este cambio drástico de las políticas implementadas en el país durante los últimos quince años de frenteamplismo, su coalición deberá trabajar quirúrgicamente, hasta ahora, solo ha cosechado éxitos: acuerdos con gran parte de los ministros, alianzas con los partidos Colorados y Cabildo Amplio, y gambeta a la moción en el Senado del Frente Amplio.
“Hubo intercambios largos. Este no es un texto sagrado ni tiene que salir tal como lo envió el Poder Ejecutivo. Estamos buscando caminos de entendimiento. Es un trabajo inédito que nos pone a prueba”, dijo Jorge Gandini, Senador uruguayo y miembro de la coalición del actual gobierno tras una reunión con los ministros.
En la maratónica jornada del 28 de abril, la administración se alzó con dos triunfos clave: 1. Varios acuerdos y puntos en común con cinco ministros, y 2. Ganar en el Senado la moción que presentó el Frente Amplio para retirar la consideración de “urgente” al LUC. Es decir, es un hecho que en Uruguay habrá muchas jornadas maratónicas de discusiones para aprobar o no los 502 artículos presentados en la Ley Urgente de Consideración del ejecutivo.
La urgencia del proyecto de ley está urgente pese a la pandemia
Algunas de las críticas a Lacalle Pou son por mantener en carácter de urgente su propuesta de reformas en plena pandemia. Pero, muchos se olvidan de datos clave y fundamentales que explican por qué las reformas son urgentes: los últimos dos años el desempleo en Uruguay subió, la pobreza aumentó, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes del 2017 al 2018 pasó de 8 a 11; también creció el porcentaje de robos violentos y hurtos. En materia económica, Uruguay lleva dos años de contracciones en cuanto al PIB, del 2017 al 2018 bajó de 2,7 a 1,8 y del 2018 al 2019 de 1,8 a 1,5. En faceta educativa, solamente un 36,3 % de los jóvenes uruguayos terminan la secundaria en tiempo y forma. En el área fiscal, el déficit aumentó del 2,7 a 4,8 %.
Con los números se entiende y queda bastante claro que Uruguay – al igual que en el resto de países sudamericanos – necesita reformas reales y urgentes, básicamente porque las políticas del Frente Amplio vienen fracasando; y el COVID-19 planea causar mayores estragos en la economía. En ese sentido, la postura de Lacalle es muy clara: apertura económica al mundo y libre mercado. Lo contrario a lo que hace su vecino al otro lado del Río de la Plata: Argentina.
Alianzas vitales
Lo que ha logrado la coalición de gobierno es importantísimo, al final, son las alianzas políticas las que pueden hacer trascender a las buenas intenciones.
Aquí la coalición del partido Nacional logró captar y darles su justa importancia a los partidos Colorado y Cabildo abierto. Entre los tres partidos se consideró que las diferencias con la propuesta planteada por el gobierno no son por principios ni valores fundamentales; sino más bien en puntos específicos como la desconcentración del órgano del Ministerio de vivienda.
También es lógico que, para lograr una reforma como la plantea Lacalle, haya batallas donde tendrá que ceder y buscar ganarlas con el paso del tiempo.
75 días y cuatro días de sesión en el Palacio legislativo
45 días de estudio y análisis para el senado y 30 para Diputados, con jornadas de trabajo que van desde las 9.30 horas hasta las 19.00 (hora uruguaya).
En total, la iniciativa del gobierno contiene 501 artículos y una reforma gigante en el país. Los temas más importantes son el achicamiento del Estado, el endurecimiento del código penal, hacerle frente al déficit fiscal, controlar el gasto público (bajarlo) para mejorar el sentido de contraprestación.
Fuente: PanamPost