Marcelo Duclos,
Evidentemente, el consejero constitucional electo de Republicanos Luis Silva entendió que había plafón en la opinión pública para decir lo que piensa de la figura y el rol histórico de Augusto Pinochet. En una entrevista, el dirigente de la fuerza de la derecha chilena dijo sin medias tintas que tiene “un dejo de admiración” por el hombre que derrocó a Salvador Allende. También resaltó que fue “un estadista” y que reconstruyó al Estado chileno “que estaba hecho trizas” aunque se alejó de las violaciones a los derechos humanos de ese período, aseguró que el gobierno militar (que nunca denominó como “dictadura”), merece ser “ponderado” con el correr de los años.
¿Qué pasó recientemente como para que Silva, además de la confianza de los últimos resultados electorales, manifieste sin vueltas una reivindicación de Pinochet? Un relevamiento en la opinión pública chilena confirmó que el 36 % de los consultados tenía una visión positiva del exmilitar, además de coincidir que fue Pinochet el que “salvo a Chile del marxismo”. Por su parte, un 40 % coincidió que en ese proceso histórico se fomentaron las reformas económicas que sacaron a Chile del desastre total.
El estudio realizado por CERC-MORI también resaltó que casi la mitad de los chilenos no comparte la imagen del dictador que promueve la izquierda. Para un 47 %, el gobierno de Augusto Pinochet fue “en parte bueno y en parte malo”. Evidentemente, sobre todo desde el desastre de la gestión de Boric, medio país no piensa como el actual gobierno quisiera. Sin embargo, el oficialismo pretende “arreglar” el problema, corrigiendo el pensamiento y las opiniones que les quedan incómodos.
La respuesta del oficialismo, ante las declaraciones de Silva, fue la más nerviosa, apresurada y contraproducente. En pocas horas, presentaron un proyecto de ley “mordaza” para penar con cárcel y grandes sumas de dinero a los que cuestionen la visión oficial. Como ocurre en Argentina con el debate de los setenta, a los portadores de las posiciones incómodas los denominan “negacionistas” y apuestan a sancionarlos con el peso del Estado.
Sin embargo, la cuestión del negacionismo parece aplicarse mejor a los que buscan imponer estas penas, que a los que reivindican el accionar militar en aquellos años. Las opiniones más serias de la derecha en estas cuestiones reconocen el cuestionable accionar de los gobiernos de facto. Tampoco niegan los secuestros, las torturas y la desaparición de personas. Claro que también consideran que esos hechos se dieron en el marco de guerras internas con elementos subversivos que no buscaban el restablecimiento democrático, sino una dictadura comunista.
En cambio, los que amenazan con las penas a los “negacionistas” sí terminan cayendo en la negación: ponen el énfasis en el accionar militar, pero evitan mencionar el contexto. Y caer en la simplificación que en los setenta, por orden de los Estados Unidos, militares malos reprimieron a una juventud crítica, eso sí está más cerca empíricamente de la “negación”.
La discusión sobre los setenta se terminará cuando todas las partes acepten los hechos históricos, a pesar de la conclusión personal que tenga cada uno sobre los mismos. Por ahora, tanto en Chile como en Argentina, eso parece estar todavía muy lejano.