JESÚS LAÍNZ,
El padre del nacionalismo catalán, Enric Prat de la Riba, comunicó a la prensa extranjera a finales de 1898 que, una vez perdidos los territorios de ultramar, seguir en España había dejado de ser un buen negocio, por lo que Cataluña tenía que marcharse. ¡Ah, la cartera, eso que se oculta bajo la bandera!
Ha pasado más de un siglo y seguimos en las mismas, pero con la particularidad de que ahora la izquierda española se ha sumado a tan capitalista reivindicación. Se suele oscurecer el asunto con argumentos matemáticos y demográficos, pero todo se reduce a intentar quedarse con la mayor cantidad posible del dinero salido de los impuestos pagados por todos los españoles. Y con la hipócrita agravante del «España nos roba» que tantos réditos electorales ha procurado a los separatistas.
El recurso a la comparación de ingresos e inversiones no puede ser más falaz, empezando porque los impuestos los pagan las personas, no las demarcaciones municipales, provinciales o regionales. Según la lógica nacionalista, ¿no podrían decir también los barceloneses que Lérida nos roba? ¿Y los de Tres Torres, que Ciudad Meridiana nos roba? ¿Y por qué limitarse al criterio territorial? ¿Qué tal, por ejemplo, el del nivel de renta? Así, los que ganen más de 4.000 euros al mes podrían protestar porque «los que ganan 1.000 euros al mes nos roban». Y los que trabajan, porque «los parados nos roban».
Además, no olvidemos que pretenden sustentar su queja económica no sólo en los hechos recientes, sino en una larga acumulación que vendría a justificar eso que llaman deuda histórica. Porque uno de los disparates más extendidos en nuestra descoyuntada España de las Autonomías consiste en que cualquier taifa se cree legitimada para reclamar una deuda histórica que España tendría que pagar. Ya sea Andalucía por su pobreza —que se supone que tendría que haber sido menor— o Cataluña por su riqueza —que se supone que tendría que haber sido mayor—, aquí todos se creen acreedores. Pero, ¿quién será el deudor? ¿El resto de España? ¿Alguna parte en concreto de España? ¿La imperial Castilla? Imaginemos a las opulentas Soria, Ciudad Real y Badajoz pagando a la paupérrima Barcelona.
Abramos un poco el ángulo de tiro para conseguir mayor perspectiva histórica. El 19 de julio de 1901, el exalcalde barcelonés Bartomeu Robert, flamante diputado de la Lliga recién aparecida, reclamó al gobierno de Sagasta, entre otras cosas, la concesión del concierto económico a Cataluña. El presidente le respondió recordándole la política proteccionista que había permitido a Cataluña su alto grado de desarrollo:
«¿Cómo he de negar la aptitud y las energías de los catalanes? Pero esa aptitud y esas energías hubieran quedado quizá baldías sin la protección que en todos los tiempos han dado todos los gobiernos españoles a esa tierra feliz (…) ¿Quién duda que Cataluña se ha hecho rica por España y con España? ¿Quién duda que, para hacerse rica, ha habido necesidad de concederla en las leyes ciertos privilegios que le han dado ventajas sobre sus hermanas, las demás provincias de España? ¿Quién duda que quizá el malestar de nuestras perdidas Antillas haya sido debido a la preferencia que daba España a Cataluña?».
Por otro lado, el eminente economista catalán Gabriel Tortella y los coautores del libro Cataluña en España: historia y mito (Ed. Gadir, 2016), analizando los registros históricos, llegaron a la conclusión de que el sobrecoste pagado por todos los ciudadanos españoles por la protección arancelaria sólo a la industria algodonera catalana y sólo durante el siglo XIX ascendería, utilizando las cifras más bajas, a 510.720 millones de euros actuales, más o menos la mitad del PIB español de nuestros días, deuda histórica de Cataluña con el resto de España que a nadie se le ha ocurrido ni se le ocurrirá jamás reclamar. (Explicación detallada de todo esto, en J. Laínz: Negocio y traición, Ed. Encuentro, 2020).
Pero regresemos a la actualidad. Cataluña no aporta a la solidaridad nacional más o menos que otras regiones. Sencillamente porque Cataluña no aporta nada. Los que aportan son los ciudadanos con más ingresos a los que tienen menos ingresos. El hecho de que en Cataluña —como en Madrid— se recaude más dinero significa que en Cataluña y en Madrid viven más personas con mayores ingresos que en otras zonas del país. Eso se llama solidaridad y antes era progresista.
Los izquierdistas, esos teóricos campeones de la solidaridad, deberían saberlo. Pero lo han olvidado. Llevan demasiadas décadas apuntándose a las identidades, las lenguas propias, los derechos históricos, los privilegios y los hechos diferenciales. Por eso, aunque a algunos izquierdistas se les ocurra ahora protestar en voz baja —como Alfonso Guerra protestando pero votando a favor del nuevo estatuto catalán—, llegan demasiado tarde después de haber causado demasiado mal.