El ministro Flávio Dino (Justicia y Seguridad Pública) ha sido acusado de utilizar la Policía Federal (PF) para perseguir a adversarios políticos, según reportajes de la Revista Oeste, del periódico O Estado de S. Paulo y del periodista Silvio Navarro. El caso más reciente involucra al gobernador del Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Freitas, asociado a la derecha política y adversario de Lula da Silva, podría ser candidato a presidente de la República en las próximas elecciones.
La investigación de la Policía Federal sobre un tiroteo en una “favela” durante la campaña electoral del año pasado, en la cual Tarcísio estuvo presente, fue considerada concluida tanto por la Justicia Electoral como por la policía paulista. Sin embargo, se abrió un nuevo expediente federal sin presentar nuevos hechos o evidencias claras, levantando sospechas de motivación política. Fuentes del Palacio dos Bandeirantes (sede del gobierno del Estado de San Pablo) y de la policía paulista, entrevistadas por la Revista Oeste, expresaron preocupación de que el caso represente un intento de intimidación por parte de Dino, quien ya tiene un historial de perseguir adversarios.
Además, al analizar más profundamente la cuestión jurídica, el procedimiento adoptado para la investigación presenta preocupaciones significativas en cuanto a su fundamentación legal. Según Silvio Navarro, hay indicios de que los métodos utilizados no están claramente definidos o autorizados por el ordenamiento jurídico brasileño. Esto incluye, por ejemplo, la potencial extensión de medidas investigativas más allá de lo permitido por la ley, poniendo en duda no solo la legalidad de las acciones, sino también los derechos fundamentales de los involucrados.
El documento que autoriza la investigación, firmado por el delegado Eduardo Hiroshi Yamanaka, es considerado vago y sin fundamentación sólida. La falta de claridad jurídica y la aparente ausencia de nuevos elementos que justifiquen la reapertura de la investigación refuerzan la percepción de que las motivaciones pueden ser más políticas que basadas en evidencias concretas. Es decir, el Ministerio de Justicia abre una investigación sin base fáctica y jurídica para perseguir a un adversario político.
El artículo del periodista investigativo Silvio Navarro explica la tesis descabellada del ministro Flavio Dino de que el gobernador de São Paulo fabricó un atentado para beneficiarse electoralmente:
“A pesar de no tener ninguna prueba, Flávio Dino alimenta la tesis de que Tarcísio fabricó un atentado para beneficiarse electoralmente —él derrotó al petista Fernando Haddad. La única ‘prueba’ del ministro comunista presentada hasta ahora es el tuit a continuación, en el cual Tarcísio escribió: ‘Fuimos atacados por criminales’«.
Es importante recordar que Tarcísio de Freitas es gobernador del estado de São Paulo (que es el más rico y poblado de Brasil) y fue elegido con el apoyo del expresidente Jair Bolsonaro.
Este escenario de persecución política, a menudo comparado con métodos autoritarios típicos de la antigua KGB soviética, se materializa ahora con la probable instrumentalización de la Policía Federal bajo la gestión de Flávio Dino. La reapertura de la investigación sobre el incidente involucrando a Tarcísio de Freitas, sin nuevas evidencias o justificaciones plausibles, es vista como un claro ejemplo de esta tendencia.
El escritor y periodista Paulo Briguet ya afirmaba el año pasado las similitudes entre Dino y Beria:
“El comportamiento de Flávio Dino me hace recordar a un personaje de la historia del siglo XX: Lavrenti Béria (1899-1953). Considerado el brazo derecho del dictador Josef Stálin —que era georgiano como él—, Béria dirigió el temido y poderoso Comisariado del Pueblo para la Seguridad del Estado y comandó los grandes expurgos de los años 30 en la Unión Soviética.
Estoy seguro de que la comparación no ofenderá al camarada Dino. Después de todo, durante varias décadas estuvo afiliado al Partido Comunista de Brasil (PCdoB), partido por el cual fue elegido diputado y dos veces gobernador de Maranhão. Como sabemos, el PCdoB surgió precisamente por negarse a admitir los crímenes de Stálin (y de Béria) denunciados por Nikita Jruschov en el XX Congreso del Partido Comunista de la URSS en 1956. Solo más recientemente Dino dejó el PCdoB para afiliarse al Partido Socialista Brasileño, otra línea auxiliar del PT y del Foro de São Paulo.”
La Gaceta de La Iberosfera, ya a finales de 2022, alertaba a sus lectores sobre el perfil de Flávio Dino, señalándolo como una figura autoritaria. En ese momento, el nombramiento de Dino para el cargo de Ministro de Justicia fue visto con preocupación, dado su historial como miembro del Partido Comunista de Brasil y su postura contraria a manifestantes que criticaban al Supremo Tribunal Federal. La Gaceta explicó que Dino creía que las críticas al Supremo Tribunal Federal deberían ser caracterizadas como «actos antidemocráticos» y «delitos políticos», señalando una posible predisposición para usar el cargo con fines de persecución política.
Adicionalmente, Dino defendía medidas como el desarme de la población y consideraba un delito llamar a Lula de «ladrón». Todo esto ya señalaba su entendimiento sobre la libertad de expresión. Esta perspectiva, basada en las declaraciones y posturas anteriores de Dino, contribuyó a un clima de desconfianza y preocupación con respecto a su papel en el Ministerio de Justicia.
Todo esto es extremadamente preocupante e indica un camino muy peligroso hacia el fin de cualquier democracia y Estado de Derecho que aún exista en Brasil.