Una vez que Edmundo González Urrutia llegó a España en un avión de la Fuerza Aérea, se divulgaron los detalles de su destierro. La dictadura venezolana recurrió a todo tipo de presiones y amenazas en su contra y de su familia para forzarlo al exilio.
Altos funcionarios del régimen manifestaron su conformidad y satisfacción por la salida de González, pensando que con ella, habían logrado su objetivo: mantenerse en el poder a pesar de la paliza que los electores el 28 de julio les produjeron al rechazar a la tiranía con una abrumadora diferencia de 37 puntos. A las 48 horas de la salida del presidente electo González Urrutia de Venezuela, los que antes se felicitaban cambiaron radicalmente de opinión.
Es que no calcularon, primero, que la ubicación de Edmundo González no cambia los resultados de la elección, ni anula las actas publicadas en www.resultadosconvzla.com y, segundo, que la presencia en Madrid de González Urrutia detonaría una serie de reacciones; como por ejemplo el reconocimiento del Congreso de los Diputados español, como presidente electo de Venezuela.
Esta decisión ha sido apenas la primera de otras similares. La Cámara de Representantes del Congreso de Colombia siguió el mismo ejemplo y se espera no solo que otros congresos iberoamericanos también lo hagan, sino el propio Parlamento Europeo.
Paralelamente, se está gestando una poderosa reacción internacional en contra de los delitos de lesa humanidad que viene perpetrando el régimen de Maduro desde el 28 de julio hasta la fecha.
Los gobiernos de Argentina y de Uruguay solicitaron a la Corte Penal Internacional (CPI) emitir orden de captura en contra de Maduro y sus aliados. Lo propio hicieron 31 expresidentes pertenecientes al Grupo IDEA. El portavoz de la iniciativa fue el exmandatario colombiano Andrés Pastrana, quien viajó a la sede de la CPI en La Haya para entregar personalmente la carta de los exmandatarios.
Entre los firmantes se encuentran los españoles Felipe González, Mariano Rajoy y José María Aznar, quienes ya sostuvieron reuniones con Edmundo González y lo reconocieron como presidente electo
Por su parte, la Misión de Determinación de los Hechos creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para documentar las violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela, aseguró este 17 de septiembre en su informe, que el Gobierno de Maduro está cometiendo crímenes de lesa humanidad por motivos políticos y afirma, además, que la represión sin precedentes en Venezuela sumerge a la nación en una grave crisis de derechos humanos.
Según la misión, presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas, el aparato de gobierno se centra ahora en aplastar a la totalidad de la oposición pacífica a través de una serie de acciones que no son «aisladas o aleatorias, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir» a quienes pueden expresar algún pensamiento no acorde con la retórica oficial.
La suma de estos dos vectores, el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo y las acusaciones contra Maduro ante la Corte Penal Internacional, crean las condiciones para un quiebre dentro de las estructuras del chavismo. De hecho, el propio 28 de julio ya se produjo una primera fractura cuando los militares de bajo rango y los funcionarios de tercer nivel del Consejo Nacional Electoral permitieron -desobedeciendo órdenes superiores- que se abrieran todas las urnas, se contaran todos los votos y se entregaran a la oposición las actas oficiales impresas por las máquinas de votación.
Todo indica que, a Maduro, como decimos en Venezuela, «se le voltearon los santos», porque todas las estrategias desplegadas para robarse la voluntad popular expresada en las urnas han ido fracasando. El dictador sigue aferrado a la silla presidencial a punta de represión, pero los venezolanos están empeñados en lograr el ansiado cambio por el cual se lo han jugado todo.