La libertad de prensa en Bolivia se debilita bajo el régimen de Luis Arce

«Hay que acabar con todos los periódicos, pues no se puede hacer una revolución con libertad de prensa. Los periódicos son instrumentos de la oligarquía». Esto es algo que dijo nadie menos que Ernesto “el Che” Guevara, y en este 3 de mayo, en el Día Internacional de la Libertad de Prensa, no debe ser olvidado, sobre todo en Bolivia, que atraviesa por un largo período de acoso permanente a la prensa libre.
No sólo que nunca ha ocultado su admiración por él, sino que Arce Catacora ha invocado la figura del Che Guevara siempre que ha podido. Incluso ha nombrado nuevas escuelas públicas con su nombre. Por tanto, no es nada extraño que tanto él como el partido y desde luego que su gabinete de ministros, actúen contra la prensa siempre inspirados en la incendiaria frase del guerrillero comunista.
De hecho, los últimos datos sobre el estado de la libertad de prensa en Bolivia son relativamente frescos. A principios de marzo, el Observatorio de Defensores de UNITAS reportó que solamente entre enero y febrero de 2022 hubo 27 vulneraciones a la libertad de prensa, empezando por la agresión a periodistas, como el tipo de vulneración más recurrente, y el impedimento de acceso a la información.
Por ejemplo, no mucho tiempo más tarde de la entrega de dicho informe, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, amenazó al diario Página Siete con darle “su dosis” por medio de Twitter: “De veras que Página Miente se gana su respuesta. ¿Cómo es, hermanos, les damos su dosis?”.
Sobre este caso, Página Siete sostiene que aquel no fue el primer ataque ni la primera amenaza por parte del procurador: “En octubre de 2021, por ejemplo, publicó un gráfico en el que se ve la portada de este medio usada como papel higiénico. Lo hizo en respuesta a una viñeta de opinión que criticó el trabajo que se hizo desde esa dependencia de Estado para intentar demostrar que en Bolivia no hubo fraude en las elecciones de 2019”.
Uno de los últimos casos que más llama la atención ha sido el conflicto de Amalia Pando, reconocida periodista opositora, con Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo de Arce Catacora: Pando denunció un negociado secreto del hijo de Arce con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que consistió en que la estatal Petroquímica de Venezuela se haga cargo de la Planta de Úrea operada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Más tarde, el Tribunal Nacional de Ética Periodística (TNEP) emitió un fallo en el que exigió a Pando observar «la exigencia de la veracidad y de contextualización» en su nota. Sin embargo, la periodista se ratificó y sostuvo que YPFB borró del internet todos los documentos en los que aparecía la firma del hijo de Arce, excepto una: «Pero aquí está. Se te olvidó borrar ésta y la encontré. Entonces, ¿quién miente? ¿Vos o yo? Quién debe disculparse, ¿vos o yo?».
El hijo de Arce aún no se pronunció al respecto, ejerciendo su derecho a réplica. Sin embargo, la denuncia no ha provocado investigación alguna por parte de las autoridades correspondientes, mientras el TNEP ya se apresuró en emitir un fallo en contra de Pando.
Respecto del acceso a la información, otro ejemplo ilustrativo muy importante es el proceso de preparación del Censo de Población y Vivienda 2022 programado para noviembre. Hasta el momento, además de que se ha observado la falta de conocimiento sobre la metodología, diseño de la boleta censal, etc. Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) de Santa Cruz, lamentó que el Instituto Nacional de Estadística (INE), no haya dado a conocer una hoja de ruta crítica pese a habérselo solicitado formalmente desde mediados de febrero.
Igualmente, tampoco existen datos actualizados sobre un aspecto fundamental para la coyuntura económica del país, dada la dificultad que el régimen de Arce ha tenido en meses pasados para conseguir financiamiento en los mercados de capitales internacionales: no existe información actualizada sobre el nivel de la deuda pública externa en medios oficiales desde mediados de 2021 (en algunos aspectos específicos incluso desde 2020), o incluso sobre las reservas certificadas de gas.
Afortunadamente, en este importante día para la prensa en Bolivia y el mundo, Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), ha recibido el “Premio Libertad 2022 – Juan Javier Zeballos” por parte de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP).
Esto significa que se reconoce la labor y valentía de Carvajal en defensa de las libertades individuales en el país, pero además invita a seguir su ejemplo sin descanso ni concesiones en el país, con lo cual existe cierto margen de esperanza de que las cosas mejoren eventualmente en este sentido.
Este jueves 5 de mayo, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene programada la designación del nuevo Defensor del Pueblo. Si acaso no se trata de una designación en la que ha vuelto a intervenir el régimen de Arce y el Movimiento al Socialismo -siguiendo el espíritu comunista del propio Che Guevara-, probablemente, la cantidad de trabajo que tiene por delante implica imprimir un esfuerzo titánico.
Fuente: La Gaceta de la Iberosfera