No hay una sola alma en la ciudad a las once de la noche. Las calles y avenidas usualmente remansaban a esa hora con las últimas personas tratando de llegar a sus hogares. Desde que se declaró la cuarentena total en Bolivia para frenar la propagación de la covid-19 —que contabiliza más de 600 casos y más de 30 muertes—, nadie puede salir de su casa después de mediodía, según establece la norma.
Faltando menos de 60 minutos para que empiece otra jornada, un camión de carga pesada con permiso de circulación recorre la ciudad. El ruido del motorizado, el ladrido de los perros y sirenas a lo lejos es lo único que logra escuchar Cinthia Espinoza en el frío vehículo de carga pesada que la transporta a ella y a su cosecha de pepino que producen en su tierra. Desde el municipio de Omereque, de donde es oriunda, hacia la ciudad de Cochabamba —situada al centro de la nación andina—, hay una distancia aproximada de 250 kilómetros. Su producto es descargado y le invade la zozobra.
El punto de venta más importante de productores agrícolas de esta región, que suele aglutinar a un millar de personas en cualquier otra noche previa a la pandemia —entre campesinos que llegan a ofrecer sus productos e intermediarios que compran vegetales al por mayor—, apenas tiene una decena de personas en los alrededores.
Cientos de bolsas de diferentes colores que contienen zanahoria, achojcha, judía verde, entre otras verduras, permanecen apiladas en el piso de tierra. La temperatura es de 10 grados. Las mujeres se resguardan del frío cerca de los bultos, aguardando que la noche mejore y pueda traer compradores para su producción. Es la situación de muchos productores agrícolas en la nación andina, que en medio de la crisis sanitaria que enfrenta, continúan trabajando para proveer alimento a las ciudades a pesar de los problemas logísticos y el riesgo de contagio del coronavirus.
“Mirá, está silencio [vacío] ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a mantener a nuestros hijos? Debemos al banco, a los créditos agropecuarios, de las fumigaciones pagamos entre 5.000 y 15.000 bolivianos [entre 500 y 2.000 dólares], ni para eso alcanza lo que estamos vendiendo”, se queja afligida Agustina Condori, una productora de Comarapa, un municipio a 250 kilómetros de distancia de Cochabamba.
En Bolivia existen 861.927 unidades productivas, de las cuales 724.375 son pequeños predios que articulan a más de dos millones de agricultores familiares de origen campesino, indígena originario e intercultural, cuya producción es diversificada y abastece a la canasta familiar, según datos de la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas Indígenas Originarias. “Siempre he pensado que el campo es el motor de todo lo que hacemos dentro de las ciudades a nivel alimentario. Somos todavía un país que depende mucho de la producción agrícola que proviene de fuera de las ciudades”, explica a EL PAÍS Roger Maldonado, chef y sociólogo del Movimiento de Integración Gastronónomico Alimentario de Bolivia.
A medida que pasan las horas, más productores empiezan a llegar desde Oruro o del lado de Santa Cruz, del occidente y oriente del país, respectivamente. Los camiones comienzan a descargar los productos que traen y los agricultores empiezan a acomodarse a lo largo de la recta donde se emplaza este mercado campesino. Aun así, hay espacios vacíos y el viento helado produce un silbido en medio de la noche.
Inquieto y colaborativo, cargando un saco hecho de nylon lleno de verdura en cada hombro, se mueve Teófilo Rojas, presidente de la mancomunidad de los productores del Cono Sur de Cochabamba, que trata de atender las necesidades de los productores en el sitio. Recuerda que antes de que comience la pandemia, llegaban dos veces por semana al menos 30 camiones, cada uno con una capacidad de carga de cuatro toneladas, llenos de sacos y se lograban despachar todo el producto. Ahora, de domingo a jueves, arriban entre cinco a ocho vehículos de carga pesada cada día y ni siquiera se puede rematar lo cosechado. Explica que muchos municipios han optado por el confinamiento estricto y total, ante el miedo de propagar el virus en su comunidad por el constante trajín entre las urbes y las áreas rurales, además del contacto con las personas que habitan las ciudades.
La preservación de la salud y evitar que el virus se propague en las comunidades es una preocupación. Otra es la parte logística, que también juega un rol parte importante en la problemática general. Según el Decreto de emergencia sanitaria instaurado por el gabinete interino de Jeanine Áñez, el desplazamiento y el libre tránsito está limitado para servicios de primera necesidad, como el abastecimiento de alimentos, categoría en la que entran los agricultores. Sin embargo, el acceso a permisos de circulación vehicular no ha sido sencillo y en algunos casos el retorno a sus comunidades es dificultoso por los estrictos controles que la policía y el Ejército realizan.
Si bien el Ejecutivo promulgó una ley extraordinaria que posterga el pago de capital e intereses de los prestatarios a la banca y entidades financieras por seis meses, una vez que concluya la emergencia sanitaria, eso no le da calma a Valentina C., una productora de verduras y flores, que se muestra reticente ante una de las medidas económicas instauradas para ayudar a las personas en medio de la crisis. Con su producción de calabazas a sus pies y varios racimos de flores amarrados al costado, sentencia: “Bien sería que nos liquide la deuda [el banco], pero solo la está postergando. Nosotros pagamos esa deuda con la venta del producto que estamos perdiendo. Dentro de seis meses, ¿cómo pago mi deuda al banco sin ingresos?”.