La semana pasada el régimen Daniel Ortega asestó un nuevo golpe contra la democracia en Nicaragua. El Parlamento, de mayoría sandinista, eligió un nuevo Consejo Supremo Electoral (CSE), cuyos siete miembros, más que menos, apoyan al oficialismo. Pocas horas después votaba además una reforma de la Ley electoral, reclamada por la Organización de Estados Americanos (OEA) para permitir que las elecciones del próximo 7 de noviembre sean «libres y justas». Nada más lejos de la realidad, pues la reforma no contempla la participación de observadores en los comicios, prohíbe la financiación electoral y permite la inhibición de candidatos opositores que hayan apoyado las sanciones internacionales contra el régimen, o hayan mostrado un perfil alto en las protestas de 2018 (según lo que prescribe la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación, ambas aprobadas por el Parlamento en 2020).
«Si había alguna esperanza este mes de mayo, se resolvió la primera semana de manera unilateral. Y se ha demostrado el peor de los pronósticos:no dar salidas y hacer unas elecciones a su medida (de Daniel Ortega)», explica a ABC el periodista y politólogo nicaragüense Edgardo Pinell.
Sobre el CSE, órgano encargado de desarrollar y llevar a cargo las elecciones, Pinell considera que si bien han cambiado algunas caras, «en lo que respecta tanto a la presidenta y al vicepresidente, ambos tienen una trayectoria comprobable y un vínculo de lealtad incuestionable hacia el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El CSE no cumple con el estándar de imparcialidad», denuncia. Y en cuanto a la ausencia de observadores internacionales cualificados para asegurar unos comicios transparentes, Pinell no se sorprende:«Ya en las últimas elecciones fue invitado un cortejo del Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), y alineados con ella».
Poco eco queda ya de la insurección civil que estalló en 2018, que dejó más de 300 muertos y que mantiene todavía en la cárcel a 122 presos políticos, según el último informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. La reclamación del pueblo nicaragüense, de elecciones anticipadas para desalojar al matrimonio Ortega-Murillo (ella es la vicepresidenta, que se vuelve a postular en noviembre) del poder, quedó ahogada por la represión policial y la perversión de los instrumentos democráticos.
Uno de los aspectos más graves para el politólogo, que se suma a las leyes represivas que se han ido aprobando «para apretar el cuello de la oposición», es que este CSE «tiene la última palabras en cuanto a las inhibiciones de candidatos» que quieran competir por la presidencia. Para Pinell, el régimen ha puesto «contra la espada y la pared» a una oposición, «que está dividida en dos bloques». Lo ha hecho a través de un calendario electoral, presentado este viernes, que le da a la oposición hasta el 12 de mayo «para la inscripción de alianzas».
Llamamiento a la unidad
Por su parte, los partidos de la oposición, aglutinados en torno a dos plataformas principalmente –Coalición Nacional y Alianza Ciudadana– han rechazado la reforma electoral, que han calificado de «antidemocrática, impuesta por la dictadura», afirmó el pasado viernes el pre-candidato por la Coalición Nacional, Félix Madariaga, que hizo un llamamiento a concurrir a las urnas unidos. «La dictadura sabe que las elecciones de noviembre próximo constituyen una oportunidad excepcional para que la oposición unida y organizada le derrote. Quienes impidan esta unidad, le estarán haciendo el juego a la dictadura y prolongando la tragedia que vivimos como pueblo nicaragüense», reclamó el académico y exsecretario del Ministerio de Defensa (2004-2007) en rueda de prensa.Este lunes, las dos plataformas se reunían para negociar unirse en una sola formación, y acordaban, de manera verbal, acudir a los elecciones bajo el nombre Ciudadanos por la Libertad (CxL).
Reunión de la OEA
También ha cuestionado la reforma electoral la comunidad internacional, para quien el Gobierno de Nicaragua «ha rechazado los llamamientos de sus propios ciudadanos y de la comunidad internacional, incluida la OEA, la Unión Europea y Naciones Unidas, para generar confianza en el proceso electoral», señaló el Departamento de Estado de EE.UU. tras conocerse ambas decisiones. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha convocado para este miércoles una reunión del organismo con el fin de abordar la situación en Nicaragua. Según fuentes consultadas por el diario nicaragüense ‘La prensa’, el Consejo Permanente podría llegar a aplicar la Carta Democrática, que supondría la expulsión de Nicaragua del organismo.
«Los últimos acontecimientos son sumamente claros sobre cuál es la intención del régimen, que es la de no facilitar ni permitir un mínimo de competencia electoral, ni una salida democrática a la crisis nicaragüense. Con cada uno de los pasos que está dando –incluido el nombramiento de la nueva presidenta del CSE, que representa a una superviviente del conflicto con la contra revolución de los años 80, financiada por EE.UU., y que está reviviendo la confrontación en el país – está cerrando todas las salidas hacia una democracia. Creo que es un juego muy peligroso, pero no me sorprende. Ortega siempre ha jugado al filo de la navaja, y ahora está probando hasta dónde puede llegar la oposición; y hasta qué punto la comunidad internacional es coherente y tiene fuerza suficiente para confrontarle», argumenta Pinell.