LA HABANA- La Organización de Naciones Unidas (ONU) acusó recientemente al régimen cubano por «las graves violaciones sistémicas al debido proceso» en la Isla, según informó este lunes la ONG Prisoners Defenders (PD).
Prisoners Defenders presentó una denuncia sobre el tema en julio de 2023 ante el ente global, lo que motivó una carta acusatoria firmada por seis relatores de la ONU. «Naciones Unidas alimenta la esperanza para la liberación de los presos políticos en Cuba», asegura la ONG.
El informe del organismo destaca la inexistencia en Cuba de abogados independientes, la privación de libertad sin tutela judicial, la dependencia de fiscales y jueces del poder político, la utilización de peritos y testigos del Estado como única fuente de acusación, la criminalización del ejercicio de derechos fundamentales, los tribunales militares y las causas sumarias.
Prisoners Defenders sostiene que el régimen cubano viola sistemáticamente el debido proceso para quebrantar «los derechos de todos aquellos que considera desafectos a la revolución, sean o no activistas de derechos humanos, sean o no manifestantes». Esta situación afecta a todas las causas penales en Cuba, en particular a los más de 1.500 presos políticos documentados por PD desde 2021.
Los firmantes de la carta de la ONU señalaron que «las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata».
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, manifestó «el compromiso de seguir trabajando para erradicar el entramado procesal de violación de los derechos de todos los procesados, condenados y presos políticos y de conciencia en Cuba».
El comunicado de la ONU añadió que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias podría remitir un caso multitudinario a través de su procedimiento ordinario para pronunciarse sobre si las privaciones de libertad fueron arbitrarias o no. «El régimen está obligado a responder por separado a la carta de alegación y al procedimiento ordinario», indicó la misiva.
A pesar de la condena explícita de los relatores, no consta en la página web de la ONU que el régimen cubano haya respondido en el plazo de 60 días, lo que sugiere que tal respuesta no se ha producido.