La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela presentó este miércoles un informe actualizado sobre la situación de los derechos humanos en el país sudamericano, reiterando su preocupación por las violaciones continuas perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro.
La presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una evaluación que abarca el período entre enero de 2020 y agosto de 2023. Durante este período, la misión encontró pruebas alarmantes de abusos contra los derechos humanos en Venezuela. Esto incluye “al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración, y 58 detenciones arbitrarias”.
Además, se documentaron 28 casos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes a detenidos, de los cuales 19 involucraban violencia sexual y de género contra hombres y mujeres.
“En Venezuela siguen ocurriendo graves violaciones de derechos humanos. En años más recientes, estos incidentes han estado más dirigidos contra ciertos miembros de la sociedad civil, incluidos líderes sindicales, periodistas y defensores de derechos humanos”, denunció Valiñas.
El informe de la misión señaló que a pesar de las protestas a fines de 2020 y principios de 2021, las estructuras represivas del Estado no se han desmantelado. Además, se han intensificado los esfuerzos para reducir el espacio cívico y democrático en el país, con restricciones a las libertades individuales y colectivas. Las amenazas, vigilancia y hostigamiento constantes, junto a la difamación y a la censura, han sido utilizados por el Estado de silenciar, desalentar y sofocar la oposición real o percibida como tal.
“En conjunto, estos dos tipos de mecanismos, ‘duros’ y ‘blandos’, conforman un aparato represivo del Estado usado con distintos niveles de intensidad, dependiendo de la naturaleza y la fortaleza de la disidencia social”, dijo Francisco Cox, experto de la Misión. “Esto muestra la capacidad adaptación del Estado para sofocar la crítica”, añadió.
Como ejemplo, la Misión destaca el caso de un grupo de seis sindicalistas que fueron condenados el 1 de agosto a 16 años de prisión “por la sola razón de reclamar mejoras laborales, después haber sido detenidos arbitrariamente y de haber sufrido malos tratos en detención por más de un año”.
“Al criminalizar la participación en actividades legítimas, el Estado silencia y crea un efecto que amedrenta a cualquiera que se plantee participar en alguna acción que pueda percibirse como crítica al Gobierno”, denunció Patricia Tappatá Valdez, experta de la Misión. “La falta de independencia, y también la actuación deliberada de las instituciones judiciales y constitucionales -como la Contraloría y el Consejo Electoral- coartan los movimientos de líderes sociales y dirigentes políticos. La dinámica en su conjunto asfixia y suprime el debate y la vida política”.
La Misión ya había reportado en marzo que la disolución de las Fuerzas de Acción Especial (FAES), protagonistas de la represión, solo marca una continuidad para la nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), ya que tiene el mismo accionar y cuenta en su cadena de mando con oficiales de las FAES y de otros cuerpos de seguridad que fueron identificados en el informe de la Misión de 2020 como involucrados en violaciones graves a los derechos humanos.
“La transformación de las FAES en la DAET es un mero cambio de nombre que evidencia la impunidad persistente y la continuidad de las violaciones graves a los derechos humanos”, dijo Valiñas. “Es imperativo vigilar la actuación de la DAET para que no actúe en contravención con las obligaciones internacionales del Estado venezolano con respecto a la protección y respeto de los derechos humanos”.
La Misión advirtió que el panorama es “especialmente alarmante” en un país que se encamina a las elecciones presidenciales en 2024, ya que al menos tres candidatos a las elecciones primarias de la oposición fueron inhabilitados por el Consejo Nacional Electoral, y se unen a la lista de otros reconocidos políticos que también fueron inhabilitados.
Por ello, continúa instando a la comunidad internacional a tomar medidas concretas para abordar estas violaciones sistemáticas de derechos humanos y garantizar que se rinda cuentas por los abusos cometidos en el país..