Alberto Fernández necesita sesiones extraordinarias durante el verano para el tratamiento y aprobación de varias iniciativas. Sin embargo, la principal coalición opositora ya le notificó que no piensa discutir absolutamente nada hasta que el oficialismo quite de la agenda el juicio político que impulsan contra la Corte Suprema de Justicia.
La bancada del Frente de Todos no cuenta con mayorías absolutas como para disponer del parlamento como si fuera una escribanía, como en otros tiempos del kirchnerismo hegemónico. Necesitan alianzas para garantizar el quórum y el apoyo de al menos algunos legisladores opositores si buscan aprobar alguna ley. Ante el llamado de sesiones extraordinarias para enero y febrero, Juntos por el Cambio puso una lógica exigencia arriba de la mesa para debatir cualquier proyecto en el Poder Legislativo: la remoción inmediata del proyecto que ya está en comisión para remover al máximo tribunal de justicia.
Aunque el oficialismo no cuenta con los votos suficiente para sacarse de encima a una Corte independiente, la oposición considera que es fundamental dejar un mensaje claro. “Hasta que el juicio político contra la Corte no salga de la escena, nada se puede debatir con el Gobierno”, aseguró el senador Martín Lousteau. Cabe recordar que el kirchnerismo tiene las 16 voluntades en comisión para elevar el proyecto a la cámara de entrada, que en este caso sería Diputados. Aunque en Senadores Cristina Fernández de Kirchner tiene mayoría, la Cámara Baja sería el escollo imposible para el proyecto de Alberto. Sin embargo, los legisladores opositores ni siquiera quieren llegar a la instancia donde tengan que contar los votos y pasaron el ultimátum.
Duras críticas internacionales al kirchnerismo
Con motivo del intento de remover a la Corte, la Unión Iberoamericana de Jueces emitió un comunicado donde manifiestan la “honda preocupación por el impulso dado por el Poder Ejecutivo Nacional argentino a un proceso de juicio político a la Corte Suprema de Justicia del país, con motivo del fallo que dispuso el reintegro de la quita de fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires”. La entidad aseguró que las decisiones de la Corte pueden ser discutidas en el ámbito judicial, pero que la intervención del gobierno en este caso es sinónimo de una “persecución personal” a los miembros de la CSJ.
Otro organismo que consideró pertinente manifestarse fue la Federación Latinoamericana de Magistrados. Desde la entidad señalaron que tienen una “profunda preocupación frente a la grave crisis institucional de la República Argentina, en donde el señor presidente de la Nación impulsa un juicio político a los miembros de la Corte Suprema por el contenido de una sentencia”. En la opinión de la Federación, esto sienta un “muy peligroso precedente”.