Alejandra Marcos,
Mucho se ha discutido sobre el Paquete Económico del 2024, ciertamente no representa un riesgo evidente para la sostenibilidad de las finanzas públicas, aunque, sin duda alguna muestra un esbozo de la vulnerabilidad de las mismas para la siguiente administración. En ese tenor, la administración ha sido enfática en mantener la deuda como porción del PIB en una razón inferior al 50 por ciento. Sin embargo, el incremento en los niveles de endeudamiento neto y el aumento considerable en el gasto señalan un déficit fiscal que podría continuar en niveles elevados más allá del 2024. El incremento en el endeudamiento (recursos obtenidos vía financiamiento interno o externo) es notable, pasando de un 10.9 por ciento en el 2017 al 19.2 por ciento estimado en el 2024. Con eso en mente, varios participantes del mercado han señalado la imperiosa necesidad de implementar una reforma fiscal, y en esta ocasión no podría ser del lado del gasto, sino de los ingresos.
Resulta evidente que el gobierno tiene que aumentar los niveles de recaudación, no sólo considerando que México se encuentra en uno de los últimos peldaños en materia de ingresos tributarios de acuerdo a la OCDE, sino porque cada vez existen más recursos destinados al gasto corriente (necesario) para mantener el país en operación. Vale la pena destacar que tres cuartas partes del gasto se concentra en cubrir obligaciones como el pago de la deuda, pensiones y las transferencias de recursos a los estados.
Hace unos meses el FMI señalaba que una posible manera de incrementar la recaudación sería vía la eliminación de exenciones, que podría otorgar al gobierno entre un 1 y 1.5 puntos porcentuales adicionales en los ingresos, haciendo ligeramente más cómoda la situación del gobierno. A pesar de que esta pueda ser una vía recaudatoria relativamente fácil de implementar, podrían llevarse a cabo algunas otras estrategias fiscales que le ayudarían al gobierno a mejorar su espacio fiscal de manera inmediata.
Una de ellas sería aumentar las aportaciones que realiza Pemex al gobierno y disminuir los apoyos gubernamentales a la petrolera. Resulta evidente que el actual gobierno tiene muy claro el objetivo de seguir apoyando a Pemex; de hecho, en el paquete económico del 2024 lo confirma, con medidas fiscales y de gasto. Pemex ha representado el eslabón más débil en las finanzas públicas en esta administración, pese a que el gobierno –hasta este año– ha sido conservador en el gasto. Pero los apoyos a Pemex han sido considerables, y la realidad es que su situación financiera no mejora, pareciera ser un barril sin fondo. Las medidas contempladas en el paquete económico del 2024 tienen como objetivo mejorar la situación financiera de la empresa estatal y sobre todo, hacer frente a los vencimientos de deuda que enfrentará, que ascienden a 10.9 mil millones de dólares.
Para darnos una idea más clara del sustancial incremento en las erogaciones que el gobierno ha hecho a Pemex, desde el 2015 y considerando las proyecciones del 2024, los apoyos gubernamentales totalizan la cantidad de 2.2 billones de pesos. Estos recursos provienen de las aportaciones patrimoniales (transferencias de capital) y la reducción del Derecho de Utilidad Compartida (DUC).
Resulta evidente que las transferencias que realiza Pemex al gobierno mediante pago de derechos e impuestos han dañado los ingresos fiscales porque han disminuido significativamente. La tasa del DUC ascendía a 65 por ciento en el 2018, disminuyendo a 30 por ciento en el 2024. Del 2015 al 2023 los recursos del DUC han disminuido 46 por ciento.
Por otro lado, las aportaciones patrimoniales del gobierno para Pemex son recursos del presupuesto que pudieran ser destinados a otros proyectos, otorgando un mayor espacio fiscal. Estos apoyos totalizan 1.3 billones de pesos, tan solo se contempla que en el 2024 la aportación sea por el orden de 170.9 mil millones de pesos.
Para la siguiente administración resultará una necesidad imperiosa implementar una reforma fiscal, la otra reforma es recuperar la capacidad de pagar de Pemex y disminuir las aportaciones patrimoniales.