Bolivia cumple el pronóstico que señalaba al país como uno de los más vulnerables frente a la pandemia. Pese a la cuarentena de tres meses, el momento más temido, el del desborde del sistema sanitario, ha llegado. 10 personas murieron en la calle en cuatro ciudades bolivianas, según ha reportado la prensa nacional. En todos los casos, estas personas fallecieron luego de peregrinar por varios hospitales que no quisieron o no pudieron acogerlos. El Gobierno interino de Jeanine Áñez responsabiliza de la situación del sistema de salud al exmandatario Evo Morales, que, según el oficialismo, gastó más en canchas de fútbol que en hospitales durante sus 14 años de mandato. No está claro en qué medida la presidenta transitoria ha mejorado las condiciones que heredó, pero en medio de estas circunstancias busca aplazar la fecha de las elecciones, fijadas para el 6 de septiembre.
El embate de la enfermedad es, a primera vista, más leve que en otros países con el mismo número de habitantes. En Bolivia viven alrededor de 11 millones de personas, entre los cuales se han detectado algo más de 19.000 contagios de la covid-19 y 679 personas fallecidas. El problema reside en la precariedad del sistema de salud. Antes de la pandemia, Bolivia contaba con apenas 430 camas de terapia intensiva y 190 intensivistas, un 35% de lo que debía tener para el tamaño de la población. El 60% de estas camas estaba en el sector privado, el cual hasta ahora solo se ha sumado parcialmente a la lucha contra el nuevo coronavirus. Los centros médicos designados para tratar la covid-19 están completamente ocupados, en particular las unidades de terapia intensiva. En Santa Cruz, las clínicas privadas también han sido sobrepasadas. Otros hospitales, reservados para la atención de patologías diferentes, solo funcionan parcialmente por los contagios de su personal.
El desborde también se nota –como ocurrió en su momento en Guayaquil (Ecuador)– por el colapso del sistema funerario. En Trinidad, dos nuevos cementerios se llenaron de tumbas en una cantidad que duplica la cifra oficial de fallecidos por la pandemia. En Cochabamba, se reporta que el único horno de cremación de la ciudad se sobrecalentó y que se recurrirá a fosas comunes. No existen estadísticas exactas, pero varios sospechosos de estar contagiados han muerto en sus domicilios.
El Gobierno interino sopesó un ambicioso plan inicial de equipamiento de los servicios de salud que quedó en el aire por las consecuencias de un escándalo de corrupción que estalló a mediados de mayo, cuando se descubrió que el Ministerio de Salud había comprado 170 respiradores de poca utilidad con un sobreprecio millonario. Desde entonces, las compras masivas de material médico han quedado suspendidas.
El Gobierno ha sido más eficiente en sus esfuerzos por imponer un estricto confinamiento durante casi tres meses, pero la medida terminó volviéndose insostenible para los trabajadores informales, que constituyen el 70% de la fuerza laboral del país. Desde el 1 de junio, trabajar está permitido, así que las calles se llenan de transeúntes durante la mañana y hasta el toque de queda de las cinco de la tarde. Esta flexibilización ha acelerado el ritmo de los contagios, aunque en menor medida en las ciudades de altura, como La Paz, Oruro y Potosí, que en las que se ubican en sitios más llanos, como Santa Cruz, Cochabamba y Trinidad. Este comportamiento repite el de otros países de topografía montañosa y está siendo estudiado por los científicos.
Desde el comienzo de la pandemia, ha habido conflictos con médicos y sanitarios que se resistían a tratar a pacientes con la covid-19, argumentando la falta de equipos de bioseguridad. Estos equipos han ido llegando a los hospitales, pero a pesar de esto, en Santa Cruz, que es la región más golpeada por la pandemia, fallecieron 10 médicos. Allí mismo, los médicos del hospital San Juan de Dios se acaban de declarar en huelga de hambre para exigir una mayor atención a sus requerimientos. También otros sindicatos de trabajadores del sector de la salud han anunciado que protestarán con las mismas demandas.
Las demandas de insumos e inversiones que se hacen a las Gobernaciones y gobiernos municipales son numerosas y cotidianas. A la vez, las administraciones locales piden al Gobierno nacional que les dé la ayuda prometida, que ha ido llegando “por cuentagotas”. Por ejemplo, el Gobierno se tomó varias semanas en inaugurar un hospital construido durante el Gobierno de Morales en la ciudad oriental de Montero, particularmente afectada por la pandemia, por razones burocráticas. Pese a todo, la inversión en Salud en los últimos tres meses ha sido, según el oficialismo, superior a la que se hacía durante un año completo antes de la pandemia.
La situación sanitaria del país es invocada por los dos bandos en los que está dividida Bolivia a causa de la fecha de realización de las elecciones presidenciales suspendidas. Los dos mayores partidos de oposición, el Movimiento al Socialismo de Morales y Comunidad Ciudadana, del expresidente Carlos Mesa, participaron de un acuerdo gestado por el Tribunal Supremo Electoral para convocar las elecciones el 6 de septiembre. Se suponía que esta fecha sería aceptada por Áñez, pero, al final, no fue así. La presidenta interina decidió no promulgar la ley de convocatoria aprobada por la Asamblea Legislativa y exigió a la presidenta de este organismo parlamentario, Eva Copa, que presentara un informe epidemiológico para probar que la realización de las elecciones en septiembre sería inocua para la población. Copa ha respondido que si el Ejecutivo sigue resistiéndose a promulgar la ley, ella misma cumplirá el trámite, lo que está permitido en la legislación boliviana. Si el oficialismo aduce que llamar a elecciones relativamente pronto complicará la situación de sanidad del país, la oposición cree que las elecciones permitirán dotarle a Bolivia de un liderazgo que cumpla mejor sus obligaciones para con la salud de sus pobladores.