La policía de inmigración de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha anunciado este miércoles que suspende la mayoría de las detenciones de inmigrantes irregulares debido a la situación de alarma provocada por el avance del coronavirus. Hasta principios de marzo, seguían realizando redadas y detenciones en las grandes ciudades, de acuerdo con el criterio del Gobierno de Donald Trump de deportar a la mayor cantidad de gente posible. El cambio de criterio es “temporal”, aclara el cuerpo policial.
A partir de ahora, ICE “se centrará en peligros para la salud pública e individuos que tengan órdenes de detención basadas en delitos”. “Para aquellos individuos que no entran en estas categorías, se ejercerá la discreción para posponer las detenciones hasta que pase la crisis, o se utilizarán alternativas a la detención según convenga”, dice el comunicado de la agencia.
Entre los ejemplos que cita de individuos que suponen un riesgo para el público y la seguridad nacional, ICE cita aquellos relacionados con delitos de explotación de menores, tráfico de personas o de drogas y actividad de bandas o terroristas.
El punto más relevante del anuncio es que la policía no realizará detenciones ni en el interior ni cerca de servicios sanitarios como clínicas, hospitales o consultas de médicos. “La gente no debería evitar el cuidado médico por miedo a la actividad policial de inmigración”.
La policía de inmigración había seguido con detenciones y redadas hasta bien entrado el mes de marzo, cuando ya se contaban los primeros muertos en Estados Unidos y era evidente el nerviosismo en los supermercados. Un reportaje de Los Angeles Times esta misma semana acompañaba a los agentes por la ciudad californiana. Uno de los detenidos aseguraba llorando que se dirigía a comprar comida por el coronavirus: “Soy el cabeza de familia. Si me encierran, ¿qué va a pasar con el alquiler y la comida?”. Tenía antecedentes por conducir ebrio.
En ese reportaje, el director de la oficina regional de ICE, David Marin, afirmaba que pensaban seguir adelante con las operaciones a pesar de la expansión del Covid-19. “Pedirnos que dejemos de hacerlo básicamente les da a estos criminales la oportunidad de cometer más delitos y provocar más víctimas”, decía Marin al Times hace solo dos días.
La expansión del Covid-19 ha hecho evidentes los efectos colaterales de la agresividad de la Administración de Donald Trump contra los inmigrantes irregulares en Estados Unidos, que suman unos 11 millones de personas en todo el país, con grandes concentraciones en las grandes áreas metropolitanas. Las policías locales llevan años advirtiendo que aterrorizar a cientos de miles de personas tiene efectos negativos en la lucha contra el crimen, puesto que recelan de la policía a la hora de denunciar o declarar como testigos. En una crisis sanitaria como esta, la consecuencia es que estas poblaciones enormes de indocumentados puedan no acudir a los servicios médicos.
Este miércoles también se cancelaron todas las audiencias de deportación en los juzgados de inmigración para inmigrantes que no estén detenidos. Los jueces y fiscales se habían quejado de que les estaban poniendo en riesgo en plena crisis del Covid-19. La oficina de inmigración de EE UU también ha pospuesto todas las entrevistas en persona para visados y las ceremonias de nacionalización están aplazadas al menos hasta abril.
Abogados y organizaciones de defensa de los inmigrantes llevan semanas pidiendo al Gobierno que cese las detenciones y sobre todo el internamiento de inmigrantes y considere otras opciones como el brazalete electrónico de vigilancia. Las personas arrestadas son enviadas a centros de detención que ya son por sí mismos lugares de riesgo para la expansión de la pandemia. Hay más de 37.000 inmigrantes detenidos en todo el país. El martes, 10 internos de un centro de detención de Denver fueron puestos en cuarentena. Existe el temor de que en cualquier momento pueda haber un brote.