La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha solicitado al Ministerio Público declarar por videoconferencia en la investigación abierta en su contra por la muerte de manifestantes durante las protestas de los últimos meses.
El Gobierno ha explicado además que Boluarte no ha acudido a las primeras dos citaciones que se le cursaron porque no recibieron respuesta de parte de la Fiscalía a su petición.
«La presidenta de la república no pidió reprogramación para declarar ante el Ministerio Público. En las dos fechas programadas por la Fiscalía se solicitó que las diligencias sean realizadas vía virtual y no se obtuvo respuesta», sostiene el Ejecutivo.
El primer día que fue convocada a declarar, el 30 de enero, Bolaurte dijo que estaba dispuesta a declarar de manera virtual, solicitud que no recibió respuesta desde la Fiscalía.
«El Ministerio Público emitió una nueva citación para el 23 de febrero y la defensa de la presidenta solicitó que sea virtual, sustentado en los riesgos de seguridad y agitación social que podría generar su asistencia a la fiscalía. Este pedido no ha sido resuelto aún», continúa el Gobierno.
Rechaza así que Boluarte esté rehuyendo de la justicia o postergando sus declaraciones, ya que asegura que hay un compromiso por su parte para participar en las diligencias que se consideren convenientes.
«La presidenta está a la espera de una respuesta para ejercer su derecho a la defensa y prestar declaraciones en el marco del debido proceso y prerrogativas que se amparan en la ley y la Constitución», ha remachado.
Boluarte está siendo investigada de forma preliminar por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de genocidio por las muertes durante las protestas a nivel nacional en diciembre del 2022 y enero del 2023.
También está entre los sospechosos el primer ministro y exministro de Defensa Alberto Otárola, así como otros miembros del Gabinete.