La presidente de Honduras, Xiomara Castro, ha anunciado que la Policía Militar tomará desde este miércoles el control de las cárceles del país en respuesta a la última crisis penitenciaria en el que una reyerta dejó 46 personas muertas en penal de mujeres cercano a Tegucigalpa, la capital.
El Gobierno ha dado un conocer un plan de diez medidas para recuperar el control de las cárceles del país, entre las que destacan la extensión del estado de excepción —vigente desde el 6 de diciembre de 2022—, otorgar el control de las mismas a los militares, o sustituir la prisión preventiva a todas las mujeres que no estén condenadas, o sufran de enfermedades graves.
Destaca también la orden de habilitar las instalaciones de Islas del Cisne, un archipiélago situado en el mar Caribe a unos 250 kilómetros de Honduras, como granja penitenciaria para enviar y así aislar a los cabecillas de los grupos criminales, a los que se responsabiliza de los problemas en los penales.
El programa de diez puntos también recoge algunos gestos simbólicos, como la suspensión de los todos los actos festivos previstos para el 28 de junio, día del aniversario del golpe de Estado y solo se conmemorará el recuerdo de las víctimas, el izamiento de las banderas a media asta, o los tres días de luto nacional.
También se ha confirmado el cese de todos los miembros de la Junta Interventora de los centros penitenciarios, entre ellos su titular, Julissa Villanueva, mientras que Castro ha tomado posesión de los nuevos cargos, entre ellos el nuevo director de la Policía Nacional, el general Juan Manuel Aguilar Godoy, y el nuevo secretario de Seguridad, el general Gustavo Sánchez, entre otros.