Venezuela quedó fuera como país miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, este país no consiguió la reelección para el período 2023-2325. El Director para la ONU de Human Rights Watch expuso “que la brutal arremetida contra opositores y a su población en Venezuela, hace que el país no tenga credenciales para pertenecer al máximo órgano de DDHH de la ONU”. (1).
La sociedad venezolana ha puesto a trabajar sus mecanismos de resiliencia. Con dolor y angustia sigue hacia adelante, sacando toda su creatividad y su inteligencia con perseverancia. Lo ha intentado de nuevo y salió una vez más, en la búsqueda de ayuda jurídica internacional. Está aferrada a una tabla de salvación y tiene sus esperanzas puestas en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (DD.HH de la ONU). La sociedad venezolana ha demostrado tener una capacidad de lucha y una capacidad para adaptarse a situaciones adversas admirable, pero con objetivos claros para alcanzar los resultados necesarios y urgentes. Sabe que el futuro de la patria depende de cumplir con una única meta: liberar a Venezuela de la peor dictadura jamás vista en esa Tierra de Gracia y lograr el rescate de los derechos humanos de los venezolanos en todas las regiones del país y de todos los que se han visto obligados a emigrar.
El Consejo de DD.HH de la ONU aprobó renovar el mandato de la Misión Independiente sobre Venezuela extendido por dos años. El proyecto de resolución L41 fue copatrocinado por 48 países y manifiesta la preocupación por las continuas y graves violaciones y transgresiones de los derechos humanos en Venezuela y respalda la prórroga del mandato de la Misión “con miras a combatir impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. Además, insta al Estado venezolano a liberar inmediatamente a todos los presos políticos y todas las personas privadas de libertad de manera ilegal o arbitraria. (2)
Al respaldar y extender el mandato de la Misión, la tarea es frenar el genocidio, el exterminio y tal como lo plantea el Historiador Walter Márquez, el “Democidio” o la eliminación de un pueblo, sus vidas, sus valores, su multiculturalidad y es aquí en donde nos detenemos a reflexionar acerca de lo que significa una sociedad multicultural y los derechos humanos de todas las etnias que habitan en el territorio venezolano.
La Constitución venezolana reconoce a este como un país multiétnico, y a una sociedad multicultural, con una población de 32 millones de personas, con aproximadamente un 2.8% de población indígena, de acuerdo con el censo realizado en el año 2011. La Constitución establece los derechos de las comunidades que hoy habitan el denominado por el Régimen de Nicolás Maduro: “Arco Minero del Orinoco” en el Estado Bolívar y de las comunidades indígenas que habitan el territorio nacional. En su artículo 119 reconoce su existencia, su organizaciones sociales, políticas y económicas, sus culturas, usos y costumbres, lenguaje y religiones, así como sus hábitats y derechos originarios sobre la tierra que han ocupado durante tiempos ancestrales y la obligación que tiene el Estado Venezolano en velar por su bienestar y protegerlos al igual que a todos sus ciudadanos.
En el punto III del Informe de la Misión Independiente de los DD.HH de la ONU sobre Venezuela, se presenta la situación de los derechos humanos en las zonas de minería del oro en el “Arco Minero del Orinoco” en el noreste del estado Bolívar y la situación de los derechos humanos en los territorios indígenas y zonas aledañas del municipio Gran Sabana en el sur del Estado Bolívar. Es decir, plantea la situación del estado de mayor extensión territorial de la República Bolivariana de Venezuela con 16 comunidades indígenas y grandes áreas protegidas, rico en minerales estratégicos, oro, diamantes, coltán y bauxita. Además de las grandes reservas de agua y bosques tropicales.
Se ha logrado denunciar a través de este organismo yvisibilizar el problema ante la comunidad internacional, es en este punto donde tenemos que reflexionar acerca de cuáles son las siguientes acciones en pro de la defensa de los venezolanos mineros e indígenas que habitan al Sur del Orinoco. Para contribuir a su defensa y a detener los delitos que se extienden a estas zonas remotas del país, marcado por “la criminalidad generalizada, la impunidad y la falta de gobernabilidad” (3).
Tenemos por delante la tarea de trabajar como sociedad venezolana en primer lugar en reconocer la importancia de la inclusión social y de la apertura hacia la multiculturalidad, estamos hablando de “ciudadanos” venezolanos, no de “habitantes” de una región del país. Estos ciudadanos son parte de nuestra venezolanidad, pero a la vez, mantienen sus diferencias étnias, su lengua, su cultura, su modo de vida y costumbres.
La sociedad civil venezolana no debe seguir siendo un espectador pasivo, debe sumarse en primer lugar a las acciones de lo que puede llamarse “pedagogía política”, es decir, tener presente que, en la reconstrucción de Venezuela, se hace imperativo que participemos en la defensa de estos ciudadanos. Nuestra participación política es fundamental, no solo en la creación de un gobierno que reemplace a la dictadura sino en acercarnos con planes a corto y largo plazo para combatir el genocidio y el etnocidio que se está llevando a cabo al Sur del Orinoco. Estamos convencidos de que la sociedad venezolana si puede hacer lo imposible…posible. www.venamerica.org.
* Comité Sectorial de DD.HH de Venamérica
Referencias:
- Carolina Alcalde VOA. Análisis Libre. (Oct, 2022).
- Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) “Informe Anual de Violencia 2021”, “28-12-2021.
- Informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Pág.22.
Por: Prof. Antropóloga Liliana Ponce Ms. Ed. *