Tras dos meses de silencio, el macrismo ha encontrado donde golpear al Gobierno del peronista Alberto Fernández. El debate público se encendió alrededor de la subida de las pensiones decretada el viernes por el presidente de Argentina, que no toma en cuenta el sistema de actualización que rige por ley desde 2018, cuando Mauricio Macri era presidente.
Las pensiones más bajas, que superan la mitad del total cuando se suman los planes sociales que reciben los más pobres, subirán en marzo 13%, contra el 11,5% que hubiese correspondido con el método anterior. Pero como la subida se hizo con una suma fija de 1.500 pesos (24 dólares) y un adicional del 2,3%, su impacto sobre las pensiones más altas será mucho menor, hasta del 7% en el 13% de aquellos que están en la punta de la pirámide. El macrismo ha denunciado un “ajuste de gastos” sobre los jubilados, un sector históricamente postergado y cuya defensa es bandera histórica del peronismo. Para Fernández no hubo ajuste, sino solo un “achatamiento” de la pirámide que busca que el sistema sea más equitativo.
«Cumplimos en mejorar la situación de los más desfavorecidos y vulnerables», dijo Fernández en rueda de prensa al anunciar los incrementos. La oposición no estuvo de acuerdo. “Este nuevo sistema de actualizaciones discrecionales, según las necesidades del Gobierno, es un paso atrás en la construcción de nuestra soberanía. Los jubilados tienen derecho a saber cuánto van a cobrar, más allá de la generosidad puntual del gobierno de turno”, dijo la alianza macrista Cambiemos en un comunicado que difundió en redes. Ya en diciembre pasado, días después de asumir, Fernández había advertido que el 11,5% de subida que preveía la fórmula macrista era “impagable”. “Vamos a seguir aumentándoles [a los jubilados] con toda la generosidad que podamos. No voy a congelar las jubilaciones, pero [Macri] puso una fórmula de imposible cumplimiento”, denunció el nuevo presidente.
El debate sobre cómo actualizar las pensiones es histórico en Argentina. Según datos oficiales, en noviembre pasado, un mes antes del cambio de Gobierno, el pago de “jubilaciones, pensiones y asignaciones” representó casi el 53% del gasto público, antes de las cancelaciones de los intereses de la deuda pública. Cada pequeño aumento tiene un impacto enorme en las arcas estatales. El 1 de octubre de 2008, el kirchnerismo estableció por ley que las subidas serían el resultado de una ecuación que tomaba en partes iguales la variación de los salarios y la recaudación de impuestos. En diciembre de 2017, Macri impulsó en el Congreso un nuevo sistema basado en un 70% en la variación de la inflación y 30% en la evolución del salario medio.
La aprobación de aquella ley fue un escándalo. El peronismo y grupos de izquierda rodearon el Congreso y a pedradas obligaron a suspender el primer intento de debate. El macrismo negoció finalmente los votos con los gobernadores peronistas, pero no evitó que el segundo intento, exitoso, se celebrase en un Congreso blindado por la policía y gravísimos incidentes. El argumento de la oposición, y hoy oficialismo, era que la nueva fórmula reduciría los porcentajes de subidas que preveía la ley kirchnerista. Cambiemos recordó ahora aquellos incidentes. “¿Te acordás cuánto nos costó una fórmula justa para todos nuestros jubilados? 14 toneladas de piedra, decenas de policías heridos, una plaza destruida, y el agravio institucional de los mismos que hoy los ajustaron”, escribió la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, actual presidenta del PRO, el partido de Macri.
El problema de fondo es que las previsiones económicas que sustentaron la fórmula macrista nunca se cumplieron. Meses antes de la discusión de la ley en el Congreso, el entonces ministro de Economía, Nicolás Dujovne, vaticinaba que Argentina tendría en 2019 una inflación de 5%, pero finalmente fue del 53,5%. Por eso Fernández insiste en que la fórmula macrista es “impagable”, en momentos en que el Estado tiene sus cuentas en rojo y la Casa Rosada negocia con el FMI una moratoria a los vencimientos de la deuda externa.
La nueva modalidad supondrá un ahorro para el fisco de unos 5.500 millones de pesos por mes (88 millones de dólares), según cálculos de consultoras privadas. Fernández, no obstante, rechaza la acusación de Cambiemos de que haya recortado el gasto a costa de los jubilados. “Eso no es cierto, no hay ajuste”, dijo el domingo en un mensaje que colgó en sus redes sociales. Según el nuevo esquema, las subidas más importantes alcanzarán al 87% de los jubilados más pobres. El Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, explicó que la jubilación mínima subirá hasta los 252 dólares, pero advirtió que “habrá reclamos judiciales del 13% que cobra las mejores pensiones”.
Fuente: El País
La subida de las pensiones decretada por Fernández da alas a la oposición macrista en Argentina
