La reforma a la Ley Electoral aprobada por el régimen de Daniel Ortega a inicios de mayo fue la última estocada a esa herramienta que le daba, al menos escrito en papel, el “derecho” a los nicaragüenses a elegir. Y es que a menos de cinco meses de las elecciones municipales no se observa ninguna organización de dicho proceso, porque el régimen ya no necesita simular los comicios.
Desde la llegada al poder de Daniel Ortega en enero de 2007, los nicaragüenses no han vuelto a tener la oportunidad de elegir libremente. Los fraudes se han materializado desde 2008 hasta las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, en las que Ortega se declaró “ganador” en un proceso en el que encarceló a sus oponentes para no perder el poder. Siete exaspirantes presidenciales permanecen tras las rejas, sentenciados a largas condenas por pretender disputarle la silla presidencial al dictador sandinista.
Ortega estaba claro en el hecho de que cualquiera que compitiera contra él en ese momento le podría ganar las elecciones, ante el cansancio y la desesperación del pueblo nicaragüenses frente a una política sistemática de abusos, robos y crímenes, la misma con la que el dictador gobernó en la década de los 80, durante el primer régimen sandinista, y que gracias al pacto político con el expresidente Arnoldo Alemán, permitió al tirano instalarse en la silla presidencial.
Tras su retorno al poder, cada uno de los fraudes de las elecciones municipales y presidenciales han sido documentados por la oposición, desde 2008. Durante las manifestaciones de abril de 2018, Ortega desmanteló las protestas tras los fallidos “diálogos” que propuso para oxigenarse y causar una estela de muertes, heridos, encarcelamientos y exilio al asfixiar las protestas a sangre y fuego. Decenas de jóvenes fueron asesinados a los ojos del mundo.
Pese a que los organismos de derechos humanos han documentado que Ortega cometió crímenes de lesa humanidad, nada ha pasado. Las sanciones contra el régimen y las condenas de la comunidad internacional, continúan. Sin embargo, Ortega mantiene a casi 200 opositores en las cárceles, sin que se vislumbre una salida a la grave crisis sociopolítica en el país.
El exjefe “Contra” (el grupo que luchó para derrocar la primera dictadura sandinista en los años 80), Luis Fley, teme que el conflicto pueda conducir a una nueva guerra debido a que Ortega ha cerrado los espacios cívicos.
El dictador no quiere diálogos con una oposición que no tiene nada que ofrecer y, por ahora, tampoco quiere negociaciones con la comunidad internacional, envalentonado por los triunfos de sus aliados de la izquierda en América Latina, el apoyo de Irán, China y de Rusia, aunque este último país ya no esté en condiciones de ofrecer mucho, ante una desgastante guerra que no ha podido ganar en Ucrania.
Hoy, con todos los hilos del poder bajo su control, Ortega ya no disimula y logró imponer, tras más de 15 años consecutivos en el cargo, los “comicios de sus sueños”, en los que no tendrá oponentes y le permitirá a su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), obtener un jugoso botín, millones de dólares del reembolso electoral.
En la última elección presidencial en 2021, el partido de Ortega, logró apropiarse de 17.4 millones de dólares, en concepto de “gasto” de campaña electoral, esto pese a que la misma nunca existió. Esta es, por cierto, otra manera que Ortega utiliza habitualmente para sustraer fondos públicos para enriquecerse.
Los fraudulentos comicios de noviembre
El analista político Francisco Delgadillo, explicó que la recién aprobada reforma electoral a la Ley 331, establece en su artículo 16, que los Consejos Municipales Electorales y los Consejos Departamentales Electorales deberán estar integrados y tomarán posesión de su cargo al menos cinco meses antes del día de la elección y cesarán en sus funciones cinco días después de la toma de posesión de las autoridades electas.
Pero a cuatro meses y medio de las mentadas elecciones, el Consejo Supremo Electoral (CSE), integrado por militantes sandinistas y aliados de Ortega, no da señales de estar organizando nada.
Delgadillo agregó que la reforma electoral aumenta el número de votantes por Juntas Receptoras de Votos (JRV) de 400 a 600. “Imagino que estarán preparando cómo van a distribuir todo eso”, refiere en este sentido.
El analista estima que lo anterior significará que los ciudadanos podrían ser “reubicados” y tener que votar en otras JRV, y cree que “habría menos participación. Yo veo que la gente no tiene interés en votar”, subrayó.
La reforma también reduce el periodo de tiempo a los candidatos para la campaña electoral que será de solo 20 días para las elecciones municipales, y 30 para las elecciones presidenciales, lo que limitaría a los candidatos el tiempo para dar a conocer sus propuestas.
“Veo que esto lo hicieron para que no participe mayor cantidad de gente y los únicos que están legalmente inscritos y que pueden participar (en las elecciones, son los partidos) el APRE, el ALN, PLC y el PLI, que son sus aliados (de Ortega)”, precisa Delgadillo.
En las elecciones presidenciales de noviembre el gran ganador fue el abstencionismo: más del 80% de los ciudadanos en edad de votar no acudieron a las urnas.