Vladimiro Mujica,
La amenaza contra los venezolanos de bien, contra la soberanía popular y, especialmente, contra los individuos mencionados explícita o implícitamente en la sentencia del TSJ no puede ser ignorada; pero quizás la razón para no hacerlo no sea precisamente pronunciarnos sobre su contenido, sino sobre la oportunidad que se abre para dar un paso monumental en la dirección de construir la unidad posible de la oposición democrática en Venezuela.
La sentencia del TSJ alcanza a buena parte de la oposición, dentro de la Plataforma Unitaria y fuera: Guaidó y el interinato, el G3 y el G4, los miembros de la AN 2015, incluidos todos los integrantes de las directivas previas a la de Guaidó, los miembros de las juntas directivas de Pdvsa ad hoc, Citgo y Monómeros, las autoridades designadas por la AN 2015, especialmente los procuradores, y miembros del CAPA por su papel en relación con la administración de los activos petroleros, Henrique Capriles, cuya inhabilitación se mantiene y, por supuesto, María Corina Machado (MCM), quien es sindicada de ser el punto nodal de una conspiración de gran calibre contra la nación venezolana.
Más allá de espantarse o sorprenderse frente al contenido y alcance de la sentencia del TSJ, creo que hay que entenderla como una acción del régimen para obtener su verdadero propósito de mantenerse en el poder utilizando una estrategia que le permita ganar las elecciones de 2024 bajo un esquema amañado que tiene dos ingredientes fundamentales: uno, la manipulación del registro electoral, y, el segundo, lograr que parte de la oposición acuda a la cita electoral para legitimar este acto fraudulento. Para alcanzar este propósito se acude a la medida extrema de usar al TSJ no solamente para mantener la inhabilitación inconstitucional de MCM, quien había sido escogida como la líder de la oposición en el sorprendente acto de reafirmación de la voluntad popular que constituyó la primaria, sino de lanzar una amenaza urbi et orbi a todo quien intente interferir con los designios del régimen. Increíblemente, el régimen arguye que sus acciones no violan el Acuerdo de Barbados, porque este acuerdo no establecía la suspensión de las inhabilitaciones si las mismas eran ratificadas de acuerdo con la Constitución, que es presumiblemente lo que el TSJ acaba de hacer. La verdad es que el Acuerdo de Barbados era letra muerta sin las garantías que podía ofrecer el gobierno de Estados Unidos, en el contexto de la mesa de Qatar, un espacio en el que no participó ningún representante de la oposición. La presión norteamericana sobre el gobierno de Maduro una vez obtenidas la suspensión de las sanciones y el intercambio de prisioneros del régimen por Alex Saab, se debilitó notoriamente a pesar de algunas declaraciones de funcionarios del gobierno de Biden en el sentido de que habían fuertes indicios de que el gobierno venezolano iba a suspender las inhabilitaciones.
Capítulo aparte en todo este entramado de amenazas contra la soberanía popular, lo constituye la conducta violatoria de los derechos humanos del CNE, al pretender mantener un status quo del registro electoral que obstaculiza de manera terminal la posibilidad de participación de cerca de 10 millones de venezolanos. Un número alucinante pero cierto que incluye tanto a los nuevos votantes no registrados en Venezuela y en la diáspora, como a todos los ciudadanos que no han podido actualizar su residencia en el REP. Si las elecciones presidenciales son en diciembre, seis meses antes se cierra el período legal para hacer cambios en el REP. Es decir, que nos estamos aproximando a una situación de fraude continuado contra un porcentaje importante de nuestros ciudadanos, al impedirle ejercer sus derechos políticos. A esta situación hay que añadirle la persecución judicial contra los miembros del comando de campaña de MCM.
¿Cuál es entonces el verdadero propósito de esta acción concertada del gobierno, orquestada a través del CNE, el TSJ, la Fiscalía y los organismos de seguridad del Estado? La respuesta es simple: se pretende desarticular cualquier intento de la oposición de mantenerse en la ruta electoral a través del miedo y la intimidación. Tener una respuesta a esta pregunta es esencial para el diseño de una estrategia de respuesta al régimen. Para articular esta respuesta es indispensable partir del origen de todo aquello que el régimen teme, y especialmente tener en cuenta que la primaria fue un acto de expresión popular originalmente convocado para elegir a un candidato a las elecciones presidenciales, que se convirtió en un fenómeno social que se expresó en la elección de MCM como una líder de la Venezuela libre y democrática, mucho más allá del objetivo limitado del evento organizado por la Plataforma Unitaria y adelantado por la Comisión Nacional de Primaria.
Todo lo anterior se traduce en que la convocatoria de la líder de la Venezuela democrática MCM a la unidad posible en la Gran Alianza Nacional debe ser atendida por todos los factores de la oposición democrática para asegurar que la ruta al voto siga abierta, independientemente de los obstáculos que pretende imponer el régimen. Visto así, la sentencia del TSJ, que en verdad constituye una grave violación del Acuerdo de Barbados, como lo señaló Gerardo Blyde, puede, increíblemente, y contra todo propósito del gobierno, transformarse en una nueva oportunidad para esa unidad superior que tiene el interés de Venezuela como primera prioridad.
El régimen ha convocado a la así llamada “furia bolivariana” como otro intento de usurpación de la figura y la historia del Libertador Simón Bolívar. Olvida el gobierno con prodigiosa facilidad las palabras premonitorias de advertencia del Bolívar civil, no el militarista, en el Congreso de Angostura en 1819: “La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El Pueblo se acostumbra a obedecerle, y él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía”. Quizás llegó el momento en que el pueblo venezolano y su dirigencia democrática convertirán en práctica la verdadera furia bolivariana que se expresa en la profunda admonición del Libertador.