Cuando el recién nombrado presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró en su primer discurso a la nación que la principal amenaza interna del país procedía de “grupos supremacistas” (expresión en código para designar a sus rivales políticos); cuando su fiscal general, Merrick Garland, volvió a insistir en lo mismo como si enunciara un hecho incontestable y cuando los principales medios repitieron la misma consigna como si se tratase de un hecho evidente, se les olvidó un pequeño detalle: ofrecer una sola prueba. Citar un solo grupo terrorista de esta cuerda que estuviera operativo realizando atentados y ataques, lo que hubiera sido fácil de ser cierta la acusación.
Semejante afirmación, por lo demás, resultaba siquiera un tanto sospechosa después de una campaña electoral marcada por los desmanes de Black Lives Matter en más de una veintena de ciudades norteamericanas, donde provocaron muertes, asaltos, incendios y pillaje generalizado propios de una guerra civil.
Pero ahora son gente seria y circunstancias innegables las que están poniendo de manifiesto que, por el contrario, la principal amenaza a la seguridad nacional viene de la izquierda como, por otra parte, es lo habitual. Y el dato más elocuente procede, paradojas de la vida, de la misma administración norteamericana.
Según el gobierno, algunos de los grupos de izquierda están recibiendo financiación rusa para “sembrar discordia, difundir propaganda prorrusa e interferir en las elecciones dentro de los Estados Unidos”. El 29 de julio, el Departamento de Justicia (DOJ) anunció la acusación contra un ciudadano ruso de trabajar en nombre del gobierno ruso para sembrar la discordia en los Estados Unidos. “Desde al menos diciembre de 2014 hasta marzo de 2022, Aleksandr Viktorovich Ionov, residente de Moscú, junto con al menos tres funcionarios rusos, participaron en una campaña de influencia extranjera maligna de un año de duración dirigida a Estados Unidos”, alega la acusación.
Un comunicado de prensa del Departamento de Justicia que recoge The Epoch Times reza: “Ionov, trabajando bajo la supervisión del FSB [Servicios de Seguridad Federales de Rusia] y con el apoyo del gobierno ruso, reclutó grupos políticos dentro de los Estados Unidos, incluido el Grupo Político 1 de EE.UU. en Florida, el Grupo Político 2 de EE.UU. en Georgia y el Grupo Político 3 de EE.UU. en California, y ejercía dirección o control sobre ellos en nombre del FSB”.
Uno, dos y tres. Veamos cuáles son estos grupos financiados por los rusos, todos exquisitamente de izquierdas. En agosto, el Tampa Bay Times informó de que el “Grupo Político 1” mencionado en la acusación es el Partido Socialista Popular Africano (APSP) de San Petersburgo, Florida. En el sitio web del grupo se cita a su presidente, Omali Yeshitela, diciendo “necesitamos una revolución” y exigiendo reparaciones monetarias por la esclavitud.
El Atlanta Journal-Constitution identificó al “Grupo Político 2” en un artículo del 29 de julio como el Black Hammer Party con sede en Atlanta. El 31 de mayo de 2020, el sitio web del grupo presentó una declaración de Ionov en respuesta a la muerte de George Floyd que decía: “Justicia para George Floyd y todas las personas colonizadas (también conocidas como “personas de color”), que han muerto a manos del terrorismo colonial del Poder Blanco (también conocido como el sistema policial racista de Estados Unidos)”.
El Sacramento Bee identificó al “Grupo Político 3” como Yes California, una organización formada para promover la secesión de California de los Estados Unidos. Louis Marinelli, el fundador de la organización, había trabajado en Rusia enseñando inglés. Según algunas fuentes de noticias, es posible que Marinelli alguna vez haya tenido puntos de vista conservadores, sin embargo, el feed de Twitter Yes California criticó al presidente Donald Trump y sugirió que sus políticas «reaccionarias» estaban ayudando a impulsar el movimiento de secesión de California.
Vaya, ningún MAGA a sueldo de los rusos.
Por lo demás, en 2020, el Centro Miller para la Protección y Resiliencia Comunitaria de la Universidad de Rutgers emitió un informe que encontró evidencia de que los grupos de izquierda representan una amenaza considerable: “Las milicias anarcosocialistas que glorifican explícitamente las narrativas de los mártires, las narrativas autoritarias clásicas y las narrativas revolucionarias ahora se están organizando formalmente y están creciendo”.
El Miller Center citó a grupos de izquierda como el Frente de Liberación Juvenil, el John Brown Gun Club, Redneck Revolt y la Socialist Rifle Association, entre otros, que afirman tener entre 10.000 y 40.000 miembros en las cuentas de las redes sociales. El informe del Miller Center dice que estos grupos usan las redes sociales para promover la violencia: “Los foros anarcosocialistas extremos en línea en Reddit usan memes que piden la muerte de la policía y memes para almacenar municiones para promover la revolución violenta”.
El informe cita el ejemplo de Willem Van Spronsen, muerto a tiros durante un tiroteo con la Policía en julio de 2019. Van Spronsen estaba bombardeando una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado de Washington. Múltiples informes de noticias afirman que Van Spronsen era miembro de Antifa y del John Brown Gun Club. Según la organización global sin fines de lucro Counter Extremism Project (CEP), muchos de estos grupos operan “bajo el amplio paraguas de Antifa”, que está formado por células individuales y “los líderes de estas células siguen siendo autónomos”, afirma el informe de CEP.