Las cárceles de América Latina son un infierno por las pésimas condiciones sanitarias en que viven los presos, tanto que organizaciones de derechos humanos califican algunas de ellas como “medievales”, una realidad que se torna dramática con la pandemia del coronavirus que pone en riesgo a más de 1,6 millones de reclusos.
La crisis por el COVID-19 ha movilizado esfuerzos y recursos en todo el mundo para responder a la emergencia sanitaria, pero como suele suceder, hay sectores de la población que son olvidados hasta que deciden protestar, como ya sucedió en Brasil, Colombia, Argentina, Perú y Paraguay.
“La población carcelaria en América Latina está en una situación de alto riesgo fundamentalmente porque existe un problema común que es la sobrepoblación carcelaria en todos los países, sin excepción”, dijo a Efe el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
HACINAMIENTO GENERALIZADO
Según Vivanco, en algunos casos el hacinamiento “sobrepasa el 100 % de capacidad que tiene el centro carcelario” y en otros llega al 20 o 30 %, situación que favorece la propagación del coronavirus ya que es imposible mantener la distancia mínima de un metro entre personas que recomiendan los expertos para evitar el contagio.
En América Latina hay cerca de 1,6 millones de personas privadas de la libertad, de las cuales dos terceras partes están en Brasil (773.000) y México (198.000), según datos del World Prison Brief, una plataforma del Instituto para la Investigación de Política Criminal y de Justicia (ICPR, sigla en inglés), que hace parte de la Birkbeck, Universidad de Londres.
En algunos países, como Haití, el hacinamiento llega al 454 %, mientras que en Brasil es del 167 % y en Colombia del 150 %, lo que hace de los centros de detención el caldo de cultivo perfecto para la propagación de cualquier virus.
“En esas prisiones las dificultades no son solamente la concentración de reclusos y el hacinamiento sino que hay problemas muy serios de higiene, falta de acceso al agua potable y a tratamientos médicos lo que hace deplorables las condiciones en general”, alertó el director de HWR para las Américas.
PÁNICO Y MOTINES
La precariedad sanitaria de las prisiones, sumada al pánico mundial por el COVID-19, fue el detonante a mitad de mes de la fuga de cerca de un millar de presos de cárceles del estado brasileño de Sao Paulo, y de los motines simultáneos en 13 cárceles colombianas el pasado fin de semana, episodio que dejó 25 reclusos muertos y 83 heridos.
El eco de las protestas llegó hasta Argentina donde cinco presos murieron esta semana en revueltas en dos cárceles de la provincia de Santa Fe, mientras que otros dos perdieron la vida y 17 resultaron heridos en la cárcel de varones de Trujillo, en el norte de Perú.
En Venezuela, con un sistema de prisiones colapsado por la crisis del país, Julio Borges, comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores del presidente “interino”, Juan Guaidó, pidió al alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, que interceda por los presos políticos.
Borges expresó en una carta a Borrell que “el régimen mantiene a más de 350 presos políticos a pesar de los incesantes llamados de su liberación que han hecho diversos gobiernos y organizaciones de defensa de derechos humanos”.
PRIMERAS MEDIDAS
La matanza de presos en Colombia llevó al Gobierno a declarar la emergencia carcelaria, una herramienta que le permite tomar medidas como traslados y aislamiento de los internos, así como dar permisos a presos mayores de 60 años que no estén condenados por delitos graves, a enfermos o madres gestantes.
En Brasil, que cuenta con la tercera mayor población carcelaria del mundo, diversos estados han adoptado medidas para evitar la llegada del coronavirus a las prisiones.
En Sao Paulo, el estado más poblado y también el más castigado por el COVID-19, las visitas y las salidas temporales de las cárceles fueron suspendidas temporalmente, lo que provocó la fuga de mediados de mes.
Se adoptaron además medidas de prevención, como el acompañamiento de reclusos de grupos de riesgo, la imposición de 14 días de cuarentena a los recién llegados y el aislamiento de quienes presenten síntomas de la enfermedad.
“Igualmente fue elaborado un Plan de Contención en caso de que haya alguna sospecha de contaminación por coronavirus en alguna unidad carcelaria”, explicó a Efe la Secretaría de Administración Penitenciaria.
En Minas Gerais, el segundo estado más poblado, el Gobierno regional creó 30 “presidios-cuarentena”, donde los nuevos arrestados deberán permanecer por 15 días antes de que sean trasladados a una cárcel, y las visitas fueron suspendidas.
Distintas ONGs alertan de que las cárceles brasileñas, con casi 800.000 presos en un sistema que comporta 460.750, tienen las “condiciones perfectas para la transmisión del virus”.
“Son instalaciones donde la gente vive hacinada, muy cerca unos de otros y las medidas de distanciamiento social son inviables”, afirmó a Efe el investigador de HRW para Brasil, César Muñoz.
Por su parte, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) en Brasil, Jurema Werneck, destacó que acompaña “con preocupación” la situación de poblaciones “históricamente dejadas al margen de las políticas públicas” en el país, entre ellas la carcelaria.
AYUDA DESDE DENTRO
Pero los reclusos también pueden ayudar en crisis como la pandemia actual, y es así que unos 200 presos de Sao Paulo confeccionarán cerca de 320.000 mascarillas de prevención contra el coronavirus, que serán vendidas en el mercado a precio de coste.
También en Paraguay las cárceles y centros de menores, que albergan a 16.000 personas en centros con cabida para 9.500, mantienen la cuarentena total, sin visitas de familiares ni clases, y sin motines hasta ahora.
La ministra de Justicia de Paraguay, Cecilia Pérez, aseguró en una entrevista con Efe que mantienen “reforzado el sistema de seguridad” en las cárceles, con supervisión “total” sobre los presos peligrosos, como los del Primer Comando de la Capital (PCC) o el Comando Vermelho, ambos grupos criminales brasileños con presencia en el país.
“Podrían querer aprovechar estas circunstancias pero hasta ahora no hemos tenido ningún episodio. Hemos tenido algunos mensajes de supuestas pretensiones de generar conflictos, pero al ahondar en la información no viene de ellos, viene de otros grupos e inclusive de afuera”, explicó Pérez.
Ante la superpoblación carcelaria, Vivanco considera prioritario que los Gobiernos reduzcan el número de personas privadas de la libertad, como por ejemplo aquellos “que aún no han sido condenados y que se les imputen delitos no violentos, y quienes estén por cumplir la pena y hayan avanzado en tres cuartas partes de su condena”.
“Un brote de coronavirus en una prisión latinoamericana clásica representaría una verdadera catástrofe por la imposibilidad de controlar el virus, entonces la recomendación que nosotros hacemos es que es necesario tomar medidas urgentes para reducir significativamente la población carcelaria”, manifestó Vivanco.
Fuente: El Carabobeño