Saúl Hernández Bolívar,
No hay duda ya de que a Petro lo abandonaron las calles. Lejos está de liderar turbas como las que intentaron incendiar el país en 2019 y 2021. La prueba está en que las marchas del miércoles anterior, 27 de septiembre, no sacaron más de 50.000 personas a las calles en todo el país. En Bogotá, por ejemplo, una ciudad de 8 millones de habitantes, solo acudieron al llamado de Petro las 30.000 personas que se necesitan para llenar la Plaza de Bolívar. Eso es menos del 0,5% de los pobladores de la capital. Y marcharon en paz, cosa que se agradece.
Pero lo que es grave para un mandatario que se está quedando solo, es que la mayoría de esos marchantes recibieron recursos del Gobierno para participar en esas escuálidas movilizaciones. Y ni así. De las 30.000 personas que marcharon en Bogotá, unas 20.000 eran indígenas a quienes Petro les pagó el desplazamiento desde sus cocales en Cauca y otras regiones hasta la capital, incluyendo los gastos de estadía.
De hecho, se denunció que la Organización Nacional Indígena de Colombia tiene megacontratos con el gobierno de Petro por más de 39.000 millones de pesos que aseguran el apoyo de las comunidades autóctonas. Uno solo de esos contratos, por 25.000 millones y para ejecutarse en 6 meses, tiene el curioso objeto de «fortalecer los saberes políticos, culturales y espirituales» en el Ministerio del Interior. Un sofisma que justifica cualquier cosa.
Pero lo de los indígenas es apenas un caso. Trascendió que en los ministerios se comunicó la orden de llevar personas a las marchas, y que en sectores vulnerables se estuvo ofreciendo internet gratis, transporte y comida para quienes asistieran. Por si fuera poco, en las redes sociales abundan mensajes de asociaciones campesinas y comunitarias que se excusaron de asistir por no haber recibido los recursos prometidos o se quejan por estar hambrientos después de haber marchado y hallarse varados porque los transportadores se niegan a llevarlos de vuelta a sus regiones sin antes recibir el pago. Sin duda, muchas personas habrían sido constreñidas, obligándolas a participar en las marchas a cambio de no perder sus contratos o sus puestos en el Estado. Claro que, habiendo sido manifestaciones tan famélicas, las denuncias pierden peso.
Aún así, no puede negarse que el gobierno de Petro ha incurrido en el delito de peculado al desviar cuantiosos recursos oficiales para emplearlos como estímulo económico para los participantes de un evento en apoyo del mandatario. Eso no es legal, sin importar que, al margen del delito, sea más que evidente el gran fracaso de la convocatoria. Si el propósito de la llamada «Toma de Bogotá» era el de expresar un apoyo ciudadano irrestricto al gobierno de Petro, y en particular a las diversas reformas que viene tratando de adelantar en el Congreso, la realidad es que no se logró. Sin dinero de por medio, la afluencia a las marchas habría sido insignificante, lo que demuestra que el gobierno espurio de Gustavo Petro carece de un apoyo real.
Por eso, no es de extrañar que las infaltables manifestaciones de violencia se hubieran perpetrado dos días después de la marcha, esta vez en contra de las instalaciones y los empleados de la revista Semana. En realidad, un ataque contra la prensa en general. Atemorizar a los medios de comunicación para que no destapen la oscura verdad de los regímenes absolutistas siempre ha hecho parte del libreto de los dictadores y sus aprendices. Muy mal síntoma porque después suelen venir cosas peores, sobre todo cuando al déspota se le pasa el tiempo sin poder hacer nada por lo que pueda ser recordado y le toca hasta alterar los videos de sus discursos añadiéndoles aplausos que solo ocurrieron en su mente febril.
Ya Petro desencantó hasta a sus propios seguidores. Ahora, sin apoyo, solo tiene la opción de tratar de imponer sus ideas irracionales hasta donde se lo permita su propia incompetencia.