Mala noticia para el régimen y en especial para su fiscal Tarek William Saab, el anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan quien “después de analizar cuidadosamente toda la información comunicada por Venezuela”, ha solicitado formalmente ante la Sala de Cuestiones Preliminares I de La Haya, reanudar la investigación sobre crímenes en nuestro país.
El Fiscal de la CPI evaluó centenares de evidencias presentadas por el oficialismo con la intención de detener la investigación bajo el razonamiento de que en Venezuela se adelantaban procedimientos y reformas judiciales sobre los casos que deberá considerar el organismo internacional. El régimen fracasó en su intento al determinarse que su planteamiento estaba ausente de metodología, que los hechos presentados eran falsos, sin soporte de pruebas y sin argumentos que los sustenten. Por ejemplo, de 893 casos, en el 85.5% ni siquiera se identificó un sospechoso, ocultando -y protegiendo de manera evidente- los rangos o cargos dentro de la jerarquía de la cadena de mando. En pocas palabras, Tarek y el organismo que representa mintieron ante la Corte Penal Internacional.
A estas alturas, en materia estrictamente jurídica, ha quedado expuesta la debilidad del régimen que suele, bajo la política del soborno y la extorsión, lograr sus objetivos.
“Antes de la solicitud del Fiscal Khan, Calixto Ortega, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y recién estrenado como jefe de la Misión en La Haya, había recibido una (o varias llamadas) de Tarek para procurar su asesoría en los temas penales”, informó un testigo. Ortega es considerado hombre de confianza para Maduro, así que es ahora su fuente principal de lo que ocurra en La Haya y esto lo sabe Tarek. Hasta el momento, el fiscal del oficialismo le ha asegurado a su jefe que tiene la capacidad para desmontar el expediente que se viene llevando en la CPI, sin embargo, fuentes del Ministerio Público admiten preocupación por el caso, inquietud incrementada, luego de los argumentos demoledores esgrimidos por Khan.
En realidad, Tarek teme su pronta sustitución en el cargo. El presentimiento de Tarek lo razona un miembro de la Asamblea Nacional oficialista que registra que la comisión que designó a los magistrados del TSJ en abril pasado, tiene pendiente cumplir con el mismo proceso para nombrar Contralor, Defensor del Pueblo y Fiscal. “Por eso Tarek ha activado una campaña en redes sociales -para la que ha contratado a un conocido influencer- tratando de mostrar eficiencia”, confiesa una fuente del Ministerio Público. El nombre de su posible sustituto no le resulta competencia fácil a Tarek. Se trata de Jimai Montiel, segundo de Calixto Ortega en la Misión en los Países Bajos. Montiel es, además -y he aquí el aspecto clave- personaje de confianza de la familia Flores y muy amigo de Nicolasito.
Adicionalmente, Tarek confronta problemas internos en su despacho, por ejemplo, una denuncia de posibles extorsiones de tres fiscales de su confianza. “De hecho, al alto funcionario en el área jurídica que propuso investigar el caso, le costó el cargo”, precisa una fuente confidencial.
La información sobre la solicitud formal del Fiscal Khan coincidió con la visita del presidente de Colombia Gustavo Petro a nuestro país quien ratificó su propuesta a Nicolás Maduro para que Venezuela se reintegre al Sistema Interamericana de Derechos Humanos del cual está ausente desde el 2012. La respuesta de Maduro fue una promesa, como ya es costumbre, mientras se filtraba de modo extraoficial que -quizás para distraer sobre el asunto penal- serían reactivadas las negociaciones en México.
Maduro sigue jugando en varios tableros. La oposición también debería hacerlo. Lo que trasciende del caso ante la Corte Penal Internacional es un expediente cada vez más sólido. Hechos terribles, dolorosos, que vienen denunciado víctimas, abogados, luchadores de las ONG´s. Crímenes cometidos bajo la impunidad del poder, con el conocimiento de la élite del régimen, “sobre los que quedó demostrado que el Estado no adelantó investigaciones ni procesos legítimos que demostraran voluntad de hacer justicia”. Y esos crímenes documentados allí, registrados, soportados en evidencias y testimonios, y procesados ante la CPI, si bien nunca serán suficiente para reparar el trauma de una tortura o el dolor por la pérdida de un ser querido, significan la reivindicación a través de la justicia… que tarda, pero llega.