Parece que es más fuerte que ellos. Ante las manifestaciones inevitables que generan las problemáticas de fondo, el Gobierno argentino sigue empecinado en el peor de los cócteles: los controles, las regulaciones, las restricciones y el verso (en porteño, el chamuyo…las mentiras). Ante la inflación del 4,8 % de marzo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, hizo unas curiosas declaraciones:
“Hay circunstancias coyunturales que han estado afectando a los precios, incluyendo la inflación en alimentos, que es un problema en el mundo y en particular, en esta pandemia”.
Sus palabras pasaron ilesas, como siempre, ante el silencio total de los cronistas, que suelen representar una paleta de colores que van desde la complicidad hasta el desconocimiento total en materia económica. Por eso dicen y proponen lo que hacen con la mayor impunidad.
Veamos qué pasa con esa problemática a la que el funcionario de Alberto Fernández hace referencia en los países vecinos. El que tuvo el número más preocupante de inflación el mes pasado fue Colombia, con 1,1 %. Es decir, ni multiplicando por cuatro llegamos al desastre argentino. Brasil arrojó un negativo de 0,2 %, pero no fue el único país que tuvo menos de 1: Chile terminó el mes con -0,4 % y Bolivia con -0,1 %. Uruguay mostró un 0,5 %, Perú 0,8 %, lo mismo que México y todos andan más o menos por ahí.
Pero, aunque ya quedó en evidencia, una vez más, que los precios máximos y los controles no hacen otra cosa que agravar la cuestión, el Gobierno argentino saca dos nuevos viejos conejos de la galera con los que piensan que podrán aplacar la suba de precios en el mercado local. ¿Hay que adelantar que fracasarán estrepitosamente?
Antes que Cristina Kirchner dejara el poder en 2015, el Gobierno lanzó una iniciativa que no llegó a poner en funcionamiento. Hablamos del “Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios”. Con el monstruo creado, pero durmiendo, ahora el Gobierno decidió despertar al organismo, que comenzará estos días con su tragicómica función. Estará a cargo de Georgina Passagno, jefa de Gabinete de la nefasta Secretaria de Comercio Interior.
Según la ley que lo creó y reglamentó hace seis años, el «Observatorio” surge como “un organismo técnico con el objeto de monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en el Territorio de la Nación”. ¿Alguien considera realmente que esto puede ser una solución para el problema de la inflación en Argentina?
Pero este traspié no es el único digno de mención al inicio del segundo día de la semana. El Gobierno argentino también oficializó un nuevo “registro” necesario para exportar carne. A pocos días de la amenaza del cierre de las exportaciones, el ministerio de Agricultura obliga al sector a registrarse con una “Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne”, cuya nueva y odiosa sigla es “DJEC”. Mediante esta nueva intromisión, el Gobierno busca controlar la supuesta subfacturación y asegurarse que se cumpla al pie de la letra el “acuerdo de precios”.
Sería interesante que, ante el derrumbe de la imagen de Alberto Fernández en las encuestas, todos los partidos de la oposición vayan garantizando que, de llegar al poder en 2023, derogarán inmediatamente todos estos delirios que no harán más que incrementar las distorsiones en la maltrecha economía nacional.
Fuente: PanamPost