QUITO — El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, alegó el martes ante el Congreso su «total, evidente e incuestionable» inocencia en el presunto delito de peculado por el que la oposición de izquierda lo enjuicia políticamente con miras a destituirlo.
«No hay pruebas ni testimonios relevantes. Más bien lo único que hay son informaciones que comprueban mi total, evidente e incuestionable inocencia», declaró el gobernante de derecha en el hemiciclo, en el que la mayoría opositora requiere el voto de 92 de los 137 asambleístas para aprobar una moción de censura y destituirlo.
El juicio político es impulsado por varios partidos como el afín al exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), quien lidera la oposición al gobierno de Lasso, que asumió en mayo de 2021.
«Esos acusadores que han querido tomarse el poder hasta por cuatro ocasiones en dos años de mi gobierno, esos acusadores que han sido impulsados por un sobrehumano rencor, si ellos jamás fueron capaces de encontrar nada, entonces solo se puede concluir que no hay nada que encontrar, absolutamente nada», agregó.
Lasso, quien tiene la facultad de disolver el Parlamento para dar paso a elecciones generales anticipadas, puntualizó: «El mismo rencor que me profesan es la más grande prueba de mi inocencia».
El mandatario es acusado de un supuesto peculado en el manejo de la naviera estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
Según las denuncias, Lasso continuó con un contrato firmado antes de su posesión para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker, que dejó pérdidas por más de seis millones de dólares.
El mandatario afirmó que durante su gobierno la compañía FLOPEC no firmó ningún contrato ni se modificó ningún decreto o ley, pero advirtió que “si algún funcionario violentó las normas que debía cumplir o si usó su cargo para favorecerse a sí mismo o a terceros, sólo espero que la justica lo sentencie con la pena más dura”.
A su vez destacó que FLOPEC perdía seis millones de dólares al año y que en lo que va de su administración ha declarado ganancias por 180 millones de dólares.
Lasso habló durante casi 50 minutos tras las acusaciones pronunciadas por los asambleístas Viviana Veloz, del partido Unión por la Esperanza (UNES), y Esteban Torres, del partido Social Cristiano, que confirman una mayoría opositora en la Asamblea.
Los acusadores
Según los acusadores el contrato de FLOPEC con la compañía Amazonas Tanker habría causado un perjuicio al Estado de seis millones de dólares.
Veloz exhibió videos y documentos a los que calificó de pruebas “irrefutables” de las presuntas irregularidades en el contrato con Amazonas Tanker en las tarifas de flete y sostuvo que se probará la responsabilidad política del presidente Lasso quien, afirmó, aún a sabiendas de la corrupción consintió, organizó y fue “parte del entramado que operaba en las empresas públicas y en FLOPEC”.
“Se le acabó el tiempo presidente”, dijo antes de presentar formalmente la moción de censura y destitución en la que lo acusó del delito de peculado y que será sometida a votación del pleno más adelante.
Torres, por su parte, manifestó que el proceso político en la Asamblea no busca una reparación económica sino sancionar a un servidor público que no ha cumplido debidamente su función.
“Quiero ser muy claro con el país que no se le está acusando al presidente Lasso de haberse apropiado de dinero público en provecho propio” sino de no haber impedido el contrato que le causó un perjuicio al Estado, agregó.
Lasso señaló que respeta el rol fiscalizador de la Asamblea pero acusó a la oposición de haber abandonado su tarea legislativa. «Ustedes ahora son anti-legisladores de la república porque no crean leyes sino que las destruyen, no afianzan normas sino que las debilitan, las desgarran, las ultrajan”.
Tras las intervenciones de los acusadores y del mandatario están previstas réplicas de una hora y luego iniciará el debate de los asambleístas. Cada uno de los 137 legisladores podrá hablar hasta por 10 minutos.
La suerte del juicio político estaría echada, aseguró Simón Pachano, politólogo y catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. “Los votos están decididos”, dijo en alusión a que la oposición no contaría con el respaldo de 92 legisladores requerido para censurar al mandatario.
Pachano reconoció que si bien Lasso llega “muy debilitado”, el Legislativo “tiene más desprestigio”, lo que hace que sea “muy factible» la disolución de la Asamblea, una atribución del presidente contemplada en la constitución.
Ese recurso permite al mandatario disolver la Asamblea por una vez y convocar a elecciones anticipadas y es una figura que el propio Lasso y sus voceros no han descartado.
Cientos de simpatizantes de la oposición y del gobierno se congregaron en los alrededores de la Asamblea en apoyo a cada bando con pancartas y banderas, custodiados por un fuerte contingente policial. No se produjeron incidentes.
La analista y catedrática universitaria Andrea Endara coincidió con Pachano en que la posibilidad de disolver el Legislativo -llamada popularmente “muerte cruzada”- condicionaría el voto a favor del gobernante. Sin embargo, discrepó con su colega sobre el resultado final del proceso. “Los votos pueden cambiar hasta el último segundo”, dijo la analista y enfatizó que “en política todo es posible”. Para Endara todos los acuerdos que se generen “pueden ser rotos en el último segundo”.
El forcejeo político se tradujo en las calles en incertidumbre.
Rodrigo Garcés, un comerciante de repuestos de vehículos de 53 años, rechazó una eventual destitución del presidente. Dijo que “la Asamblea no sirve para nada” y que la inestabilidad que genera “perjudica a todos”. Reiteró que “las actividades económicas han bajado, no hay circulante y es cada vez más difícil que la gente cumpla con sus obligaciones”.
Para Luisa Coba, una jubilada de 73 años, la salida de Lasso, en cambio, traería mejores días. La mujer se mostró a favor de su censura “porque no ha hecho nada”, mientras aumenta la pobreza “y no hay medicinas en los hospitales y por la inseguridad”.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió en un comunicado que el juicio político contra Lasso ofrezca “todas las garantías de justicia y respete las normas del debido proceso”.
Lasso, un exbanquero de derecha 67 años, asumió el poder en mayo de 2021 y es el primer presidente en ser sometido a un juicio político en Ecuador. En 2022 superó un primer intento de la Asamblea por censurarlo por conmoción interna tras una movilización indígena que paralizó al país por varias semanas.