«No se trata solo del hoy, se trata del mañana. Se trata de brindar progreso y prosperidad a las familias estadounidenses, de mostrar a los estadounidenses que la democracia todavía funciona en Estados Unidos, a pesar de todo lo que se habla de su desaparición”. Con estas palabras al estilo Alberto Fernández, que nada se relacionan con respecto a las problemáticas de fondo que afectan su gestión, el presidente Joe Biden promulgó lo que se dio a conocer como la “Ley de Inflación”. Una iniciativa que salió con la mayoría demócrata en el Senado, el pasado 12 de agosto y que sienta un peligroso precedente para los Estados Unidos.
La medida en cuestión apunta a solucionar la inflación record en el país del norte, pero tiene un serio inconveniente que sin dudas la llevará al fracaso: la disociación del problema con sus verdaderas causas. Para terminar con el drama inflacionario en los Estados Unidos, con índices que no se vieron en la potencia económica desde hace cuatro décadas, Biden piensa ponerles un nuevo impuesto del 15 % a las empresas que facturen más de mil millones de dólares. Con parte de los recursos obtenidos, la gestión demócrata piensa impulsar grandes inversiones en el ámbito de la “energía verde”, con la finalidad de poder reducir las emisiones de gases. Entre lo poco que hay en la curiosa ley en cuestión que se relaciona a los precios al consumidor, se menciona un beneficio para los medicamentos recetados que utilizan los pacientes de más de 65 años, beneficiarios del plan Medicare.
Por si no quedaban dudas de la degradación del nivel de la política de los Estados Unidos, no son parte de la ley ni del anuncio nada vinculado a las políticas expansivas de la FED y el problema de incertidumbre y desconfianza que genera la heterodoxia monetaria y el oscurantismo económico de la gestión Biden-Harris. Más allá de una ley, que no cumplirá con sus objetivos, lo preocupante del asunto es el enfoque equivocado por parte del gobierno. Con el caso de la inflación, a pesar de ser los responsables del problema, se dedican a buscar las soluciones en cualquier lado. Lo mismo que hace el gobierno kirchnerista en Argentina con el mismo problema.
No hace mucho, la misma Cristina Fernández de Kirchner subió a sus redes un video de la vocera de Biden, donde responsabilizaba a los empresarios del sector cárnico (y a su supuesta «codicia») por los aumentos de precios en las góndolas. «No es argentina y mucho menos peronista», decía CFK en esa oportunidad. Pero, aunque no sean ni argentinos ni peronistas, lo cierto es que se parecen bastante. Y si siguen con estas políticas insólitas, terminarán bastante parecido.