LIMA — La situación de los presos políticos en las Américas, principalmente en Cuba, Nicaragua y Venezuela fue centro de debate en un panel de la sociedad civil coordinado por la organización Raza e Igualdad en el contexto de la Asamblea General de la OEA, que tiene lugar en Perú, partiendo de que las personas privadas de libertad por motivos políticos sufren violaciones de sus derechos.
Tanto Nicaragua como Venezuela y Cuba comparten la realidad oscura del presidio político en circunstancias en que la oposición y la disidencia son reprimidas.
Moderado por el director ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, el panel lo integraron la cubana Miriam Cardet, hermana del preso político Eduardo Cardet; Kenia González, hermana del estudiante Lester Alemán, prisionero político en Nicaragua.
Cardet hizo un recordatorio del ciclo represivo al que ha estado sometido el pueblo cubano por décadas, en particular desde el pasado 11 de julio de 2021.
“Se han aplicado métodos de tortura en el 90% de los casos; el 80% de los casos esperaron la condena con medida cautelar de prisión provisional. Las sanciones de los adultos llegan hasta los 30 años”, declaró.
Asimismo, puntualizó que se criminalizó a los afrodescendientes que viven en barrios marginados y alertó de que a diario se restringe la comunicación para que salga información para el mundo. “Hay alrededor de 1.000 personas privadas de libertad por motivos políticos; se aprobaron nuevas leyes más restrictivas para perpetuar el poder del régimen”, añadió.
Sobre su hermano, quien estuvo en prisión por tres años, la activista contó las constantes amenazas que le ha hecho la seguridad del estado. “Ha sido golpeado delante de sus familiares y vecinos. Le provocaron lesiones con consecuencias para su salud a largo plazo, entre ellas lesiones oculares”.
En Nicaragua, dijo por su parte Kenia González, su hermano participó en las protestas estudiantiles. “Vino la segunda ola de secuestros, Lester fue secuestrado, detenido ilegalmente. Por 48 horas no tuvimos información de él. Se le acusó de terrorismo. Se le privó del principio de defensa y presunción de inocencia. Se le impuso una pena máxima de 13 años de cárcel. Mañana cumple 15 meses en prisión y mi mamá solo ha podido visitarlo diez veces. Hay que rogarles para que dejen entrar algo más que agua al penal y presenta dolencias gastrointestinales, así como taquicardia y otros problemas de salud”, denunció.
Destacó igualmente lo difícil que es decirle a un niño o niña que sus padres están presos injustamente y que ellos se pregunten por qué. “No merecen ni un minuto más privado de libertad”, concluyó.
Para el doctor en ciencias jurídicas y profesor universitario venezolano José Gregorio, los gobiernos coinciden en la manera de reprimir a los ciudadanos. Cuando hablamos de presos políticos se tipifican patrones. “El Estado de derecho no funciona para nada. No existe un régimen de jueces a disposición de la ciudadanía”, valoró.
“Hay testimonios de golpes con objetos o mesas, uso de dispositivos de tortura, descargas eléctricas, violencia sexual incluidos palos de madera, colocación de alfileres debajo de las uñas, amenazas de violación a familiares de los presos. Oír esto en el siglo XXI es de terror”.
“Creemos que es importante mantener la preocupación por lo que pasa en el país y seguir visibilizando los excesos y carencias, y denunciando el desacato de las normas internacionales por parte del régimen de Maduro”, analizó y concluyó que hay que mantener la mirada hacia la realidad del continente y en específico de estos tres pasos.
Otras realidades preocupantes
“La detención arbitraria con motivación política es cada vez más frecuente en América Latina. Esto carece de legitimidad. No hay país que no esté retado por las detenciones arbitrarias”, expuso Claudia Samayda, de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
La panelista se refirió a varias categorías de detención arbitraria. En el primer caso es evidentemente imposible invocar base legal; la segunda es cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de derechos (en este caso se ha observado que la frecuencia del uso de tortura es mayor). La tercera variante se identifica cuando el proceso está tan viciado que no ofrece garantías.
En un punto, la dimensión del enemigo es tan amplia que lo mismo incluye a un obispo que a un policía que se niegue a cumplir una orden.
Además de Cuba, Venezuela y Nicaragua, en Guatemala y El Salvador “se aprecia la detención arbitraria a los denominados “enemigos del régimen”, subrayó, sea de izquierda o derecha, pero, al fin y al cabo, autoritario, explicó.
“La detención arbitraria no es solo un problema de los regímenes autoritarios de signo de izquierda, resaltó y añadió que la detención arbitraria no se resuelve dejando libres a las personas. Si no se castiga a los responsables y no se repara a las víctimas dejamos la puerta abierta para que se repitan los crímenes”.