LA PAZ.- Una jueza decidió mantener la prisión preventiva de cuatro meses para el líder opositor y gobernador de la provincia de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, frente al pedido de su defensa de que pueda defenderse en libertad.
Sus denunciantes requerían un aumento de la prisión preventiva de cuatro a seis meses, que también fue denegado en audiencia el jueves. Camacho está en prisión desde el 30 de diciembre.
Tras la detención de Camacho, sobrevinieron jornadas de protesta y bloqueos de carretera en la provincia de Santa Cruz, que es considerada el motor económico del país y el bastión de la oposición al oficialismo.
“Este Tribunal de alzada cree que existe la necesidad de que el ciudadano Luis Fernando Camacho guarde detención preventiva”, justificó la jueza Rosmery Lourdes Pabón su decisión.
La defensa había presentado un recurso de apelación a su encarcelamiento en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano boliviano, luego de que un juez determinara que había riesgo de fuga y de obstaculización de la justicia.
La audiencia inició de forma virtual por la mañana del jueves y continuó por la tarde. Camacho se conectó desde prisión y mencionó: “Pude haberme ido y no me fui”.
Su abogado Martín Camacho expresó en la audiencia que a su cliente tiene un trabajo y un domicilio en Santa Cruz, por lo que aseguró que se debería revocar la prisión preventiva para que pueda defenderse en libertad.
El ministerio de Gobierno, la Procuraduría y la denunciante Lidia Patty, exsenadora por el partido de Gobierno Movimiento Al Socialismo (MAS), solicitaron en la audiencia en que se decide el estatus de libertad de Camacho que se le extienda la prisión preventiva de cuatro a seis meses.
Camacho, líder de la plataforma opositora Creemos, es investigado por el régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales, que le acusa a través de la Fiscalía por su posible participación en la crisis política que asoló Bolivia en 2019, tras el fraude electoral cometido por Evo Morales, que se autoproclamó ganador de los comicios presidenciales, lo que provocó protestas. Morales renunció al cargo, huyó del país, y desde el exterior incitó a la violencia, de acuerdo con investigaciones periodísticas.
El régimen del MAS archivó al menos seis acusaciones contra Evo Morales, entre ellas dos acusaciones por presuntos delitos sexuales contra menores de edad, tras el retornó del MAS al poder con Luis Arce en la presidencia.
La oposición boliviana ha denunciado persecución en contra de los líderes opositores que encabezaron la revuelta de 2019, entre ellas, la expresidenta interina Jeanine Áñez que fue condenada a diez de prisión por esos hechos, mientras Morales, señalado de ser causante de la crisis, permanece en libertad.
El estallido social de entonces cobró la vida de 37 manifestantes y sumió al país en la más grave crisis política de los últimos años.
Hace dos semanas su defensa también presentó un recurso de libertad por problemas de salud, que fue negado. El gobierno aseguró que su condición era estable y que recibe atención médica oportuna en el centro penitenciario.