CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados de México aprobó el miércoles una reforma constitucional que permitiría la elección popular de los jueces, marcando un cambio radical en el sistema judicial del país. La medida, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, generó preocupaciones sobre su impacto en la independencia del Poder Judicial.
La reforma fue aprobada con 359 votos a favor y 135 en contra, en una sesión maratónica celebrada en un gimnasio después de que las protestas bloquearan el edificio del Congreso. La propuesta debe pasar por una segunda votación en la Cámara de Diputados y luego ser aprobada por el Senado y los congresos estatales para convertirse en ley.
López Obrador argumentó que la reforma es necesaria para combatir la corrupción en el sistema judicial y aumentar la transparencia. Sin embargo, críticos advierten que el cambio podría permitir una mayor influencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, debilitando los mecanismos de control y equilibrio establecidos en la Constitución.
Los opositores a la reforma temen que la elección popular de jueces pueda facilitar la infiltración de intereses externos y criminales, que podrían influir en las elecciones y controlar el sistema judicial para sus propios fines. Esta preocupación se ve acentuada por el historial de corrupción y opacidad que ha caracterizado a la justicia mexicana.
La reforma también introduce cambios que limitarían la capacidad de los tribunales para bloquear leyes y proyectos gubernamentales basados en recursos de los ciudadanos, lo que podría facilitar la implementación de políticas del gobierno actual sin obstáculos legales. Además, establece plazos más cortos para la resolución de casos y la creación de jueces con identidad protegida para casos de delincuencia organizada, con el objetivo de proteger a los jueces de represalias.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó su preocupación por la reforma, indicando que podría afectar negativamente las relaciones bilaterales y la inversión extranjera en el país. Las protestas contra la reforma han sido extensas, con manifestantes bloqueando el acceso al Congreso y unirse a huelgas en rechazo a los cambios propuestos.
La presidenta electa Claudia Sheinbaum, aliada cercana de López Obrador, defendió la reforma, argumentando que fortalecerá el Estado de Derecho y la democracia en México. Sin embargo, la reforma sigue siendo objeto de intensas críticas por su potencial impacto en la independencia judicial y la equidad del sistema legal en el país.