Intentar instalar otro proceso constituyente en Chile tiene a los partidos de izquierda y derecha en medio de un valle de espinas. Las diferencias para acordar la fórmula que permitiría redactar un nuevo proyecto que logre consenso entre la ciudadanía –después del rechazo rotundo al documento elaborado por el pleno anterior en el plebiscito del 4 de septiembre– son cada vez más álgidas.
Hay disputas, debates y negociaciones frustradas. El proceso es complejo debido a la celeridad que impone el presidente Gabriel Boric junto a un exceso de representantes de partidos con escasa presencia en el parlamento y la injerencia de la ministra de Interior recién nombrada, Carolina Tohá, y la vocera de gobierno, la comunista Camila Vallejo.
Chile Vamos, la coalición que aglutina a la centroderecha, anunció que no asistirá a la reunión de este jueves 15 de septiembre en la antigua sede del Congreso Nacional y solicitó reagendar el encuentro para el viernes 23 de septiembre con una condición: que el Ejecutivo no sea parte de la mesa negociadora. Un clima de tensión que además enfrenta otros cinco desafíos:
Definir cómo será la nueva convención
Hasta ahora los partidos coinciden en la necesidad de elegir un nuevo órgano que redacte una segunda propuesta constitucional, pero hay división sobre si los integrantes deben ser electos en su totalidad o no.
El Partido Comunista, el Frente Amplio (FA) y el gobierno dudan ante la incertidumbre que genera la posibilidad de enfrentar el rechazo del electorado a sus iniciativas. Además, hay diferencias para establecer cuántos miembros debería tener el nuevo pleno. El debate se centra en si deberían volver a escogerse a 155 convencionales. La Tercera afirma que «los únicos que han transparentado su postura, hasta ahora, son el Partido Socialista y el Partido por la Democracia. Ambos partidos oficialistas defienden que el órgano tenga 100 integrantes. El resto de las fuerzas políticas aún no toman una definición de este tipo, algunos plantea que podría ser un organismo integrado por la mitad, o que esta determinación dependa de otras definiciones como, por ejemplo, el mecanismo electoral que se defina para elegir a los futuros redactores».
Desde cero o con referencias
Aunque el acuerdo constitucional de noviembre de 2019 que propició la instalación de la constituyente anterior estableció que partiría desde cero, ahora surge la propuesta de desempolvar el fracasado proyecto de la expresidente Michelle Bachelet que se estancó en el Congreso por plantear la definición de la República de Chile como «un Estado de derecho democrático y social», así como la conversión del concepto de familia de «núcleo fundamental de la sociedad» a establecer que «la familia, en sus diversas modalidades, es el núcleo fundamental de la sociedad».
Participación de expertos
“Todos los partidos políticos están de acuerdo en que, a diferencia de lo que fue la experiencia de la Convención, los expertos deben tener un rol relevante en la redacción de una nueva propuesta constitucional. El problema es que todos los sectores se imaginan fórmulas distintas». Así lo advierte el medio chileno La Tercera.
El debate en la mesa gira en torno a que 35 especialistas en derecho se elijan «en forma proporcional, pero también hay apuestas porque estos formen parte de los tres poderes del Estado, la academia, las municipalidades, las organizaciones de la sociedad civil y hasta la Contraloría para orientar en aspectos técnicos». Sin embargo, el punto es una espina por todavía no tener definidas las atribuciones ni la cantidad de miembros.
El cuórum
La Convención Constitucional pasada fijó un cuórum de dos tercios (2/3) para aprobar las normas que pasaban a formar parte del borrador como garantía de los acuerdos. Esta proporción implicaba contar con el apoyo de al menos 103 convencionales de los 155 que conformaban el hemiciclo. Ahora, la discusión se centra en la posibilidad de reducirlo a cuatro séptimos (4/7) o tres quintos (3/5).
Ya a comienzos de agosto, el Congreso chileno aprobó una rebaja al cuórum para reformas constitucionales, por lo cual ahora se requiere del respaldo de cuatro séptimos de los parlamentarios, en lugar de dos tercios, para hacer modificaciones a la Constitución desde el Poder Legislativo.
Quiénes entran
Evitar la fragmentación y las polémicas de la primera Convención Constitucional que provocó la irrupción de los independientes es otro punto de conflicto. Cerrarles la puerta para que sólo puedan competir al interior de listas de otros partidos parece la única opción en un panorama donde el humo blanco está lejos de verse, considerando que el alto porcentaje de independientes (56 %) en el anterior pleno pudo haber sido un factor determinante para los retrasos en las discusiones y avances en los procedimientos por no responder directamente a los lineamientos de los partidos políticos.