Saúl Hernández Bolívar,
Son aberrantes las decisiones que toma el señor Petro en materia de paz. Eso de nombrar a los exjefes paramilitares como gestores de paz es un desatino inadmisible pues hacen parte de la lista los más tenebrosos delincuentes que han llenado a Colombia de dolor y sangre sobre todo en los años noventa. Quién no recuerda las demasías de sujetos como ‘Don Berna’, ‘Jorge 40’, ‘El Alemán’, ‘Macaco’, ‘Martín Llanos’, ‘Julián Bolívar’, Ramón Isaza, el violador Hernán Giraldo, o Salvatore Mancuso, cuyo nombramiento, días atrás, fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia.
Inadmisible y paradójico porque era el mismo señor Petro, 20 años atrás, quien más reclamaba cárcel para estos delincuentes y a quien ningún castigo lo convencía: primero, se quejaba de que el gobierno de Uribe no los extraditaba para favorecerlos con la baja condena de ocho años que les esperaba con la ley de Justicia y Paz; después, que los extraditaba a Estados Unidos (donde han estado el doble del tiempo y en condiciones carcelarias extremas) con el fin de callarlos y enterrar la verdad.
Ahora no se sabe a ciencia cierta qué es lo que busca el señor Petro con estas designaciones. En sus primeros acercamientos con Mancuso se dijo que la labor del paramilitar iba a ser la de acusar a Álvaro Uribe por hechos como los de El Aro y La Granja, donde los paramilitares cometieron masacres en los años noventa. También se ha pretendido, supuestamente en aras de establecer la verdad, que los paras acusen a hacendados y empresarios por su aparente participación o complicidad en el fenómeno del paramilitarismo.
No obstante, podría ser que al señor Petro solo lo mueva un cálculo electorero pensando en los comicios de 2026, porque es sabido que estos jefes paramilitares aún poseen gran influencia en las regiones que controlaban y una especie de ascendencia que les otorga autoridad para favorecer o entorpecer la votación de un candidato determinado. En ese sentido, sería otra de las armas que el señor Petro esgrime para mantenerse en el poder por sí mismo o por interpuesta persona en el próximo periodo presidencial.
Como fuere, es imposible pasar por alto que Petro —grabado en video está— sostenía que la paz no se podía hacer con delincuentes como los paramilitares, afirmaba que eso era lo que había hecho Uribe y que así se convertía al gobierno en delincuente también. Hoy, la lengua lo castiga por tener toda la razón y ser incoherente: solo a un gobierno criminal se le ocurre nombrar como gestores de paz a cerca de 20 de los más sanguinarios asesinos que ha tenido el país; una gente que por mero respeto a las víctimas debería purgar prisión perpetua en un penal de máxima seguridad.
Pero es que Petro es tan inconsecuente que en todo se contradice. A menudo afirma que las decisiones de los jueces hay que acatarlas al pie de la letra, pero cuando un fallo es contrario a sus pasiones, lo desconoce como ocurrió la semana anterior cuando el hermano de Álvaro Uribe fue declarado inocente de los cargos con los que se le ha perseguido desde hace 25 años tratando de vincularlo con el paramilitarismo, cuyos máximos responsables le sirven a Petro para ser gestores de paz mientras una víctima de acusaciones temerarias, como Santiago Uribe, debería pudrirse en la cárcel.
El señor Petro anunció que llevará el caso a instancias internacionales, lo que constituye el más claro desacato de un fallo judicial. Y agregó, en su cuenta de X, una verdad incontrovertible: “La impunidad no nos lleva sino a más violencia”. Pero de lo que parece no darse cuenta es de que si en algún caso hay impunidad es en el suyo: Petro es un terrorista confeso cuyos crímenes están en la más completa impunidad. Es un hombre que debería estar preso en vez de andar delirando por los pasillos de la Casa de Nariño. En el mundo, son varios los casos de delincuentes perdonados que luego han llegado a dirigir a sus países. Prácticamente no hay un solo de esos casos en que la historia haya terminado bien.