MIGUEL ÁNGEL MARTIN,
El régimen de Maduro ha liberado a cinco personas después de que EEUU suspendiera temporalmente sanciones para permitir negocios formales de oro y petróleo. En paralelo, se suscribe en Barbados un nuevo acuerdo entre Maduro y representantes de parte de la oposición para que sean realizadas elecciones presidenciales en el 2024.
De los presos liberados solo uno de ellos es un dirigente político Juan Requesens (quien se encontraba bajo arresto domiciliario); los demás presos son el periodista Roland Carreño; Marco Antonio Garcés (detenido mientras viajaba en un taxi compartido con otros pasajeros, donde se encontraba el estadounidense Matthew John Heath); Eurinel Rincón (detenida por haber salido en una fotografía con un dirigente político); y Mariana Barreto (una cardióloga detenida por denunciar irregularidades en el suministro de gasolina en una estación de servicio). Aquí es importante destacar que hasta el 21 de agosto de 2023 había 282 personas privadas de libertad por causas políticas, según el Foro Penal Venezolano, organización no gubernamental que realiza un balance de los presos políticos en Venezuela.
La gravedad de este hecho que nos tiene acostumbrado el régimen desde la época de Chávez y Maduro por intermedio de la entonces Fiscal Luisa Ortega y su grupo de fiscales (quienes intentan limpiar su imagen haciéndose pasar por opositores), herencia recibida hoy por Tarek William Saab; al igual que los magistrados del TSJ por intermedio desde Luisa Estela Morales, Eladio Aponte, Maikel Moreno y Gladys Gutierrez, entre otros, todos señalados en las causas que se siguen ante la Corte Penal Internacional y en las denuncias acumuladas en la OEA y ONU, hacen imperativo traer a colación la Resolución 1900 (2012) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que reafirma los criterios que definen a un “preso político” elaborado desde 2001.
Un preso político es una persona privada de su libertad personal: a. si la detención ha sido impuesta en violación de una de las garantías fundamentales establecidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus Protocolos (CEDH), en particular la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de expresión e información, la libertad de reunión y asociación; b. si la detención ha sido impuesta por razones puramente políticas sin conexión con ningún delito; c. si, por motivos políticos, la duración de la detención o sus condiciones son claramente desproporcionadas con el delito del que la persona ha sido declarada culpable o del que se sospecha; d. si, por motivos políticos, es detenido de manera discriminatoria respecto de otras personas; o, e. si la detención es resultado de un proceso claramente injusto y esto parece estar relacionado con motivos políticos de las autoridades.
En el otro lado de la acera, el régimen de Chávez y ahora Maduro vienen utilizando los conceptos de soberanía y defensa de la nación, como coartada para apresar a quienes son contrarios a sus ideas y decisiones, construyendo alrededor de quienes son privados de su libertad, el argumento de haber cometido delitos contra la soberanía o delitos de traición a la patria, cuando en realidad estamos frente a prisioneros que han sido privado de su libertad, porque sus ideas y reclamos suponen una amenaza para el régimen tiránico, y esto debemos tenerlo muy claro. Son presos políticos y sus carceleros responsables de lesa humanidad.
Para agravar su situación que afecta su dignidad humana, los presos políticos son tratados como rehenes por Maduro y los jerarcas del régimen. Son instrumentos para lograr acuerdos o actos atendiendo sus intereses o posiciones, y cambiar la libertad de los presos por una recompensa, de la misma manera como hacen los secuestradores, y es que son en realidad secuestradores de la democracia, usando a los presos como rehenes como garantía para obligar a un tercero a cumplir determinadas condiciones, y ello obedece que hoy Maduro utiliza a las personas detenidas por haber protestado en contra de las medidas arbitrarias asumidas por su régimen, manteniéndolas como un elemento primordial en las negociaciones que viene realizando con el sector de la oposición que admite en las rondas de negociación.
En este orden, la comunidad internacional no ignora que uno de los delitos más abominables y repudiables es la toma de rehenes, que atenta contra el derecho a la vida, la libertad y la seguridad individual, protegidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950.
Lo que hace el régimen de Maduro con los presos políticos en Venezuela es un acto que pone en peligro vidas humanas inocentes y viola la dignidad humana, y esto viene ocurriendo desde hace muchos años ante la impotencia de la comunidad internacional, que no le ha dado prevalencia a esta situación tan gravosa. El régimen de Maduro tiene miles de presos políticos, civiles y militares, que se mantienen en sus mazmorras, esto es, un acto aberrante e inhumano y absolutamente intolerable contrario con las normas universalmente aceptadas de comportamiento humano, incluso la toma de rehenes es considerado un delito por la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, estableciendo el párrafo 1 del artículo 1 de la Convención que se comete el delito de toma de rehenes cuando: “Toda persona que se apodere de otra (que en adelante se denominará “el rehén”) o la detenga, y amenace con matarla, herirla o mantenerla detenida a fin de obligar a un tercero, a saber, un Estado, una organización internacional intergubernamental, una persona natural o jurídica o un grupo de personas, a una acción u omisión como condición explícita o implícita para la liberación del rehén…”, siendo el caso que el régimen de Maduro utiliza a los presos políticos para presionar a la Comunidad Internacional para pedir la eliminación de sanciones impuestas a los jerarcas del régimen o a la explotación de los negocios de estos jerarcas, siendo un elemento transnacional que sale del ámbito estrictamente interno, lo que hace aplicable la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes.
Estas situaciones nos obligan a ver el caso de los presos políticos como instrumentos de negociación que Maduro y su régimen utilizan para mantenerse en el poder, logrando avanzar en la estructura de violación sistemática de los derechos humanos y delitos continuados de lesa humanidad que ejecuta contra la población venezolana, siendo un deber demandar a los organismos multilaterales y a países solidarios con el pueblo venezolano nos ayuden a exigir la liberación de los presos políticos y detener la persecución que se realiza con los órganos de seguridad pública, los fiscales y jueces (desde la época de Chávez y ahora de Maduro), cuyos nombres serán registrados como las personas que más daño le han hecho al pueblo de Venezuela.
“Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo”. Albert Camus.
Por Miguel Angel Martin Tortabu