El silencio cómplice de Luiz Inácio Lula da Silva frente a la persecución de la dictadura de Daniel Ortega contra la Iglesia y los opositores escaló a otro nivel. Y es que el Gobierno de Brasil, bajo la dirección del líder del Partido de los Trabajadores (PT), decidió no firmar la declaración conjunta de más de 50 países en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que denuncia los crímenes cometidos en el país centroamericano por el dictador sandinista.
Aunque la representación brasileña participó de la discusión sobre el texto definitivo, al final optó por no adherirse al documento firmado por 55 países, según reveló este domingo UOL. La declaración fue emitida tras conocerse un informe de un grupo de expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que se acusa al régimen dirigido por Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, de cometer violaciones sistemáticas a los derechos humanos que constituyen «crímenes de lesa humanidad».
«Como en el régimen nazi»
El coordinador del Consejo, Jan Michael-Simon, incluso comparó los delitos en los que ha incurrido la dictadura nicaragüense con las practicadas por Adolf Hitler en la Alemania nazi. «Usar el sistema de justicia contra los opositores políticos como se hace en Nicaragua es exactamente lo que hizo el régimen nazi».
En el documento se detallan entre las violaciones y abusos «ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, y privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país».
Michael-Simon afirmó que los mencionados delitos «se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos».
Una complicidad de larga data
El régimen sandinista retiró recientemente y de forma arbitraria la nacionalidad a 316 personas a las que ha acusado de traición a la patria. De estas, 222 eran presos políticos que fueron expulsados del país. Dicho informe indica que aún quedan en Nicaragua 38 personas privadas de libertad por razones políticas. El grupo de expertos también menciona la cancelación de las actividades de 3144 personalidades jurídicas de organizaciones sin fines de lucro nacionales e internacionales desde diciembre de 2018 hasta la fecha, a través de decretos de la Asamblea Nacional o por orden del Ejecutivo.
Frente a esta delicada denuncia contra la dictadura de Daniel Ortega, el gobierno de Lula da Silva, calificado por gran parte de la prensa como «progresista», prefirió abstenerse. Vale recordar que en 2021, Lula dijo: «¿Por qué Angela Merkel puede estar 16 años en el poder y Ortega no?».
Lula da Silva ha evitado en todo momento calificar como dictador a Daniel Ortega. Y es que no se puede olvidar que fue gracias a él que conoció a su líder y mentor, el fallecido dictador cubano Fidel Castro, con quien fundó el Foro de Sao Paulo.