La desconfianza que Luiz Inácio Lula da Silva le tiene a los militares en Brasil finalmente sale a flote. El motivo es que según el coordinador de los Grupos Técnicos (GTs) para la transición, Aloizio Mercadante, el próximo Ministro de Defensa “será un civil”. Esto marca una diferencia con lo que ha sido la presidencia de Jair Bolsonaro con generales dirigiendo esa cartera.
El actual mandatario conservador posee una carrera militar que lo llevó por distintas áreas del ejército luego de su lograr su licenciatura en 1977 dentro de la Academia Militar de Agulhas Negras. Eso lo ha llevado también a ganar respeto dentro de la institución. Pero con Lula da Silva las cosas podrían ser diferentes al carecer de dicha experiencia.
“Estoy a favor de un civil como ministro de Defensa. [Eso es] muy claro […] Pueden estar seguros que será un ministro de la sociedad civil, no será un militar”, mencionó Lula da Silva en julio pasado cuando estaba en campaña presidencial.
El nombre del nuevo ministro se sabrá el próximo 21 de noviembre, informó Mercadante. En paralelo y complementando la preferencia de Lula por un ministro que no sea militar, el sistema judicial de Brasil canaliza un pedido de impeachment contra Paulo Sérgio Nogueira, general y actual ministro de Defensa por el informe técnico que no excluye la existencia de «fraude» en las elecciones presidenciales. El general quedó bajo la lupa por esta posición de la institución castrense frente al resultado de los comicios. Un texto que no le gustó al Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente a su magistrado Alexandre de Moraes, señalado por ser afín a la izquierda en Brasil.
La relación de Lula con el ejército
Lula da Silva aprovecha cada oportunidad para ir contra las Fuerzas Armadas del país. Cuando esta difundió sus conclusiones sobre los aspectos técnicos de las votaciones, planteando cuestionamientos sobre máquinas electorales no auditadas, el dirigente de izquierda las calificó que de tener «un papel humillante» a pesar de decir que «es una institución seria».
Antes de que el izquierdista lanzara su candidatura, trascendió que había enviado a un emisario para conversar con jefes militares con el objetivo de saber si la cúpula castrense iba a aceptar el resultado de las elecciones si ganaba. Dos semana antes de eso, se conoció que tenía la intención de eliminar cargos ejecutivos dentro del Estado dirigidos por militares. De manera es poca la simpatía hacia el ejército de parte del líder del Partido de los Trabajadores (PT).
Los votantes brasileños saben de la relación de respeto entre las FF. AA. y el gobierno de Bolsonaro. Ese es uno de los motivos por el que una vez anunciados los resultados electorales, estos comenzaran a manifestar a la salida de cuarteles en todo el país. Los reclamos aún se mantienen más allá de que Lula continúe con su transición y el SFT ordene medidas cada vez más severas de censura y persecución.
Camioneros en las calles
Este viernes 18 de noviembre la Policía Federal de Carreteras (PRF) informó que camioneros protestaban en carreteras del país a pesar de que horas antes el juez Alexandre de Moraes había emitido una de sus órdenes más autoritarias hasta el momento: bloquear cuentas bancarias de participantes en las protestas.
El clamor de la población brasileña sigue siendo el de revisar los resultados del balotaje y pedir la destitución de los ministros del TSE. No obstante, en marcha todavía está el periodo de 10 días ordenado por de Moraes para recoger testimonios de las empresas y personas citadas por manifestar. Aunque parece que esa amenaza no amilana los reclamos.
Mientras todo eso ocurre en Brasil, Lula da Silva va configurando su equipo del próximo gobierno para que los militares no representen un problema en una cuestionada administración que ni siquiera ha comenzado.