CARACAS.- Yván Gil, Ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Nicolás Maduro, argumentó que la decisión de cerrar la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Caracas se debe a que presuntamente el organismo había desviado de su «mandato imparcial» para convertirse en un «bufete particular de grupos golpistas y terroristas».
En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Gil afirmó que la oficina estará clausurada hasta que se realicen «correcciones necesarias» para evitar la «politización» y la «injerencia».
«Es sorprendente que la oficina del Alto Comisionado no haya respondido a las denuncias del gobierno nacional sobre intentos de golpes de estado y magnicidios recientemente frustrados», denunció el Ministro, agregando que en cambio, la oficina «ha respaldado la campaña de sectores radicales» que atacan las instituciones.
Asimismo, Gil aseguró que el régimen es objeto de las «medidas coercitivas unilaterales» impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros actores internacionales.
«Hasta la fecha, mi país ha sido objeto de casi mil medidas coercitivas, unilaterales, ilegales y extorsivas», afirmó Gil, calificándolas como «disposiciones criminales» destinadas a provocar «un cambio de régimen» en Venezuela.
Cierre de la oficina de la ONU
La oficina técnica del Alto Comisionado de la ONU comenzó a operar en Venezuela en 2019, durante el mandato de la expresidenta chilena Michelle Bachelet como responsable del organismo.
El cierre de la oficina en Caracas, que implicó la salida del país de todo su personal, se dio en el marco de la campaña de detenciones en Venezuela, después de que Maduro afirmara que durante el año pasado desmantelaron cuatro supuestos intentos de magnicidio en su contra.
Coincidió además, con la detención de la activista venezolana de Derechos Humanos Rocío San Miguel, la ACNUDH expresó en su cuenta oficial en la red social X su profunda preocupación por la detención de Rocío San Miguel, señalando que su paradero era desconocido, lo que podría constituir una desaparición forzada, y exigió su liberación inmediata.
Las denuncias de violaciones a los derechos humanos en torno al caso de San Miguel generaron una ola de condenas tanto dentro como fuera de Venezuela.