CARACAS.- El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, no fue invitado a una cumbre de líderes del Hemisferio Occidental en junio. Pero en octubre viajó a Egipto para una conferencia donde bromeó con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y estrechó la mano de John Kerry, el enviado climático del gobierno de Estados Unidos.
Los encuentros, en los que el dictador Maduro sonreía amablemente desde su gran estatura, fueron cuidadosamente recogidos en video, compartidos en medios sociales y emitidos en la televisora estatal venezolana, en manos del régimen.
A poco de cumplirse una década desde que heredó el liderazgo del país a la muerte del dictador Hugo Chávez, Maduro trabaja para recuperar el reconocimiento internacional que perdió en 2018, cuando docenas de países describieron su reelección como una farsa. Aunado a la crisis migratoria que estalló debido a la asfixia económica y social que vive el país.
Esos esfuerzos también van dirigidos a reforzar su posición en casa. El mandatario llega a 2023 entre crecientes presiones de que se celebren elecciones presidenciales libres y justas al año siguiente.
Dos temas cruciales para la estrategia de la dictadura de Maduro son el principal activo de su país, el petróleo, y la guerra en Ucrania. El país sudamericano tiene las mayores reservas de petróleo conocidas del mundo, pero no ha suministrado al mercado occidental desde que Estados Unidos empezó a imponer duras sanciones económicas conforme la democracia y los derechos humanos se deterioraban tras la reelección fraudulenta de Maduro.
La comunidad internacional quiere “alguna clase de contribución a la seguridad energética global, y con el petróleo ruso fuera del mercado, el petróleo venezolano vuelve a ser atractivo”, señaló Ryan Berg, director del programa para América en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de estudios con sede en Washington.
Maduro trata de limpiar su imagen en un momento en el que muchas de las condiciones que le convirtieron en un paria internacional siguen igual.
Expertos independientes que trabajan con el principal organismo de derechos humanos de Naciones Unidas han documentado una campaña sistémica contra opositores del gobierno, periodistas y otras personas. Según el reporte publicado en septiembre, Maduro ordenó personalmente la detención de opositores, que sufrieron descargas eléctricas, asfixia y otros actos de crueldad durante su detención.
La crisis económica que comenzó durante los últimos meses de mandato del dictador Chávez no ha hecho más que empeorar durante el régimen de Maduro. Ha hecho que unos 7 millones de venezolanos huyan del país, dejado sin valor la moneda local y hundido a millones de personas en la pobreza.
Bajo el mandato de Maduro, que sucedió a Chávez en 2013, unos tres cuartos de los habitantes del país viven con menos de 1,90 dólares al día, el baremo internacional de pobreza extrema. Los apagones forman parte de la vida cotidiana y el agua corriente tiene fuertes restricciones.
“Él intenta dar una imagen de fuerza, pero la realidad es que ahora mismo está increíblemente necesitado de atención internacional”, señaló Geoff Ramsey, director de investigación sobre Venezuela en el grupo de estudios Office on Latin America, con sede en Washington. “Lo vimos en (Egipto), donde emboscaba a líderes mundiales y después mostraba esos encuentros de pasillo como si fueran visitas oficiales de estado”.
Maduro tiene serios problemas de efectivo y quiere acceso al sistema financiero internacional y al mercado estadounidense de petróleo, dijo Ramsey. Sin embargo, apuntó, es probable que la única forma de la que Maduro podría volver a conseguir dólares es negociando con la oposición.
Las conversaciones entre Maduro y la oposición, incluida la facción respaldada por el gobierno de Estados Unidos, estuvieron suspendidas más de un año después de que un aliado clave del mandatario fuera extraditado a Estados Unidos desde África.
Pero ambas partes alcanzaron a finales de noviembre un acuerdo significativo para financiar programas sociales urgentes.
El acuerdo derivará en un fondo gestionado por Naciones Unidas para financiar programas de salud, alimentos y educación en Venezuela.
El dinero saldrá de los activos venezolanos congelados en el extranjero, y no se espera que llegue directamente al régimen de Maduro. Pero eso no ha impedido a las autoridades promocionar el acuerdo como una recuperación de los fondos “secuestrados” por Estados Unidos.
Lo que aún está pendiente es acordar las condiciones de las elecciones presidenciales que se supone se celebrarían en 2024, la liberación de presos políticos y el final de las prohibiciones a que muchos políticos opositores se presenten a las elecciones.