CARACAS.- El espacio cívico en Venezuela continúa cerrándose. El régimen de Nicolás Maduro ha decidido reactivar la discusión y aprobación de la legislación que le permitirá contener a las voces disidentes o que contradicen la narrativa oficial que provienen de la sociedad civil.
Desde su llegada el poder en 2013 Maduro -y su entorno- se han centrado en un diseñar un espacio de medios de comunicación que solo reproducen la visión oficial de los problemas y sus causas, a la vez que ha acentuado la intervención de organizaciones políticas adversas potenciando la aparición de referentes políticos que se enfocan en adversar a la oposición tradicional, pero sin cuestionar la ausencia de alternancia en el poder.
El siguiente paso en esta estrategia es limitar el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, especialmente aquellas que tienen como prioridad la defensa de los derechos laborales y de los derechos políticos.
Especialistas consultados por DIARIO LAS AMÉRICAS sostienen que el proyecto de ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines pretende crear un régimen diferenciado discriminatorio entre “organizaciones sociales”, entendidas como las de carácter “popular comunitaria y comunal” promovidas por el gobierno venezolano, y a las que expresamente se favorecen y las “Organizaciones No Gubernamentales”, sobre las que recaen todo el peso de las obligaciones de registro, autorización, fiscalización y sanciones de la ley por “no depender del Estado”.
Qué se pretende
Alí Daniels, director de la organización Acceso a la Justicia, ha explicado que detrás de la ley para fiscalizar a las organizaciones no gubernamentales se pretende estatizar a las ONG al imponer “actividades, incluir nuevos objetivos y entromete al Estado al punto de que obligaría a que las organizaciones acepten como miembros a funcionarios del Estado”.
De ser aprobada en estos términos, se pudiese llegar al extremo de que el régimen venezolano decida incorporar en la directiva de alguna organización civil a integrantes de sus órganos de seguridad.
En este intento de controlar la actividad de las ONG no se debe obviar que su trabajo e informes sobre la situación de respeto a los derechos humanos en Venezuela es utilizada constantemente por los organismos internacionales para su valoración de lo que ocurre en el país.
La Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines fue aprobada en primera discusión en enero de 2023. No obstante, durante ese año el régimen de Maduro decidió no avanzar en su promulgación después de la presión internacional en contra de la legislación.
Sin embargo, la discusión de la ley se reactivó la semana pasada, ahora enfocada en las organizaciones que velan por el respeto de los derechos políticos y electorales de los venezolanos.
Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y principal propulsor de la ley sostiene que las ONG “comenzaron con fines sociales, humanitarios, pero hoy las que operan en nuestro país tienen que ver exclusivamente, casi todas, con el ámbito político, con el fin preciso de generar desestabilización en nuestro país (…)
Escudriñar fondos
Las ONG van a tener que decir de dónde viene la plática (el dinero). Van a tener que decir quién les está dando la plata y el que no lo diga será considerado como si estuviera lavando dinero».
Marta Valiñas, quien preside la Misión internacional independiente de Naciones Unidas para la determinación de los hechos sobre Venezuela sostuvo -al momento que Cabello anunció la discusión de la ley- que, de ser sancionada, “la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela»
La advertencia de Valiñas ocurrió en los meses previos a la divulgación del Monitor Civicus en donde se destaca que Venezuela se encuentra entre los 28 países que tienen un espacio cívico cerrado por el “impacto acumulativo de medidas represivas y ofensivas sistémicas contra los defensores de derechos humanos y las voces disidentes”, lo que ha provocado que la sociedad civil ejerza sus labores en un “estado precario de vulnerabilidad”.
Espacio cerrado
Civicus —una organización mundial que vela por las garantías para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil— sostiene en su informe que Venezuela fue clasificada como un país con el espacio cívico cerrado por las nuevas restricciones legales y propuestas normativas contra las organizaciones civiles, la migración forzada de activistas sociales ante las presiones gubernamentales, el aumento de los ataques a defensores de derechos humanos, el cierre de emisoras de radio y periódicos, y las decisiones de autocensura por temor a represalias por parte del gobierno.
Según el informe de Civicus, Venezuela pasó de tener un espacio cívico represivo —entre 2018 y 2022— a estar en la categoría cerrada por el aumento de riesgos, amenazas y el contexto de impunidad para la sociedad civil durante 2023. Esta última es la clasificación más baja de este monitor global de las libertades cívicas, que observa las condiciones en 198 países y territorios desde 2018.