MIAMI.- Una compañía con oficinas en Houston y otra empresa propiedad de dos ciudadanos estadounidenses parecen estar involucradas en las operaciones que realiza el régimen de NicolásMaduro para evadir las sanciones de Estados Unidos y transportar en secreto millones de dólares en productos petroleros al extranjero a bordo de un buque cisterna de fabricación iraní, de acuerdo con información obtenida por The Associated Press.
Las gestiones para evadir las sanciones giran en torno a una refinería inactiva y a una terminal petrolera adjunta en la isla caribeña de Curazao, que hasta 2019 fue un importante centro de transportación marítima para la compañía petrolera venezolana PDVSA.
El 28 de septiembre, el buque Colón, con bandera de Togo, descargó 600.000 barriles de combustóleo en la terminal de Bullenbaai, la cual es operada por la refinería «paraestatal» de Curazao en sociedad con una nueva compañía, Caribbean Petroleum Refinery, la cual es propiedad de dos personas con doble nacionalidad: venezolana y estadounidense.
La empresa paraestatal publicó un comunicado de prensa en el que calificó la llegada del Colón como un “momento histórico”, señalando que se trataba de la primera entrega para la terminal reactivada, la cual es capaz de almacenar hasta 7 millones de barriles de hidrocarburos.
A pesar de que el comunicado no mencionó el origen del combustóleo, el buque de fabricación iraní ha navegado exclusivamente entre puertos venezolanos durante el último año. Datos de rastreo de embarcaciones muestran que dos días antes de su llegada a Curazao, el Colón cargó en el puerto de Amuay, donde se encuentra la refinería más grande de Venezuela.
El embarque aparentemente sería una violación a la esencia — o incluso a la ley en una interpretación estricta — de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Venezuela desde 2019 con el objetivo de obligar al dictador Maduro a restaurar la democracia en el país.
Debido a que Occidente ha rechazado al régimen socialista de Maduro, PDVSA ha tenido que recurrir a transacciones cada vez más complejas para enviar petróleo producido en Venezuela, que cuenta con las mayores reservas del mundo, una industria que ha sido destruida por la corrupción del chavismo.
Pero hasta ahora, muchas de esas transacciones involucraban a oligarcas rusos que adquirían el petróleo a precios sumamente rebajados en criptomonedas, compañías fachada en lugares como Hong Kong y “buques fantasma” que apagan sus transpondedores para evitar ser detectados por las autoridades estadounidenses.
En contraste, Curazao, cuyas relaciones exteriores son manejadas por Holanda —un firme aliado estadounidense—, se ha apegado estrictamente a las sanciones de Estados Unidos e incluso una vez confiscó inventarios no vendidos de PDVSA después de que su arrendamiento con la refinería terminó en 2019, para pagarles a las empresas petroleras estadounidenses que fueron esquilmadas por Venezuela.
Las autoridades de Curazao podrían estar apostando a una aplicación laxa de las sanciones por parte de Washington, dijo Marshall Billingslea, un exalto funcionario del Departamento del Tesoro que ayudó redactar las sanciones actuales. Durante el gobierno del expresidente Donald Trump, Estados Unidos congeló activos de más de 140 allegados de Maduro y amenazó con tomar represalias incluso en contra de compañías que no fueran estadounidenses y que fueran sorprendidas comercializando crudo venezolano.
En cambio, el presidente Joe Biden no ha impuesto sanciones adicionales a Venezuela desde que asumió el cargo y ha prometido reducir las penalizaciones existentes si Maduro da pasos significativos rumbo a elecciones libres y justas.
“Están violando las sanciones porque saben que con este gobierno no hay consecuencias”, dijo Billingslea en referencia a la administración de Joe Biden.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que aplica las sanciones, no respondió de momento a un email enviado en busca de comentarios.
Las sanciones estipulan que los estadounidenses y las compañías de Estados Unidos tienen prohibido hacer negocios con PDVSA.