Las estaciones de gasolina en Venezuela cambiaron de dueño. El régimen de Nicolás Maduro revocó de forma unilateral las concesiones y adjudicó a otros empresarios aún desconocidos este negocio que incluye la adquisición exclusiva de surtidores de combustible de la empresa china Censtar Science & Technology.
Los establecimientos propiedad de Petróleos de Venezuela (PDVSA) ya lucen renovados con la tecnología asiática revela Tal Cual y en la zona metropolitana de Caracas ya siete estaciones exhiben una infraestructura readaptada, entre ellas, la de Parque Cristal, La Estancia, Río Lago, Río de Janeiro, El Cafetal, Tazón e Hipódromo pero en la capital ya suman 17 sucursales con nueva gerencia, en Carabobo 16, en Bolívar ya son 15 y en Sucre otras ocho, así como 25 ubicadas en las zonas de la frontera con Brasil y Colombia.
Pero la cantidad aumentará, considerando que en el país existen 1650 estaciones de servicio administradas por compañías privadas bajo un esquema de alquileres y permisos especiales del Estado, y unas 200 manejadas directamente por la estatal petrolera.
Inversión estratégica
El interés por manejar estos negocios es el lucro. De eso no hay duda y encaja en el Plan Nacional de Distribución de Combustible que a mediados del año pasado y en plena pandemia Maduro anunció con el correspondiente incremento en el precio de la gasolina a 5000 bolívares el litro en las llamadas bombas subsidiadas y a 0,50 dólares el litro en las bombas dolarizadas.
Aunque el incremento en el precio empeoró la escasez de gasolina y provocó largas colas para el abastecimiento, el portal Petroguía informa que la compañía china Censtar Science & Technology Corp, cuya sede principal está en la ciudad de Zhengzhou, capital de la provincia de Henan, gozará de “monopolio” para suministrar surtidores a gasolineras en Venezuela porque así lo establece el plan de inversión estipulado entre el régimen y los nuevos dueños de las concesiones.
Contrato con beneficios
El costo de los equipos que vende esta empresa son pagados por el particular a un precio promedio de 1500 dólares con la ventaja de que está exento de la tasa de 16 % de Impuesto al Valor Agregado y del pago de aranceles por importación.
Además de plataformas para el suministro de gasolina, la compañía con 23 años en el mercado “comprometida con soluciones completas de equipos con respecto al retail y manejo de productos petrolíferos” también maneja sistemas para la distribución de diesel, gas natural y otro tipo de combustible con costos que oscilan entre los 1000 hasta los 2500 dólares.
Así se enlista entre el casi el centenar de empresas chinas que han hecho vida económica en 21 regiones con el chavismo en el poder. Lo clave es que hasta ahora la inyección inédita de fondos de China no se traduce en proyectos eficaces. Al menos 25 % de las obras derivadas de dos fondos milmillonarios binacionales, pactados por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro con China entre 2008 y 2015, tienen estatus de “fase inicial” o “en ejecución” según la Fundación Andrés Bello mientras que el Instituto Kiel para la Economía Mundial advierte que la mitad del dinero prestado por China en los últimos años está “oculto”.
Lay ley y el desorden
Maduro negocia con libertad. Lo hace con la ley antibloqueo, creada por la ahora extinta Asamblea Constituyente que le permite establecer acuerdos con empresas privadas nacionales, al igual que las extranjeras o vender activos públicos al sector privado, sin la necesidad de dar información al respecto.
Sin embargo, esa misma normativa creada a su imagen y semejanza no establece la posibilidad otorgar a una sola empresa el monopolio para proveer de un producto al Estado.
Al hacerlo conduce a la empresa china proveedora de los nuevos dispensadores a la violación de la Ley Antimonopolio vigente desde noviembre de 2014 que prohíbe concentraciones económicas que produzcan o refuercen posiciones de dominio en todo o parte del mercado, o que generen efectos contrarios a la competencia efectiva añadiéndose asimismo como parte de esta prohibición las que causen efectos contrarios a «la democratización en la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios».
Nada de eso importa al régimen. Eso parece. La empresa VIA que ahora administra las gasolineras acata las directrices chavistas y comparte su imagen corporativa con PDV en las sucursales bajo su tutela.
Control socialista
El control en las remozadas estaciones es también visible. Las nuevas instalaciones son controladas por funcionarios de la Guardia Nacional revelando así que el contrato deja sin efecto la autonomía del dueño en el manejo de las operaciones.
A los uniformados militares se unen los de Guardia del Pueblo quienes vigilan y coordinan el funcionamiento de las estaciones de gasolina y a los integrantes de Chamba Juvenil.
Así hasta los armables didácticos que promueve PVDSA para ensamblar quedan sin vigencia. El escenario es contrario al de 2008 cuando tras la aprobación de la Ley Orgánica del Mercado Interno de Combustibles impulsada por el entonces presidente Hugo Chávez y el ministro de Petróleo Rafael Ramírez —ahora en el exilio— se eliminó la participación del sector privado en las estaciones de servicio y en su lugar se otorgaron las concesiones, que para aquella época sumaban 1.865 en todo el territorio nacional.
Con souvenirs incluidos
Además de los dispensadores chinos, las estaciones de gasolina ofrecen tiendas de conveniencia ubicadas a su interior en edificaciones modernas —similares a bodegones— dirigidas a un nicho de mercado que se ha creado en el país en los últimos años por el transporte de mercancía por empresas de courier y cuyos productos son vendidos al público también en moneda extranjera.
Estas tiendas que en otras épocas vendían lubricantes, aceites para carros, limpiavidrios y hasta agua para beber de la empresa nacional Minalba, ofrecen ahora productos de marcas norteamericanas y bebidas alcohólicas como cervezas importadas mientras un violinista y en ocasiones un DJ con su teclado electrónico amenizan la visita. Todo hecho en ¿socialismo?
Fuente: PanamPost